Revelar el secreto de la fuente va contra la ética periodística

secreto de fuente informativa

Rector de la UMSA

Luis Fernando Cantoral Benavides

 (AquíCom/08-06-014) El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín Sánchez, sostuvo que revelar el secreto de la fuente sin la autorización de quién da la información es una contravención a los principios de la ética periodística

“Ética y secreto de la fuente tienen una relación intrínseca, porque parte de esa ética periodística se refiere a un conjunto de imperativos morales al que debe estar sujeto cualquier comunicador, entonces entre esos códigos está también el resguardar el secreto de la fuente, y cualquier periodista que vulnere este principio está trasgrediendo la ética periodística, además de arriesgar la vida y la seguridad de quien le ha proporcionado esa información”, manifestó el Rector a la Agencia de Informaciones Aquí Comunicación.

Albarracín, también docente de la materia de Legislación y Ética en la carrera de Comunicación Social de la UMSA, recordó que el secreto de la fuente está garantizado en el artículo 8 de la Ley de Imprenta de 1925 que señala: “El secreto en materia de imprenta es inviolable”, así como en la Constitución Política del Estado, “constitucionaliza” la Ley de Imprenta de 1925.

Destacó que el secreto de la fuente es una “garantía de carácter absoluto” y que “ni siquiera un juez puede pedir levantarlo” para conocer la identidad de la persona que da la información, salvo “que la misma fuente autorice que se publique” de donde se obtuvo la información.

“Ningún gobierno, ninguna autoridad pública está avalada, tiene el derecho o la potestad de pretender que se vulnere este principio que al mismo tiempo es una garantía”, apuntó.

Dijo que el secreto de la fuente busca, primero, “proteger la actividad de la investigación periodística”, y, segundo, proteger a la persona que “valientemente ha proporcionado una determinada información para que el periodista desarrolle su trabajo”.

“Es para evitar acciones represivas en contra de las personas que han proporcionado la información, pero al mismo tiempo de garantizar que esa investigación periodística no sea coartada, no sea objeto de una censura, no genere consecuencias que tiendan a afectar la seguridad, la vida, la libertad de expresión e información que son garantizados por la misma Constitución”, señaló.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasando por el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta la Constitución Política del Estado, aseveró, “existen normas tanto nacionales e internacionales de alta jerarquía que garantizan la libertad de información”, y en es sentido “cualquier Estado y autoridad pública tiene la obligación de abstenerse de incurrir en actos represivos que tienden a lograr que se vulnere esta importante institución que es el secreto de la fuente”.

Caso La Razón

El también expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y ex Defensor del Pueblo, sobre el juicio que se sigue a dos periodistas del matutino La Razón, señaló que más que un desconocimiento de la norma en el Procurador Héctor Arce, que presentó la denuncia, identifica un acto de “vulneración a la norma”; en el caso del juez de la causa agregó que “hay una actitud servil a la instancia del poder político”.

“Prefiere quedar bien con el poder político y romper la norma”, en ese sentido señaló que “esa autoridad judicial incluso en cualquier momento puede ser accionada penalmente por el delito de prevaricato”.

Apuntó que las autoridades deberían subsanar esa  irregularidad y “desistir de esa acción legal” porque “atenta al estado de  derecho y a las garantías constitucionales”.

La nota del periodista Ricardo Aguilar, publicado en el suplemento Animal Político de La Razón, “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ‘actos unilaterales’” causó mucha susceptibilidad en el gobierno nacional. Por ese motivo, Aguilar y la directora del medio, Claudia Benavente fueron procesados por espionaje y entregar secretos de Estado y el juez encargado de la causa los conminó a revelar quién o quienes les brindaron información para elaborar la nota.

Albarracín dijo que luego de leer el texto no evidenció ningún indicio que devele alcances con los delitos que se les imputa.

“La noticia que publicó La Razón no transgrede ninguna norma, no trasgrede el Código Penal, no arriesga la seguridad del Estado, no incurre en ningún acto que sea motivo de una acción penal de quienes publicaron esa noticia; es más bien una extrema susceptibilidad de parte del gobierno que quiere hacer prevalecer su poder político antes que la ley”, apuntó.