La Policía, ¿quinto poder del Estado?

Vamos a andar

- 08/08/2013

Rafael Puente

A estas alturas empieza a ser necesaria una explicación sobre el poder que parece ostentar la Policía Nacional. Ya era bastante grande nuestro desconcierto con el caso Chaparina, donde según informes oficiales la Policía “rompe la cadena de mando” y reprime brutalmente la Octava Marcha Indígena, sin que al cabo de casi dos años nadie haya intentado averiguar quiénes fueron los mandos responsables de tamaña ruptura, ni menos todavía castigar a los culpables (peor aún, nadie se inmuta ante la reciente revelación de que la Policía había incrustado agentes disfrazadas de indígenas para que agredieran al Canciller Choquehuanca con el fin de provocar/justificar dicha represión).

Y ahora, antes de obtener una explicación de ese desmedido poder policial, nos encontramos con otro caso que, aunque parezca demasiado local, tiene la misma importancia nacional/estatal que el anterior. Sucede que en el municipio cochabambino de Tiquipaya la semana pasada se produjo un fuerte paro cívico en protesta contra una empresa privada (Toyosa-CONSARQ) que había intervenido con personal y maquinaria una tierra (ubicada en la comunidad campesina de Collpapampa-La Floresta) de la que hasta ese momento no había presentado ningún título de propiedad, había cortado el camino lateral (de uso público), había expulsado de ella a vendedoras dominicales, había excavado cimientos para construir un cerco perimetral, y todo con el apoyo de más de un centenar de policías de la UTOP.

¿Cómo se explica? El alcalde constitucional de Tiquipaya, quien tiene toda la facultad para autorizar o desautorizar cualquier construcción, ordenó la clausura de la obra perimetral y la paralización de cualquier tipo de obra, y comunicó tal decisión a la empresa y a los efectivos de la UTOP, pero la empresa siguió adelante y plantó un cerco de malla olímpica, siempre con el apoyo de la Policía.

Cierto que CONSARQ había pedido en su momento el “desapoderamiento” de esas tierras, pero justo entonces quedó claro que seis hectáreas de las mismas (que en total suman 47) tenían otros dos dueños. Además, cerca de cuatro hectáreas (de esas seis) contaban con una certificación de Derechos Reales que las declaraba propiedad fiscal (es ahí que las comunidades de Tiquipaya empiezan a darles uso, en forma de feria dominical y de cancha de fútbol). Extrañamente el antiguo Tribunal Agrario anuló de repente dicha certificación, pero sin que a continuación Derechos Reales especifique de quién pasaban entonces a ser propiedad, y en todo caso (según certificación del INRA) en ningún momento habían sido propiedad de la empresa que ahora las está cercando; pese a lo cual la Policía Nacional toma partido por la empresa, en contra de la comunidad, de la Alcaldía y del INRA'

Pese a que el INRA ha informado oficialmente que todo el terreno es de uso agrícola (y originalmente de una dotación de Reforma Agraria) se sabe que la empresa CONSARQ -¿será la misma que está urbanizando el llamado Arco de Obrajes en La Paz?- tiene previsto urbanizarla íntegramente, por supuesto, sin entregar el 50% a la Alcaldía “por cambio de uso de suelo”, tal como está reglamentado y como el alcalde de Tiquipaya viene informando.

A pesar de todo, la Policía Nacional no se mueve del terreno, sin que nadie sepa quién le ha dado una orden en ese sentido.

¿Será que alguien nos pueda explicar desde cuándo la Policía está por encima de todos los demás poderes del Estado, hasta el extremo de que nadie la pone en su lugar cuando comete excesos, ya sean represivos, de desacato a la autoridad y la ley? Por favor, que estamos en un estado de derecho'

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano para el Cambio (CUECA) de Cochabamba.