Y ahora ¿qué nos espera?

Jenny Ybarnegaray Ortiz (*)

La Paz, 28 de septiembre de 2011

Para el Semanario “La Época”

Nosotras, las mujeres, tenemos el “privilegio” o quizás la valentía de expresar nuestros sentimientos sin disimulos. Grandes son las angustias y las penas que en estos momentos nos invaden a quienes apostamos por este proceso de una u otra manera. ¡Cómo no condenar desde el fondo del corazón y con absoluta claridad semejante agresión policial a la VIII Marcha Indígena!, ¡esto no debía pasar jamás! No en este gobierno, no en medio de este proceso abierto con tanta ilusión precisamente por esa gente que resultó agredida, lastimada, maltratada, aquella que en 1990 señaló con tanta lucidez el camino del proceso constituyente y que contribuyó con esfuerzo y sacrificio a llevar a este gobierno al lugar donde está.

Afortunadamente no se han confirmado los fallecimientos que se informaron, este hecho no debiera ser utilizado por el gobierno para exculparse, para desafiar a los medios con actitud tan indolente —como la que mostró el Presidente durante todo el curso del conflicto— y que remató la noche de la posesión de los nuevos (viejos) ministros de Defensa y Gobierno, preguntando “¿dónde está los cadáveres?” (o algo por el estilo). Como se lo dijo la ex-ministra de Defensa, Cecilia Chacón, en su carta de renuncia: “así no, Presidente”, no se trata de esa manera a nadie, menos a los aliados, menos a las mujeres, mucho menos a las wawas.

Los acontecimientos del fin de semana pasado y las reacciones del gobierno ante los hechos, plantean un quiebre categórico. Revisemos brevemente los hechos desde sus antecedentes:

1. El gobierno lanza un proyecto vial sin cumplir con las normas establecidas en la CPE en materia de derechos indígenas y porfía en su propósito argumentando, de manera soberbia y prepotente, que lo llevará a cabo "quieran o no quieran" en nombre del "desarrollo". Esta acción desmiente el discurso del respeto a los pueblos indígenas y genera una escalada de conflicto.

2. Los indígenas del TIPNIS, en compañía de la CIDOB emprenden una marcha hacia La Paz, convocando a SU PRESIDENTE a dialogar, pero él prefiere "atender otros asuntos" (algunos demasiado intrascendentes, por cierto) y manda a sus ministros a negociar con la consigna "la carretera no se discute". En consecuencia, los ministros no están autorizados a negociar, sólo a convencerles de que la carretera es imprescindible. Dicen que fueron ocho comisiones a dialogar y que los y las marchistas dijeron NO, que los tercos son ellos, que detrás de esa negativa está "la derecha" y las ONG para desestabilizar el gobierno.

3. Suman las descalificaciones a la dirigencia de la marcha, ofenden su inteligencia, su capacidad de raciocinio, les acusan de todo y de nada, presentan "pruebas" absurdas para sustentar sus acusaciones. El gobierno ni siquiera percibe que con cada acto está perdiendo terreno, que mientras ellos continúan denigrando a los marchistas, la empatía social con la marcha viene creciendo.

4. A eso se suma el hipócrita y oportunista "apoyo" de cuanto opositor hubo y habrá al proceso, indignante observar a esas "damas cívicas" que con rezos y rosarios enviaban a sus hijos a combatir la Asamblea Constituyente, recogiendo vituallas y haciendo campaña a favor de la marcha; indignante escuchar a quienes siempre despreciaron a los pueblos indígenas defenderles en nombre de esa Constitución Política del Estado que descreen; indignante ver a "la oposición" rasgarse las vestiduras en nombre de derechos humanos que nunca les importó, salvo para defender los suyos propios. Pero ¿quién les dio la oportunidad?: ni más ni menos que el propio gobierno.

5. Los colonizadores de Yucumo ponen una barricada infranqueable a la marcha, la sitian argumentando que para pasar debían de sacar 5 de los 16 puntos del pliego... Y ahí aparece el canciller de "mediador", ¡vaya! Resulta que el conflicto ya no era entre marchistas y gobierno sino entre indígenas y colonizadores, cuando los colonizadores no hicieron otra cosa que obedecer la consigna gubernamental de no permitir que la marcha llegase a La Paz. ¿Cómo no iba a reaccionar la gente de la marcha, como lo hizo el sábado pasado, "obligando" o no al Canciller a caminar con la marcha para romper la barricada policial? Ante semejante impostura, era impensable una reacción distinta. Pero el gobierno arma el escenario de la "violencia" de los marchistas contra las autoridades del gobierno. Yo no estuve ahí, pero entiendo perfectamente por qué lo hicieron. Y otra vez, la culpa la tiene "el empedrado", son esos "resentidos" ex-funcionarios gubernamentales quienes fueron a "radicalizar" la marcha, porque desde la mirada del gobierno, ¿esta gente no es gente, no piensa, no razona, no tienen una visión propia sobre lo que esa carretera significa para su futuro?

6. Viene la brutal represión a la marcha, con las consecuencias que ya conocemos. Ante la indignación de la ciudadanía que condena el atropello ¿qué hace el gobierno?: "ordenar una investigación"¿Quién va a investigar qué? Lo mínimo que esperaba el lunes pasado era una renuncia total del gabinete, unos/unas  por haber manejado el conflicto con absoluta incapacidad, otros/otras por no ser cómplices de algo que no se podía pensar que ocurriría en este gobierno.

7. Pero no, ahí sale Evo en conferencia de prensa para anunciar que el proyecto quedaba suspendido hasta cuando se dialogue con "todos los afectados", es decir con los departamentos de Cochabamba y Beni, cuando la demanda es simple y clara: "NO POR EL TIPNIS". Los "afectados" no son los departamentos de Beni y Cochabamba, son los y las indígenas del TIPNIS, quienes debieran ser consultados sobre si la carretera pasa o no pasa por SU TERRITORIO y punto.

8. Y para concluir (hoy miércoles 28 de septiembre) el presidente despide con agradecimientos a su Ministro de Gobierno, aquél que no mostró un ápice de sensibilidad frente a semejante vejación y que se limitó a excusarse echando la culpa al viceministro quien a su vez renuncia afirmando que él no dio la orden de la represión.

Según información del periódico La Razón fue la Ministra de Justicia, Nilda Copa, quien “ordenó” la intervención policial ¿pudo hacerlo sin que mediara en ello una decisión de “alto nivel”? Y si lo hizo por cuenta y riesgo propio —sobre lo que me permito colocar una enorme interrogante— ¿por qué no renunció a su cargo después de que el Presidente dijo que ese fue un acto “imperdonable”? Dudas y más dudas son las que se suman antes que aclaraciones. El gobierno debería asumir con absoluta responsabilidad los hechos sucedidos y dejar de “echar la culpa al empedrado”, dejar de buscar “chivos expiatorios”

Y ahora ¿qué nos espera? El gobierno se encierra en sus cuatro paredes, no escucha a nadie que no le adule, ha quedado al descubierto que está dispuesto incluso a reprimir a sus aliados si éstos no condicen con sus planes y con ello ha abierto un inmenso boquete en el “proceso de cambios”. Pero, cuando veo al vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz sumarse a la huelga de hambre de los indígenas y a doña Justa Cabrera (admirable mujer) dejarse proteger bajo el ala de Percy Fernández, paro las antenas.

Ojalá que nuestras compañeras y nuestros compañeros indígenas no se dejen seducir por los “cantos de sirena” de quienes siempre les vejaron y menospreciaron, que tengan la fortaleza de volver a articularse en un pacto social popular para seguir caminando hacia un destino promisorio. Más allá del gobierno y a pesar del gobierno debemos continuar construyendo este proceso hacia los propósitos de la descolonización, de la eliminación de toda forma de discriminación entre bolivianas y bolivianos, de la redistribución justa de los recursos, de la definitiva liberación nacional de cualquier tipo de intromisión externa, venga de donde venga, porque este proceso nos pertenece con absoluta legitimidad. Si el gobierno no lo hace, será el pueblo boliviano quien reconduzca este proceso hacia los altos propósitos enunciados.

(*) Psicóloga social, feminista y activista por los derechos de las mujeres.