Rousseff: juicio político es una elección indirecta

Autor: Redacción Internacional | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

29 de abril de 2016 19:04:26

Durante un encuentro con los profesionales de la salud del programa social Más Médicos, la mandataria aseguró que lo que ha hecho su gobierno es garantizar los programas sociales. Foto:Planalto

BRASILIA.-La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, denunció este viernes que el juicio político en su contra no es más que una elección indirecta que busca destruir los logros sociales alcanzados en conjunto con el pueblo brasileño.

Durante un encuentro con los profesionales de la salud del programa social Más Médicos, la mandataria aseguró que quienes impulsan el procedimiento en su contra, buscan llegar al poder dejando de lado el voto de 54 millones de ciudadanos.

La jefa de Estado calificó de ridícula la acusación en su contra y afirmó que ella trabajó en favor de la mayoría de los brasileños.

“Lo que nosotros hicimos fue garantizar los programas sociales, hay efectivamente un proceso en contra que es un golpe”, puntualizó.

Rousseff desestimó la acusación de la derecha sobre el desvío de fondos públicos y aseguró que durante su Gobierno se ha entregado el dinero a los programas sociales para atender las necesidades del pueblo.

Asimismo, reiteró que su lucha es para garantizar las conquistas históricas de la pobla­ción brasileña y que la democracia tenga un carácter sustantivo.

“Tengo certeza de que la democracia estará siempre del lado correcto de la historia”, finalizó su alocución.

En paralelo a la actividad en la que participó la mandataria, la defensa de Dilma Rousseff presentó sus alegatos ante la comisión especial del Senado Federal brasileño que continúa su sesión de trabajo a fin de aprobar o no el juicio político.

La comisión escuchó al abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, y los ministros de Hacienda, Nelson Barbosa, y Agricultura, Katia Abreu, quienes insistieron en la tesis de que no existe base legal para procesar a Rousseff.

Barbosa y Abreu presentaron argumentos de carácter técnico, en tanto que Cardozo asumió la parte más política de la defensa y reiteró que es un golpe lo que está en marcha.

Cardozo insistió en la nulidad de un proceso que consideró “viciado” desde su propio origen.

El abogado general del Estado dijo que la “nulidad de origen” está en el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva la potestad de iniciar el proceso contra un mandatario, actuó por “venganza” al aceptar las denuncias.

Cunha, adversario de la mandataria y acusado de corrupción, dio curso al trámite cuando el Partido de los Trabajadores (PT) apoyó la apertura de un juicio en su contra, sostuvo Cardozo, quien atribuyó a eso la conducta del jefe de los diputados.

“Es un claro desvío de poder que anula el proceso desde su propio inicio” y lo convierte en un “golpe”, aseguró Cardozo, pese a que el trámite para un posible juicio político está en su fase final.

Uno de los argumentos que, a su juicio, pueden llegar a “anular” el proceso es que el instructor de la comisión del Senado, Antonio Anastasia, pertenece al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al igual que uno de los firmantes de la denuncia.

“El PSDB presenta la denuncia y el PSDB actúa como instructor en el mismo proceso, lo que hiere las garantías de la debida defensa y debería llevar a una inmediata suspensión”, manifestó.

La acusación se apoya en unas maniobras contables que modificaron presupuestos vía decretos y permitieron acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe y sin que eso fuera reflejado en los balances del Gobierno.

Cardozo insistió en que eso, a lo sumo, puede suponer una “falta administrativa”, insuficiente para una destitución, y por enésima vez enfatizó que “un impeachment sin un delito, es un golpe”.

La comisión del Senado que analiza el caso elaborará un informe, que será votado el próximo 6 de mayo.

Si el informe recomienda la apertura del juicio político y es aprobado por más de la mitad de los 21 miembros de la comisión, la palabra pasará al pleno del Senado, que alrededor del 10 de mayo se pronunciará sobre el asunto.

En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio y su lugar sería ocupado en forma interina por el vicepresidente Michel Temer.

Si Rousseff finalmente fuera destituida, Temer completará el mandato que vence el 1 de enero del 2019.

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