Cronología luctuosa: masacre de Amayapampa*

masacre

“Al principio, las fuerzas militares tenían órdenes de no disparar y utilizar municiones de fogueo, pero cuando fueron atacadas por elementos armados tuvieron que utilizar munición de guerra”.

“El Ejército no acudió al norte de Potosí a disparar, y si lo hizo fue para defenderse, prueba de ello es que los militares sufrimos más bajas que los campesinos y mineros”./

Año 1994

27 de julio:

“Cuando se efectúe el despido (de los asalariados) Yamín Ltda. (léase Da Capo porque tomaba el nombre de la primera) pagará los beneficios sociales conforme a ley hasta un monto máximo de trescientos mil dólares ($us.300.000). Cualquier monto que exceda dicha suma será cubierto por los vendedores” (Págs. 29 y 34 de la escritura, documento legalizado por la Cancillería boliviana el 8-VIII-94).

Año 1996

15 de marzo:

La mina aurífera de Amayapampa (Compañía Explotadora de Minas, Cem S.A.) de propiedad de Raúl Garafulic Gutiérrez, y la de Capasirca de la familia Boris Yaksic Ostoci (Yamín SRL), el 15-III-96, son vendidas a la empresa canadiense Da Capo Resources Ltda. Esta compañía adquiere el 80 por ciento y el geólogo australiano David Anthony O’Connor el 20 por ciento.

Amayapampa es vendida por 8 millones de dólares y Capasirca por 2 millones de la misma moneda. Sin embargo, en la escritura pública figuran como precios: 400 mil y 100 mil dólares, respectivamente.

Los sindicatos de estos dos centros auríferos (80 de Amayapampa y 120 de Capasirca, los regulares, y en cada una de éstas 150 eventuales) denuncian aquel precio ficticio que sirvió para eludir el pago de impuestos de transferencia.

Teddy Cuentas, secretario de Minería, responde que en la industria minera, debido a los riesgos inherentes a esta actividad, los precios de compraventa de parajes para la explotación de minerales son bajos, que no existe la figura del fraude y que tampoco se puede exigir revocatoria de una venta por lesión.

“Yamín ha presentado todos los estados financieros y ha cumplido todas sus obligaciones impositivas dentro del plazo señalado por las leyes bolivianas”, se anota en la escritura de compraventa, Págs. 8 y 11.

Los trabajadores piden que se les pague sus beneficios sociales, con los cuales quieren devolver los 500 mil dólares a la canadiense Da Capo y constituir una empresa autogestionaria.

13 de mayo:

Se firma el primer convenio entre Da Capo y sus trabajadores, el que es homologado por el Ministerio de Trabajo el 20-V-96, según Resolución Nº 012/96.

Esta Resolución, además, toma conocimiento de la transferencia de pertenencias mineras a Da Capo. Esta a su vez se compromete a:

—“Garantizar la estabilidad laboral para todos los trabajadores sin excepción alguna.”

—Garantizar el pago de beneficios sociales, así como la antigüedad de los trabajadores.

—Mejorar la tecnología y las condiciones laborales

—Aportar para la seguridad social y otros beneficios

—Dotar de pulpería, materiales de trabajo, herramientas e implementos de seguridad industrial.

Los trabajadores se obligan a:

—“Ayudar a la Empresa en la facción de un reglamento interno”

—“Coadyuvar a los nuevos propietarios en su trabajo de reestructuración formando su equipo para el mejor funcionamiento de la Empresa (Convenio, cláusula tercera)".

29 de julio:

El sindicato de Capasirca, ante el incumplimiento del primer convenio y para conseguir la atención de nuevas demandas, presenta un pliego de peticiones a Da Capo, en el que contempla:

—Ajuste salarial en un 50 por ciento e indexación al precio del dólar (con mantenimiento de valor)

—Precios subvencionados para cuatro artículos de primera necesidad

—Racionalización del personal técnico

—Cumplimiento del primer convenio.

Entonces la Da Capo se había fusionado con la compañía norteamericana Vista Gold Corporation (VGC).

5 de septiembre:

Los trabajadores de Amayapampa firman, con los empresarios que operan allí, un segundo convenio que contempla:

—La Empresa garantiza la estabilidad laboral y los beneficios sociales

—Reajuste de bonos de antigüedad y de los salarios de los perforistas que trabajan en una mina de oro filoniano

—La Empresa se compromete a construir servicios sanitarios en los campamentos

—Mejoramiento de la educación y la salud

—Construcción de un complejo deportivo

—Mejorar la energía eléctrica en Amayapampa

—Depósitos para almacenar la basura

—Refacción del camino carretero a la mina y a la localidad de Amayapampa

—Instalación de una antena parabólica de televisión

—Refacción de la sede sindical de los trabajadores de Amayapampa.

Este convenio es incumplido por la Empresa. Esta deja de pagar las regalías a Potosí y, en particular, al norte de este departamento.

14 de noviembre:

“Ante el incumplimiento (de los compromisos por la Empresa) las tensiones aumentaron, hasta que el 14 de noviembre al amanecer, tropas policiales fueron enviadas desde la ciudad de Oruro por orden de la prefecta Mirtha Quevedo, habiendo tomado el campamento de Chuquiuta, pero no pudieron tomar Capasirca ya que los trabajadores mineros reaccionaron desarmando a los 150 policías, incautando 150 fusiles FAL del Ejército” (J. Gonzalo Trigoso A. “Masacre de Navidad", informe para laCentral Obrera Boliviana, mimeo, La Paz, 10-I-97)

3 de diciembre:

Da Capo “desiste” de juicios interpuestos en contra de dirigentes sindicales.

Sin embargo, entre esta fecha y el 16 del mismo mes, la Empresa amenaza con nuevos juicios a los trabajadores y dirigentes sindicales debido a que éstos exigen el cumplimiento de los convenios.

A los campesinos les obliga a dejar sus cultivos ubicados en las concesiones mineras, así como a retirar a los animales que pastan allí. Todo con ayuda de 150 efectivos de la Policía llevados al lugar desde La Paz.

17 de diciembre:

“Estábamos en la oficina de la empresa cuando un grupo de dirigentes (sindicales) llegó con la conminatoria. Sin mayores preguntas, hicieron conocer un voto resolutivo por el cual se oponían a la permanencia de la empresa y exigían que los técnicos y los 25 policías que custodiaban las instalaciones abandonen el lugar”, según un técnico de la Vista Gold Corporation/Da Capo. (La Razón, 19-I-97).

Jueves 19 de diciembre:

Un cabildo abierto de trabajadores y campesinos, con autoridades de la región, realizado en Amayapampa, resuelve:

—Rechazar el ingreso de inversionistas extranjeros

—Defender los recursos naturales y las fuentes de trabajo

—Repudio al nuevo proyecto de Código de Minería favorable a las grandes empresas mineras

—Constituir una comisión de vigilancia para preservar los bienes de la Empresa hasta la solución del conflicto

—Rechazar el amedrentamiento de empresarios y policías

—Desechar el convenio del 5-IX-96 porque fue incumplido por los empresarios

—Exigir el repliegue de las fuerzas policiales

—Ratificar el pacto minero-campesino y lucha unitaria en favor del norte de Potosí.

En esta fecha se militariza la zona del conflicto:

—Ingresan 1.000 efectivos de las unidades de élite policial: Grupo Especial de Seguridad (GES), la Unidad Polivalente Antimotines, fracciones de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural o policía antinarcóticos (UMOPAR). A ellos se sumaron 2.000 efectivos militares de cuatro unidades del Ejército: Illimani de Uncía, Ranger de Challapata, Braun de Oruro y Pérez de Potosí; comandados por el Gral. de Div. David Saavedra, jefe del Estado Mayor del Ejército. En suma, 3.000 efectivos entre policías y militares.

—“Cuatro muertos y 19 heridos era el saldo parcial, esta noche, de la violenta retoma que fuerzas combinadas del Ejército y la Policía hicieron de la mina aurífera Amayapampa, comprada por empresas de Canadá y Estados Unidos a poderosos empresarios bolivianos”, informa desde Siglo XX, norte de Potosí, la agencia de noticias ERBOL.

—“Hemos evaluado y ésta es una situación de agitación política, y es que hay elementos trotskistas incrustados en el movimiento. Porque los planteamientos exceden los márgenes aceptables de solución”, asegura Marcos Tufiño, secretario de Régimen Interior y Policía.

—“(Se garantiza la vida) de los pobladores que están actuando legalmente, pero no de aquellas personas que raptan a personas, como han hecho en Amayapampa apartando a ingenieros, o apaleando a los efectivos de la Policía”, afirma Yerko Kukoc, prefecto de Potosí.

—“Quiero comunicarles que un informe de la Cruz Roja, que se constituyó en el lugar de los hechos, da cuenta verdaderamente de tres muertos, aunque no se sabe si tienen familiares”, afirma Mauricio Balcázar, ministro de Comunicación Social.

—La COB instruye la movilización de los trabajadores de todos los distritos mineros del país hacia Amayapampa.

Viernes 20 de diciembre:

— Un ampliado de la COB, que discute el pliego de peticiones al gobierno, declara emergencia y duelo nacional. La FSTMB decreta paro de 24 horas.

—Diputados viajan a la zona del conflicto.

—El gobierno anuncia la muerte del Cnl. Eduardo Rivas, comandante del GES, por un disparo en el rostro, hecho por presuntos francotiradores.

—“Un clima de guerra se vive en las inmediaciones de la mina Amayapampa, en la que campesinos y mineros se enfrentan sin cesar a contingentes de la Policía y el Ejército”.

—Los cooperativistas mineros y la población civil relatan que grupos de trabajadores irán a respaldar a los asalariados y comunarios del lugar del conflicto.

—El vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas insta al diálogo para sustituir a la presión civil y a la represión policial.

—La COB ratifica la huelga general indefinida, el bloqueo de caminos en todo el país y la "toma" de los puestos de trabajo en las minas.

—Tropas militares llegan a las puertas de Llallagua. Allí son resistidas por la población y mueren dos civiles: Wilmar Gonzales y José Espinoza.

—Gonzalo Sánchez de Lozada dice que tiene la esperanza de que no haya más muertos.

—“Radio Pío XII denuncia que los periodistas locales enviados de diversos medios de comunicación social de La Paz sufren severas restricciones para el desarrollo de su labor informativa”.

—El secretario ejecutivo de la COB, Edgar Ramírez, afirma: “Hacemos un llamado a la población para que exprese su solidaridad con los mineros que, como en los peores tiempos de las dictaduras, están siendo masacrados. Hacemos un llamado para que las fuerzas del orden se retiren y (se pueda) entablar conversaciones, caso contrario esto será un baño de sangre”.

—Mauricio Balcázar, ministro de Comunicación, señala: “Seamos realistas, ésta ha sido la única forma en que se tiene que lograr una pacificación dentro de la región”.

—Cocaleros del Chapare se declaran en emergencia e informan estar dispuestos a movilizarse hacia el norte de Potosí.

—Reina una tensa calma en Llallagua, luego de casi cinco horas de enfrentamientos, según medios de prensa paceños.

—La Iglesia Católica se pronuncia: “En nombre de Jesucristo, cuyo evangelio conocemos y aceptamos, imploramos y urgimos: dejen las armas y la violencia”.

“Una vez más, la población de las minas es víctima de la violencia y lleva las consecuencias del incumplimiento de obligaciones con las zonas pobres y marginadas del país”.

Sábado 21 de diciembre:

— “Fuerzas de la Policía antimotines interceptan a comunarios y mineros, hombres y mujeres, en el sector de Chayanta y Pucro, cuando avanzaban hacia Amayapampa. El choque dura hasta las 15 horas aproximadamente. La señora Ercilia López es muerta y se convierte en la novena víctima, aunque se informa de un décimo muerto, no identificado aún”.

—Reunión de diputados, ministros y jefes policiales y militares en el cuartel del Regimiento Illimani de Uncía.

—“Esto es una masacre, hay que pararla”, declara el diputado Juan del Granado en la zona del conflicto.

—Un cabildo abierto de Llallagua y la provincia Bustillo “protesta por el ataque de las Fuerzas Armadas y la Policía”.

—“La tranquilidad reina al concluir el tercer día de enfrentamientos, pero no hay diálogo entre los bandos, que se mantienen en estado de apronte, atrincherados en sus posiciones”.

Domingo 22 de diciembre

—El ministro de Comunicación identifica como responsables del conflicto a los hermanos Mancilla (de Capasirca), a los que culpó de haber constituido una “sociedad anónima de la muerte”.

—“Es un problema de regalías, de fuentes de trabajo, pese a que se trata de lugares en los que se han explotado grandes cantidades de riqueza nacional y que no han merecido ningún beneficio para la población”, informa el diputado del Granado.

—Es enterrado, en La Paz, el dirigente minero Galo Luna Salinas, muerto el 19 de diciembre en las serranías de Amayapampa.

—Monseñor Julio Terrazas, arzobispo de Santa Cruz, afirma: “...mientras en Bolivia nos inundan de cosas para comprar, se mata a nuestros hermanos mineros, se los atropella, no se los escucha, se les responde con pólvora...”

—Se firma un acta de pacificación en Uncía entre gobernantes y dirigentes sindicales.

Año 1997

20 de enero

—“Probablemente el norte de Potosí sea la zona más difícil del país, luego de que en el Chapare cesó la violencia”,   “...existen personas que aprovechan de estos conflictos (los de Amayapampa) para iniciar conspiraciones y desatar las convulsiones sociales, lo que no se permitirá”, señala el ministro de Comunicación Social, Mauricio Balcázar.

23 de enero:

— El Gral. Hernán Aguilera Bianchi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dice que el Presidente de la República ordenó la intervención militar en las minas de Amayapampa, Capasirca y Llallagua.

“Al principio, las fuerzas militares tenían órdenes de no disparar y utilizar municiones de fogueo, pero cuando fueron atacadas por elementos armados tuvieron que utilizar munición de guerra”.

“El Ejército no acudió al norte de Potosí a disparar, y si lo hizo fue para defenderse, prueba de ello es que los militares sufrimos más bajas que los campesinos y mineros”.

25 de enero

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas afirma que los periodistas le interpretaron mal, que no dijo que el Presidente de la República dio la orden para que efectivos militares intervengan en la Masacre de Navidad. “...una fracción mínima para la acción disuasiva y de apoyo a la Policía” estuvo en Amayapampa.

*La cronología que reproducimos es parte del reportaje: Matanza del nuevo poder minero, cuyo autor es Remberto Cárdenas Morales, el que en aquella pieza periodística afirma que esa masacre fue terrorismo de Estado (Dic. 1996), ordenada por el entonces presidente de Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada.