Asesinados por funcionarios del Estado nunca callarán

Ejecuciones extrajudiciales son delitos de lesa humanidad

Redacción de Aquí

El viernes 21 de marzo de 1980 Luis Espinal no llegó a su hogar; ahí empezó su calvario y la preocupación de muchos de sus allegados. Esa noche, el sacerdote jesuita, después de salir del semanario Aquí, del que era director, fue al cine 6 de Agosto a ver la película Los desalmados: tal vez fue una premonición.

Ese tiempo se vivía un ambiente de inestabilidad: atentados, bombas y amedrentamiento contra los opositores a las dictaduras. Un tiempo atrás el semanario Aquí sufrió un atentado con explosivos, acción típica de los organismos de seguridad del Estado destinada  sembrar zozobra, los que eran atribuidos a supuestos subversivos. Se sospechaba, con fundamento, que los autores eran militares del período fascista del Gral. Hugo Banzer (1971-1978) y de los golpistas de noviembre del 79, alzados al mando del Cnl. Alberto Natush Busch, los que estaban en contra del orden constitucional dirigido por la presidenta Lidia Gueiler Tejada. La cabeza visible de esos uniformados era el Gral. Luis García Meza Tejada, comandante del Ejército, integrante del Alto Mando Militar.

Los encargados del secuestro del jesuita, su tortura y asesinato fueron civiles y militares, dependientes del Cnl. Luis Arce Gómez, jefe del Departamento II (servicio de inteligencia) del Estado Mayor de Ejército, acción autorizada por el Alto Mando Militar. Ese asesinato fue ejecutado por miembros de una institución estatal, por lo que se constituye en una ejecución extralegal; como tal es un  delito de lesa humanidad, delito que no prescribe.

Meses después, esos militares golpistas tomaron el poder el 17 de julio de 1980, con lo que desconocieron los resultados de las elecciones nacioales del 29 de junio, en las que la Unidad Democrática y Popular (UDP), liderada por Hernán Siles Suazo del MNRI, había triunfado por tercera vez consecutiva, triunfos que le fueron escamoteados.

El día del golpe, los militares y paramilitares dirigidos por el Alto Mando Militar, cuando tomaron la sede de la Federación Sindical de los Trabajadores Mineros de Bolivia y apresaron a los integrantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), mataron a Gualberto Vega, Secretario de Cultura de la FSTMB, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del PS-1 y a Carlos Flores Bedregal, diputado nacional y dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR-Posadas). Estas primeras víctimas de la narco-dictadura fueron también ejecutadas extrajudicialmente.

Luego la represión continuó en los distritos mineros. Allí efectivos de las Fuerzas Armadas bolivianas tomaron esos centros a fuego y metralla, por aire y tierra, asesinaron a decenas de trabajadores y pobladores de esas localidades e hacieron desaparecer a otros; ese indeterminado número de víctimas mortales son también producto de ejecuciones extrajudiciales, cuyos autores pertenecían a organismos estatales.

En ese tiempo los partidos de izquierda resistieron al régimen narco-fascista. Bolivia vivía una dictadura militar que, de acuerdo a las declaraciones de los que la dirigían, iba a durar 20 años, y que no importaba que estuviera bloqueada por la comunidad internacional, pues los bolivianos íbamos a sobrevivir comiendo charqui y chuño (carne y papa deshidratada).

En enero de 1981, el MIR organizó una reunión de su dirección clandestina con el objetivo de planificar cómo se iba a resistir las próximas medidas económicas que dictarían los  militares. Para ello se reunieron en La Paz, en un edificio de tres pisos de la calle Harrington, muy cerca a la Av. Abdón Saavedra, en la zona de Sopocachi.

Alrededor de las cinco de la tarde del 15 de enero, el inmueble fue tomado por un comando de militares y paramilitares dependiente de organismos represivos de la narco-dictadura, asesinaron a ocho miembros de la dirección clandestina del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); de esa dirección sólo sobrevivió Gloria Ardaya y otro dirigente ampesino que no concurrió a la cita.

Los asesinados por agentes de organismos represivos del régimen dictatorial fueron Artemio Camargo Crespo, dirigente minero; Jorge Baldivieso Menacho, responsable de la regional de Chuquisaca; Gonzalo Barrón Rendón, responsable del Frente Estudiantil Universitario; Arcil Menacho Loayza, responsable de la regional de Pando; Ricardo Navarro Mogro, dirigente del Frente Universitario; José Reyes Carvajal, responsable de la regional de La Paz; Luis Suárez Guzmán, responsable del Frente Docente-Universitario; Ramiro Velasco Arce, directivo del Colegio de Economistas.

El comunicado oficial señaló que se trataba de un grupo insurgente que buscaba desestabilizar el país y que susintegrantes murieron en un enfrentamiento; días después señalaron que se trataba de narcotraficantes.

Las ejecuciones extralegales de la calle Harrington realizadas por orden de los militares narco-dictadores, parecía que iban a ser las ultimas; pero, veremos cómo esos delitos de lesa humanidad ocurrieron también en los siguientes gobiernos llamados democráticos, cuyos autores gozaron de impunidad.

Resulta insólito cómo el MIR que tuvo mártires en sus filas, hayan asumido, cuando gobernaron, un comportamiento similiar al de las dictaduras en la persecución de opositores. En diciembre de 1990, los servicios de inteligencia del gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) buscaban a los miembros de la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), grupo que se identificaba como seguidor del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esa organización armada tomó el nombre del combatiente muerto en la guerrilla de Teoponte, quien fue hermano de Jaime Paz Zamora, en ese momento, presidente en ejercicio.

Ese grupo había secuestrado al empresario Jorge Lonsdale, gerente de la Coca Cola, subsidiaria de esa embotelladora transnacional, por quien pedían un rescate millonario para su liberación. Su lema “Bolivia digna y soberana” que pintaron por las calles, pretendía motivar a la población a rechazar las políticas gubernamentales de ese gobierno que se había aliado con la Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido del ex dictador Hugo Banzer Suárez, quien durante el tiempo que gobernó (1971-1978) persiguió, apresó, exilió, asesinó e hizo desaparecer a sindicalistas, militantes de izquierda y opositores que osaron resistir a su régimen.

Los organismos del Ministerio de Gobierno y de los militares identificaron a integrantes y específicamente a uno, a quien lo torturaron hasta quitarle la vida, para obligarle a revelar el lugar en el que Lonsdale estaba secuestrado. De esa manera, al amanecer del 5 de diciembre de 1990, miembros  del Ministerio de Gobierno y otros organismos de seguridad del Estado, dirigidos por Raúl Loayza y Carlos Valverde Bravo, rodearon la vivienda, ubicada en la Av. Abdón Saavedra, a pocas cuadras de la calle Harrington, lugar en el que nueve años antes los dictadores ajusticiaron a otros militantes de la izquierda boliviana.

La toma de la casa fue rápida y vista por los vecinos que se anoticiaron del operativo. Una parte del grupo sobrevivió, porque se entregó y salió por adelante; mientras que la otra que intentó huir, en el que estaba Miguel Northuster, fue ajusticiada extrajudicialmente. Este segundo grupo, que no sobrevivió, se escondió en una casa vecina, pero la servidumbre alertó a su patrón que casualmente era un coronel de la Fuerza Aérea, quien dio la alarma a los agentes, los que inmediatamente los sacó vivos de ese vivienda, los condujo a la azotea de la vivienda, en la que estaba secuestrado Lonsdale, y los asesinaron. Lonsdale también falleció en el operativo, pero nunca se supo en qué circunstancias.

Según el informe “Denuncia de torturas ciudadanos sindicados de alzamiento armado” de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados en la gestión 1995, los asesinados por miembros de organismos del Estado dirigido, en ese entonces por Jaime Paz Zamora, fueron los siguientes:

—Evaristo Salazar (Alejandro Escoóbar Gutiérrez), muerto en circunstancias no esclarecidas, estaba bajo responsabilidad de los servicios de seguridad del Estado, aparentemente el 5 de diciembre de 1990, con evidentes signos de tortura de antes de su muerte.

—Miguel Northuster Kerer, muerto en el operativo de la calle "Abdón Saavedra" de la ciudad de La Paz, el 5 de diciembre de 1990.

—Luis Caballero Inclán, muerto en el operativo de la calle "Abdón Saavedra", el 5 de diciembre de 1990.

—Osvaldo Espinoza Gemio, muerto en el operativo de la calle "Abdón Saavedra", el 5 de diciembre de 1990.

Horas después el presidente Jaime Paz Zamora se responsabilizó de ese operativo, aunque en posteriores entrevistas aseguró que en su gobierno no hubo ningún muerto. Tanto Paz Zamora como los autores de esas ejecuciones extrajudiciales deben ser juzgados por ese delito de lesa humanidad.

Todas estas ejecuciones extrajudiciales fueron doblemente ilegales, porque entonces, en Bolivia, no estaba permitida la pena de muerte, como tampoco lo está ahora.

La pena de muerte ha sido abolida en muchos países, sentencia máxima que se ejecuta en pocos luego de un proceso judicial, justo o injusto, pero proceso al fin. En Bolivia fue abolida en la Constitución Política del Estado (CPE) de 1961, pero en la CPE de 1967 se da paso a la ambigüedad al señalar “No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil”, por lo que el dictador Banzer, mediante un Decreto la restituye para determinados delitos.

La CPE vigente aprobada en 2009 señala que “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.” (Art. 15. I). Lo extraño es que autoridades gubernamentales estén pensando restituirla, aunque, según ellas “aún el pueblo no está preparado”[1] o que “por el momento no es viable”[2], declaración totalmente absurda, más aún si viene de una profesional del derecho, pues si Bolivia ratificó la abolición de la pena de muerte al adherirse mediante ley al Segundo Protocolo sobre Derechos Civiles y Políticosque en parte de su artículo primero establece que “no se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte”, su retroceso es inviable, sobre todo si se trata del primer derecho humano, el respeto a la vida.

Durante la gestión del gobierno actual han sucedido ciertos hechos que dejan sospechas de que organismos del Estado han vulnerado el derecho a la vida al haber realizado ejecuciones extralegales; de los varios casos solo mencionaremos tres:

—La muerte de tres personas en el Hotel Las Américas (16/04/2009) en un operativo contra supuestos terroristas y separatistas, ha generado dudas por los familiares y de los Estados de donde fueron las víctimas, quienes consideran que sus ciudadanos no murieron a consecuencia de un enfrentamiento sino que fueron ejecutados extrajudicialmente.

—La muerte de David Olorio (06/07/2010), en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a consecuencia de torturas ejecutadas por policías, para que confiese dónde estaba el dinero producto de un atraco. Esa víctima, ejecutada extralegalmente, sobrevivió diez horas tras su detención, acusada de ser parte de una banda que atracó la recaudación del peaje de la autopista La Paz-El Alto, donde se dio muerte a un policía y se robó cientos de miles de bolivianos. De los siete policías inculpados de ese crimen, todos fueron liberados por los operadores de justicia y gozan de impunidad.

—Recientemente, cuatro extranjeros (dos colombianos, un venezolano y un mexicano), definidos como delincuentes, murieron en circunstancias no aclaradas, ya que dos horas antes de ser mostrados sin vida, fueron detenidos por las fuerzas policiales y llevados enmanillados a un destino desconocido. En este caso, tras la solicitud de informe del Defensor del Pueblo sobre las circunstancias en que fueron abatidos esos extranjeros, el Ministro de Gobierno señaló que el Defensor del Pueblo se ha convertido en un defensor de delincuentes[3].

Una ejecución sumaria, extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el ,homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen. Pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.[4]

Estos crímenes ejecutados por funcionarios del Estado están tipificados por organismos internacionales de derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, es decir, que son delitos que nunca prescriben, por lo que sus ejecutores, autores intelectuales y autoridades cabeza de sector, no podrán eludir nunca el peso de la justicia.