Autobiografía de Gladys Solón Romero

Mis actividades de lucha por la justicia comenzaron cuando era estudiante en la Escuela Normal de Sucre donde me gradué como profesora de Educación Musical. Fui dirigente de la Sección Musical cuando el año 1944 ó 1945 el gobierno de entonces realizó un atentado contra la vida de José Antonio Arze fundador del PIR, y Javier Torres Goytia, quien era Secretario Ejecutivo de la FUL de la Universidad San Francisco Javier. Me gradué y fui a trabajar a la ciudad de La Paz para ingresar a la Universidad, deseaba estudiar Filosofía y Letras y también continuar mis estudios en el Conservatorio Nacional de Música.

Desafortunadamente no continué mis estudios porque me casé, nació José Carlos y regresé a Sucre con José Carlos pequeño, su padre se fue a Francia y no supimos de él hasta que mi hijo tenía 11 años aproximadamente, para entonces, después de divorciarnos ya estuve casada con Walter Solón, eso fue el 5 de junio de 1954. Trabajé como maestra en todos los ciclos de enseñanza en Sucre y La Paz. Residimos en la ciudad de Sucre donde Walter pintó los murales y cuando esperaba a Pablo, Walter viajó a La Paz a pintar el mural en el edificio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, yo me quedé en Sucre hasta que Pablo naciera.

El año 1958 me trasladé a La Paz. El año 1961, por examen de competencia y concurso de méritos opté a la asignatura de Literatura Infantil, Rítmica y Rondas en la Escuela Normal Superior, en los cursos de profesionalización docente. En esa oportunidad Paz Nery Nava, ilustre maestra poetiza y escritora, me invitó a participar del Comité de Literatura Infantil que recién se organizaba. Con la ayuda de la bibliografía que Walter me traía de sus viajes y de Paz Nery Nava diseñamos el primer programa de Literatura Infantil que en un Congreso de Normales fue incluido como parte de los programa de estudio de las normales. El año 1962 viaje a México donde estudié Literatura Infantil en el Instituto Normal Superior, al retornar al país me reintegré al Comité de Literatura Infantil. En ese entonces la institución femenina CONIF me condecoró con un Diploma y la Kantuta de Plata por mi labor a favor de la literatura infantil.

En 1971, cuando se dio el golpe de Estado por Banzer, fui retirada de la Escuela Normal Superior y me dieron un cargo de profesora de música en el colegio Hugo Dávila, lo que me significó descenso en mi categoría del magisterio, cuando pregunté el porqué me dijeron: "pero su hijo había sido guerrillero" les respondí: "que a mucha honra" y no solicité otro cargo, sin embargo el Director de Educación Musical que fue mi compañero en la Normal y conocía mi trayectoria como maestra me llamó para decirme que podía trabajar en el colegio Hugo Dávila, ofrecimiento que acepté porque el colegio donde José Carlos comenzó su lucha apoyando a su director en una huelga de hambre.

En 1972 ingresé a la organización UMBO Unión de Mujeres de Bolivia, dirigida por entonces por la profesora Delia de Quezada y posteriormente por la que fuera presidenta doña Lidya Gueiler, nuestra tarea era denunciar internacionalmente el golpe de estado de Banzer y lo que estaba pasando en Bolivia. Tomamos contacto con Amnistía Internacional; pero fundamentalmente nuestra labor era prestar ayuda a las compañeras que estaban detenidas en Chonchocoro, nuestro nexo era un sacerdote italiano a quien le era permitido el acceso por el Ministerio de Gobierno de la dictadura de Banzer. Les hacíamos llegar ropa, objetos de limpieza y todo lo que nos solicitaban, hacíamos colectas para la compra de todos ellos. Con la hermana Pilar Zaldua viajamos a las minas llevando ayuda a las esposas de los trabajadores mineros que habían sido asesinados o que estaban presos. En 1976 se funda la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y la hermana Ana María Ajuria me invita a pertenecer, allí continúa mi labor de ayuda y denuncia, se producían e imprimían boletines, los que distribuíamos clandestinamente y los enviábamos al exterior, algunas veces reuníamos dinero para publicar una solicitada en los periódicos El Diario o Presencia que debía pasar por una censura del Ministerio del Interior, en alguna ocasión tuvimos la ayuda de Ana María Romero que nos daba curso a un comunicado con alguna denuncia.

Fui presidenta de la departamental de la APDH en una época difícil cuando se dictó el Decreto 21060 y también prestamos ayuda a los compañeros que venían en la Marcha por la Vida, con el equipo de médicos y llevándoles abarcas para muchos que venía caminando con los pies llagados. Se organizaron también, en el colegio que dirigía la Hermana Ana María Ajuria, cursos para los alumnos en los que se les explicaba los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su aplicación en diferentes situaciones de su vida.

En 1987 la Federación Internacional de los Derechos Humanos invitó a las organizaciones de Derechos Humanos para conmemorar el Bicentenario de la Revolución Francesa, fui elegida por el Comité Ejecutivo de la APDH para representar a Bolivia en Paris, fue una reunión a nivel mundial, llevé cuadros con datos estadísticos sobre la situación socioeconómica de la población boliviana, especialmente de la niñez, asimismo informes demostrando la vulneración de los Derechos Humanos en el país y la mía en particular con la DETENCION Y DESAPARICION DE MI HIJO JOSÉ CARLOS. Ese año en un acto en el que se conmemoraba el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recibí de parte de la Asamblea Permanente la condecoración Ana María Ajuria.

Después de la detención y desaparición de mi hijo José Carlos, acaecida en la ciudad de Santa Cruz el 3 de febrero de 1972, me dediqué a denunciar este hecho y reclamar para que me digan dónde está, publiqué solicitadas en el periódico Presencia, escribí una carta abierta al Arzobispo de Sucre que lo bautizara, en todos los espacios democráticos que se abrieron en el país hice mis reclamos ante los diferentes gobiernos, me constituí en parte civil en el juicio de responsabilidades que se le hizo a Banzer en el Parlamento.

En 1981, año del golpe militar de García Mesa fui detenida porque en representación de la APDH y de UMBO (Unión de Mujeres de Bolivia) era delegada ante el CONADE, (Comité de Defensa por la Democracia) en este Comité participaban no sólo partidos políticos, sino organizaciones sindicales, iglesias y organizaciones civiles, era un frente amplio que se organizó después de los atentados que se produjeron como el asesinato del Padre Luis Espinal.

Fui llevada en las ambulancias desde la COB al cuartel del Estado Mayor donde fuimos golpeados, robados, luego salí al exilio a Lima-Perú junto a mi familia, en esa oportunidad salieron del país muchos compañeros de la APDH y organizamos el Comité por la Defensa del Pueblo Boliviano, publicamos boletines con denuncias de todas las violaciones a los DDHH que se cometían en el país. Desde allí asistí a la primera reunión de Familiares de Detenidos Desaparecidos que se realizó en San José de Costa Rica que fue organizada por el Padre Vives, asistieron compañeros y compañeras de varios países de Latinoamérica para denunciar lo que pasaba en sus países como resultado de la aplicación del Plan Cóndor, se resolvió organizar la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos FEDEFAM, en diciembre del mismo año nos volvimos a reunir en Caracas-Venezuela donde se constituyó orgánicamente FEDEFAM. Retorné a Lima desde allí enterada de que se había organizado en NNUU la mesa de trabajo Señor Theo Van Boger quien lo dirigía, haciendo mi denuncia de lo que pasó con mi hijo José Carlos, pero lamentablemente no obtuve ninguna respuesta.

Regresamos al país cuando se restituyó la democracia con el gobierno de don Hernán Siles Zuaso, reuní a los familiares de detenidos desaparecidos y se organizó la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, ASOFAMD. Después del episodio de Teoponte un grupo de familiares dirigidos por doña María Luisa Bonadona se organizaron bajo la denominación de Mártires por la Liberación Nacional, junto a ellos conformamos la ASOFAMD.

En diciembre de 1983 en recordación al día de la Declaración Universal de los Derechos humanos el Dr. Siles dictó un decreto por el que se creaba la comisión para el esclarecimiento de ciudadanos detenidos desaparecidos que tuvo muy poca duración, sin embargo dos compañeros José Pinelo y una muchacha cuyo nombre no recuerdo, tuvieron acceso a los libros del cementerio y encontraron que durante los años de la dictadura de Banzer se habían ingresado a ese recinto 14 cadáveres, algunos tenían registrado su nombre los que fueron enterrados en nichos y el resto en una fosa común.

Trabajamos mucho para lograr que un médico forense nos colaborara, tuvimos que solicitar los servicios de los forenses de la morgue, que lo hicieron de mal agrado porque destruyeron pruebas y en el cementerio no existía la infraestructura suficiente para este tipo de trabajo.

Continué con mi infructuosa labor de búsqueda de los restos de José Carlos pero tenía la satisfacción de que los familiares nos habíamos organizado formábamos parte de la Federación Latinoamericana de Familiares, FEDEFAM. Asistimos a sus Congresos que se realizaban cada año en diferentes lugares de Latinoamérica. Vino un experto de la Comisión Interamericana de DDHH de la OEA, dictó unas charlas, le comenté el caso de José Carlos y le pregunté si aún podía acudir a la Comisión me explicó que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad y que no prescribe y que podía acudir allí, de esta manera viajé con Walter a Washington, llevé toda la documentación que tenía sobre la desaparición de José Carlos y me entrevisté con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, me indicó que aún después del tiempo pasado tenía oportunidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que debía tener un interlocutor.

En Washington, me puse en contacto con José Miguel Vivanco que dirigía American Watch, quien después de observar los documentos me dijo "que no era fácil pero no imposible", me dio una lista de acciones y documentos que debía enviarle.

A mi retorno me puse a conseguir todo lo que me solicitó, hablé con Juan del Granado que dirigía la comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados para que averiguara dónde estaban los obrados del juicio de responsabilidades que se le hizo a Banzer, le dijeron que estaban en la bóveda del Banco Central por lo tanto eran inaccesibles, luego hicimos junto a las compañeras de ASOFAMD una campaña para que el Congreso apruebe la Convención sobre Desaparición Forzada que se aprobó tiempo antes en una reunión de la OEA y que no había sido firmada por el Estado boliviano. Luego pedí una certificación de habernos constituido en parte civil en el juicio contra Banzer, que pude conseguir gracias al Dr. Luis Ossio, que en esos años era Vicepresidente del país. También participé de mis gestiones a Luis Adolfo Siles quien fuera representante por Bolivia en una gestión de la Corte Interamericana, él escribió una nota a la Secretaria Ejecutiva de la CIDH de la OEA.

Envié al Dr. Vivanco todos estos documentos y presentó la denuncia ante la CIDH desde donde se hizo una consulta al gobierno boliviano, instancia que demoró mucho en responder, era el gobierno de Jaime Paz Zamora. Continué insistiendo por todos los medios que tenía a mi alcance hasta que en el gobierno de Sánchez de Lozada, la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia dirigida por el Lic, Morató respondió en un informe que daba muchos datos, inclusive nombres de los posibles responsables de la desaparición de José Carlos.

Por tanto, el Estado boliviano reconocía los hechos y admitía su responsabilidad, informe que fue enviado a la CIDH de la OEA Los personeros del Estado boliviano trataron de justificar los hechos. Se me propuso hacer un arreglo amistoso que no acepté. La Corte le permite al Estado acusado nombrar un juez ad hoc para que forme parte del tribunal, contrataron para su defensa un abogado también de Washington. Como el Estado boliviano insistía en un arreglo amistoso, se me solicitó asistir a una audiencia privada en la que me mantuve firme en no admitir un arreglo amistoso. Cuando salimos de la audiencia el juez as hoc que era un Dr. Broker me dijo en inglés, porque no hablaba español, "desearía que todas las madres del mundo fueran como usted" – I wish that all ther mothers of the world will be like you.

El trámite duró 8 años en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por dilación del Estado boliviano que no respondía a los requerimientos de la CIDH. Viajé nuevamente a Washington y pedí que el caso pasara a la Corte, de esta manera el caso fue a la Corte Interamericana de DDHH con sede en San José Costa Rica. Después de dos años, el año 2000 la Corte dictó sentencia contra el Estado boliviano y dos años después —2002— dictó la sentencia de reparaciones en la que determinaba doce puntos que el Estado debía cumplir.

Hasta ahora ha cumplido algunos pero no todos, entre ellos el que para mí es el más importante: EL ESTADO DEBE EMPLEAR TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR LOS RESTOS MORTALES DE LA VICTIMA Y ENTREGARLOS A SUS FAMILIARES, por que la Corte considera que la entrega de los restos mortales en casos de detenidos desaparecidos es un acto de justicia y reparación en sí mismo.

El Estado reconoció que no cumplió con la sentencia y prometió poner todos los medios necesarios para encontrar los restos de José Carlos. Entre tanto en el país continúa el juicio que viene durando nueve años. El 6 de diciembre de 2008, después de ocho años de iniciado el proceso, el juez de turno en lo civil en Santa Cruz dicta la sentencia en la que no se condenó a los imputados por el delito de Desaparición Forzada y solo se condenó a tres de ellos por el delito de privación de libertad, a dos años y ocho meses de cárcel, además se absolvió a los imputados del delito por vejámenes y torturas aplicándoles, aun cuando se trata de delitos de lesa humanidad, el beneficio de la prescripción.

Se ha apelado la sentencia y desde el mes de noviembre en que fue dictada la sentencia solo se ha señalado una audiencia que fue suspendida por excusa de uno de los jueces. La fiscalía, representada por la abogada Pura Cuéllar, no hizo ni una sola acción por encontrar los restos de José Carlos. Se ha apelado y estamos en espera de la decisión del juez para una nueva audiencia.

Han pasado 37 años de la desaparición de mi hijo, tengo 83 años y continuaré en su búsqueda mientras el Señor me dé su fortaleza.