Fondo Indígena o la corrupción que no veía el Presidente

"Los proyectos fantasma representan un daño económico de 14,5 millones de bolivianos, los 713 proyectos con plazos no vigentes representan un  87,7 millones de bolivianos, (y) el presunto daño económico al Estado bordea los 102,2 millones de bolivianos”, dijo Lariza Fuentes, interventora del Fondo Indígena, en conferencia de prensa, realizada la semana anterior, luego de seis meses de trabajo.

La interventora Fuentes señaló, asimismo, que 90 personas deben ser investigadas como consecuencia de la investigación que realizaron funcionarios en medio año y bajo su dirección. Sin embargo, otras fuentes anotaron que a dos ex masistas o promasistas, Damián Condori y Adolfo Chávez, dirigente campesino y líder indígena, ya se les sigue proceso en la justicia ordinaria; ambos contestatarios de los gobernantes, por lo que se asegura que así se protege a otros que, presumiblemente, son tanto o más supuestos culpables de malgasto de dinero del Fondo Indígena, o ex Fondo Indígena, para decir con más propiedad. Nosotros sostenemos que esos, ahora disidentes del MAS, deben ser investigados, procesados y sancionados si corresponde.

Melva Hurtado, por ejemplo, encabeza la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), oficialista, tiene o tenía en una cuenta particular, nada menos que 22 millones de bolivianos y, respecto de ella, hasta donde se conoce, no se inició ni siquiera una investigación. Sobre esa manera irregular de administrar dinero de comunidades campesinas, indígenas y/o de colonizadores, desde cuentas personales, voceros del oficialismo dijeron tres cosas: que por error se procedió de esa manera, que la ley lo permite y que las/os beneficiarias personales e indebidas/os, por tanto, habían sido aconsejadas que lo hagan de esa forma.

Hurtado, dirigente de las indígenas del Beni, fue una de las conductoras de la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS y, probablemente, desde allí informó a los gobernantes sobre la caminata. Luego de ese recorrido pasó, abiertamente, al bando oficialista y, con apoyo del MAS, dividió CIDOB. Con ese apoyo, y la fuerza pública incluida, ocupó la sede de aquel organismo, posesión de hecho de ese inmueble que la mantiene hasta ahora.

El ascenso de Hurtado es otra muestra de que la división de los llamados movimientos sociales es inducida y/o impuesta por los gobernantes. Pero esa realidad, no la ven o se hacen que no la ven los “apoyadores” del proceso de cambios en diferentes lugares del país. Otros actores de la división de las organizaciones populares consideran que de ese modo recuperan tales instancias para que apoyen a la que siguen definiendo como revolución democrática y cultural, la que transcurre en Bolivia.

Richard Aliaga, ahora uno de los dirigentes de los colonizadores, estuvo entre los dirigentes de ese sector social cuando los pobladores de Caranavi bloquearon el camino que une esa ciudad intermedia con La Paz. Entonces policías, según testimonios de lugareños, dispararon y mataron a los estudiantes Fidel Hernani y David Calisaya (2010), autodefinidos como evistas. Aliaga se enfrentó a los gobernantes cuando los caranaveños exigían libertad para los detenidos, como consecuencia de la represión desatada en esa ocasión y también demandaban una indemnización por los jóvenes caídos. Esta indemnización jamás se hizo realidad. Aquel dirigentes colonizador, al poco tiempo fue reclutado por los inquilinos del Palacio Quemado; desde su nueva trinchera dijo que a los marchistas, en defensa del TIPNIS, los iban a “romper”, amenaza que no se efectivizó. Él es otro de los que recibió dinero del Fondo Indígena en una cuenta personal.

La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, declaró que la plata del ex Fondo Indígena nunca debió ser depositada en cuentas bancarias privadas porque el destino era otro: la comunidad y las obras en ellas. Esa Ministra añadió que su colega de Desarrollo Agropecuario y Tierras, Nemesia Acahacollo, presidenta del Directorio del ex Fondo Indígena, debe ser investigada. Esa acción, sin embargo, no es seguro que la realicen los investigadores oficialistas porque éstos casi siempre que averiguan lo hacen para encubrir y no para descubrir a presuntos responsables, por ejemplo, de un desfalco o malgasto de dineros públicos.

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, según fuentes oficialistas “consintió” y/o “conoció” los desembolsos que se hicieron del ex Fondo Indígena y lo más probable es que tampoco sea investigado, aunque se espera que se lo investigue.

El ex ministro de Gobierno, breve en el cargo, Hugo Moldíz, se vanaglorió al decir que los gobernantes habían descubierto y denunciado los actos de corrupción del ex Fondo Indígena, a los que no se los debe llamar de otra forma, agregamos nosotros.

Por supuesto que estamos en favor de que se investigue de veras aquellos actos ilegales de los administradores de dinero que es de los bolivianos y, específicamente, procedente de la renta hidrocarburífera (del gas sobre todo). Como parte de esa investigación están las auditorías pendientes, de acuerdo a lo que admitió la interventora del ex Fondo Indígena.

La investigación necesaria tiene que establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales, sobre todo de los que participaron de la aprobación de los proyectos procedentes de las comunidades señaladas.

Esperamos que se instauren los procesos que correspondan ante los tribunales competentes.

El ex Fondo Indígena ha sido sustituido por otro Fondo, esencialmente por un muy similar, sólo que el nuevo no estarán representados los de CIDOB, ni los indígenas de Santa Cruz, ni los indígenas mojeños del Beni. Los tres grupos de pueblos indígenas señalados, son los que tienen contradicciones con el presidente Morales y los suyos.

Otra conclusión preliminar nuestra es que los actos de corrupción son descubiertos con demora o durante temporadas son socapados. Y acaso algo también grave: otros funcionarios públicos son protegidos por el poder, es el caso de los nombrados en esta nota, aunque no son los únicos que, al parecer, tienen garantizada su impunidad.

También preocupa que el presidente Morales esté entre los que se apresura en negar la corrupción en este tiempo de su gobernanza. Recordemos que el día que el primer mandatario posesionó a sus nuevos y viejos ministros, en enero de este año, increpó a los periodistas porque medios de difusión informaron sobre actos de corrupción. Aquél funcionario público negó la existencia de corrupción durante su gobierno y sólo admitió —como en otras ocasiones— el accionar corrupto de Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, descubierto porque murió uno de los operadores de los actos dolosos que tuvieron que ver con sobornos, sobreprecios y otros, para el montaje de la planta separadora de líquidos del gas natural que hace días, y después de mucho tiempo, fue entregada para su funcionamiento; planta que no es todavía la industrialización del gas, como dicen los expertos, pero es algo, a nada comentan también los complacientes, como para consolarse, sobre lo que ocurre en el país: las reformas que pierden su contenido avanzado, entre otras razones o sinrazones, porque Juan Evo Morales Ayma, ahora gobierna especialmente para satisfacer los intereses egoístas de empresarios grandes, criollos y transnacionales, propietarios medianos y, a mucha distancia, para atender las demandas populares, lo que ocurre cada vez menos.

Durante el primer mandato de Evo Morales, un dirigente de los cocaleros del Chapare, mediante un micrófono abierto de una radioemisora del lugar, dijo que les tocaba “gobernar”  a ellos.

En este último tiempo, dirigentes de los movimientos sociales y los que reciben directa o indirectamente beneficios ilegales e ilegítimos, del dinero del ex Fondo Indígena, consideran y sienten que la plata que les llega es posible en las condiciones de su gobierno, por eso éste se define también como un gobierno de los movimientos sociales.

En ninguna parte del mundo, un verdadero poder popular y revolucionario no es para que roben los corruptos a su gusto y sabor.

De aquí hacia delante debemos comportarnos más vigilantes para cuidar que se gaste bien el dinero de los bolivianos. Y ante el despilfarro del dinero del ex Fondo Indígena, tenemos que vigilar la investigación, el proceso y la sanción a los sospechosos de corrupción, es decir, de los que han malgastado cuando menos Bs102 millones. Monto que, además, podría ser mayor.