Camino que destruya el TIPNIS o servicio real a los indígenas y al pueblo

Editorial

Los gobernantes, luego de violar varios artículos de la Constitución Política, otras normas bolivianas y convenios internacionales (que también son leyes nuestras), con el propósito central de impedir que llegue a La Paz la VIII marcha indígena por la vida en el TIPNIS y para confrontar a los pobladores de esa reserva natural, con su mayoría de legisladores hizo aprobar la llamada ley corta. Esa norma, básicamente, dispone la suspensión de la construcción del camino de la discordia entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) y la consulta a los que en primer lugar serían perjudicados con aquella vía, es decir, los que antes que la población boliviana sufrirían los efectos de la destrucción de aquella riqueza, única en su género en la geografía patria. Esa ley corta, además, “reconoce” otros derechos de los pueblos indígenas, lo que es una reiteración innecesaria de lo que determinan otras normas constitucionales, legales y convenios internacionales, así como se intenta enmendar un error con lo que, a la vez, se incurre en otra falla sustancial: el inicio de la obra en los tramos I y III sin la aprobación o el rechazo de los que viven en el TIPNIS, lo que un gobierno que se autodefine como del pueblo no debe hacer.

Efectivamente, son varios los derechos indígenas vulnerados por los gobernantes, en este último tiempo, pero, en esta nota editorial, nos concentramos en la consulta previa, de buena fe e informada y los relativos al territorio indígena.

La consulta a los pobladores del TIPNIS (y no a otros) debió realizarse antes de que Evo Morales tome la decisión unipersonal de la construcción de ese camino. Al revés, se consiguió el financiamiento, se firmó el convenio de construcción, se tramitó licencia ambiental para las dos puntas de la vía (la primera y la tercera) y extrañamente o como maniobra politiquera se dejó en suspenso el segundo tramo que, según el Presidente, debe atravesar el bosque que, además, es la reserva de agua dulce más importante de Bolivia, cuyas lluvias y vertientes tributan al río Mamoré, a otros ríos como el Madera y, por tanto, al Amazonas.

Luego de que se definió unir con ese camino las poblaciones citadas se inventó los tramos, como otra maniobra, quizá envolvente, para decirlo con esa desafortunada frase vicepresidencial. Más dañino para los intereses regionales, populares, plurinacionales y sobre todo indígenas fue que se prefirió la modalidad del contrato “llave en mano” que quiere decir, entre otras cosas, que la empresa brasilera OAS debe ejecutar todo el camino (sin convocatoria a propuestas), asimismo, el estudio previo para la construcción de la carretera, luego de que el Presidente —reitaramos— resolvió que se construyan más o menos 60 kilómetros que destruirían el bosque, lo que para el primer ciudadano es tan poco que no representaría (lo reitera sin ruborizarse) menos de 1.000 hectáreas deforestadas frente a las 45.000 que se talan cada año en otros sitios y nadie reclama, añade. Un camino, empero, liquida árboles, animales, agua, biodiversidad (recursos genéticos irremplazables).

Una respuesta fácil se puede formular con preguntas: ¿por qué un gobierno como el actual no combate, con la fuerza estatal, ese saqueo? ¿Espera un reclamo expreso? ¿El Presidente desconoce que en tantos otros bosques, distintos al TIPNIS, también hay una colonización espontánea que destruye la naturaleza y que su gobierno nada serio hace para impedirlo?

Al Presidente se le atribuye poseer un “olfato político bárbaro”, es decir, mucha intuición (mucho corazón y poca cabeza) que parece fallarle respecto del TIPNIS. Parece fallarle su olfato político porque ni siquiera él se escucha porque si se escuchara defendiera aquel territorio (como lo hacen los marchistas) y buscara que los originarios vivan en armonía con su territorio, con la madre tierra y así aseguraría que los bolivianos y latinoamericanos nos beneficiemos con los recursos biológicos de ese “bosque paradisíaco” que muchos otros han conocido y estudiado antes que el principal residente del Palacio Quemado, según confesó, al tiempo de culparse de no haber ido antes al TIPNIS.

Los gobernantes esperan que una mayoría de los dueños colectivos del TIPNIS dirían sí a la construcción del camino porque además creen que con la vía conseguirían el desarrollo occidental, contra el que despotrican los indigenistas que se niegan a sí mismos al proponer obra que nos enfrenta, en vez de que nos una y nos separa por intereses extraños a Bolivia y ajenos a los indígenas. Camino que partiría en dos el TIPNIS y que en 20 años acabaría con casi dos tercios de las riquezas que atesora, así como se sabe que la laguna “Bolivia” se ha secado en 20 años, es decir, en las dos décadas en las que los colonizadores, que plantan coca en 200.000 hectáreas, han depredado la extensión que integraba el TIPNIS por el sur. Ese es un ejemplo de lo que ocurriría con el hábitat natural de mojeños-trinitarios, chimanes y yuracarés con el camino de la discordia que partiría el corazón de la casa grande indígena.

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”, dice la Declaración de las NN.UU. sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que es Ley de Bolivia del 7 de noviembre de 2007.

Sobre su territorio (el TIPNIS) esos pueblos tienen derecho a instalar su autogobierno, con sus costumbres como normas y del que seguirán usando las riquezas de ese suelo. Y con yapa: las riquezas del subsuelo son de todos los bolivianos, así como no tienen derecho a separarse territorialmente de Bolivia.

Y sobre la consulta a los originarios, hermanos nuestros, no sólo en las declaraciones: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas (Ley corta) o administrativas (camino por el medio de su territorio) que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”. Leamos, también, el artículo 30, Inc. 15 de la CPE.

Sólo se necesita saber leer para entender un texto clarísimo como el citado que —ratificamos— es parte de la legalidad boliviana.

Los indígenas no quieren una “mamada” más de los gobernantes ni de Evo, como dijo un diputado originario. Ya no más “pachamamadas”, añaden otros, con pleno conocimiento.

Son esas las razones por las que los marchistas han rechazado la denominada Ley corta y se niegan a una consulta porque no sería ni libre, ni previa, ni informada, ni de buena fe.

Los sacrificados marchistas, como quienes caminan en vanguardia porque defienden intereses de veras regionales, populares y plurinacionales, exigen que jamás se construya un camino que parta en dos el TIPNIS. Y aunque los audaces, con mucho corazón y poca cabeza, lo ponen en duda, la defensa del TIPNIS es una causa de la mayoría del pueblo boliviano, en la que la derecha y los imperialistas no deben ocupar ningún espacio, como dirigentes sindicales se han encargado de manifestar a grito condigno, lo que tampoco escucha un Evo Morales que en la lucha por la tierra y por el territorio —lo esencial de este momento— se juega por los que quieren más tierra en propiedad personal y a costa de los bosques para plantar más coca.

Antes de la agenda que quiere discutir el Presidente con todos o con casi todos, en diciembre próximo, tiene que resolver el lío del TIPNIS mediante las alternativas que siguen: para los dueños de éste otro desarrollo porque es posible, sin camino que lo parta en dos, lo que sería servir a los indígenas, al pueblo y a la patria o camino de la discordia, lo que sería facilitar los planes de los postmodernos bandeirantes brasileños, de los empresarios criollos, de las petroleras y, en particular, de los colonizadores de los tiempos de Evo: invasores y depredadores, más voraces que sus abuelos y padres.