Mi palabra como Defensor del Pueblo

defensoría del pueblo

Quiero expresar ante todo y frente a todo, que como Defensor del Pueblo y como ciudadano, tengo un compromiso de conciencia con la defensa y promoción de los derechos humanos y este compromiso lo he mantenido durante una trayectoria de más de treinta años, primero en la lucha contra las dictaduras militares y luego desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos; y lo sostendré hasta el final de mi existencia porque no tiene que ver con las coyunturas, ni los cargos, sino con la vida y con mi pueblo.

El cargo que coyunturalmente ejerzo como Defensor del Pueblo surgió por una postulación mía y por una decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, bajo sus mecanismos y reglamentos, y en ningún momento presioné ni gestioné ningún beneficio.  No obstante debo decir con claridad, que tampoco fui objeto de presiones ni gestiones de la Asamblea Legislativa, ni de ninguna autoridad de gobierno para tomar decisiones institucionales durante el ejercicio de mi mandato constitucional. 

Por esta razón, al señalar el Presidente del Estado Evo Morales Ayma, que apoyó mi candidatura como Defensor del Pueblo ante las organizaciones sociales, sólo me queda agradecerle, sin embargo entiendo que aquella decisión no estuvo nunca condicionada, ni pretendía que yo me sometiera a otra autoridad que no fuera la Constitución y las leyes.

Debo señalar que mi formación humana y profesional se ha construido en la convicción y la fe que profeso, y que le da sentido a mi vida, porque me permitió construirla en base a principios y valores éticos, morales y espirituales. Y es esta profunda convicción la que me hace actuar y tomar decisiones siempre buscando cumplir con mi responsabilidad y velando por el interés y la demanda de mi pueblo, especialmente de quienes son vulnerados en sus derechos y de aquellos que no tienen quién hable por ellos o quién los defienda cuando los poderosos se ensañan contra ellos, los invisibilizan, los acallan y los persiguen.

Durante estos tres años de gestión, entendí que, independientemente de la gestión de gobierno que elige al Defensor del Pueblo, éste debe responder a la Constitución Política del Estado que establece: “La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado”. Esa es la importancia y la sustancia de la Defensoría del Pueblo, ser una institución que se guíe por los principios de independencia, transparencia, servicio y la consecuencia con su mandato y sus funciones. Ese comportamiento lo he mantenido sin concesiones ni dubitaciones, valorando los avances del Estado Plurinacional,  pero también cuestionando aquellas decisiones que contradicen sus principios y valores. 

Por el mandato constitucional y por mis principios, no he recibido ni recibiré instrucciones ni me someteré a ningún Órgano del Estado, y menos lo haré con un partido político, agrupación, organización, grupo o interés privado o corporativo, extremos que hacen a la razón de ser y legitimidad de mi mandato.

En esa línea, la independencia y la transparencia en el discurso y en los hechos, ha logrado que la Defensoría del Pueblo que me honro en dirigir, haya sido valorada como entidad clase “A” por el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, por haber cumplido con los Principios de París, adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1991 y ratificados por la Asamblea General de la ONU en 1993. Esta entidad valora, entre otros aspectos, la independencia institucional en el ejercicio de sus funciones.

La declaración que emití el día de ayer y que sostengo en todo su contenido, tiene su origen precisamente en la convicción de que los derechos humanos no se pueden vulnerar impunemente y que la distorsión de la justicia es tan grave como su negación, por lo que es nuestra obligación constitucional y conciencial, no callar ante la vulneración de derechos humanos, pero tampoco ante la impunidad.

En ese sentido, he mantenido un pleno respeto y adhesión a la normativa y sus procedimientos y exigí desde el principio que sea la justicia la que, en un marco de independencia, transparencia y debido proceso, establezca las responsabilidades civiles y penales que deben recaer con todo su peso sobre quienes ordenaron, ejecutaron y permitieron la comisión de los delitos en Chaparina.

Por todo lo expuesto, y pese a las descalificaciones que he recibido del Gobierno y que han afectado a mi familia y a los servidores y servidoras de la institución, quiero expresar con humildad pero también con firmeza que voy a mantener mi posición y mi convicción de defensa de los derechos humanos de los bolivianos y las bolivianas y especialmente de las poblaciones vulnerables y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en cuyo nombre se ha creado y se construye el Estado Plurinacional.

Rolando Villena Villegas

Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia

http://www.defensoria.gob.bo/sp/noticias_proc.asp?Seleccion=364