¿Los medios complotan contra Evo o el gobierno aplica políticas contrarias al pueblo?

Remberto Cárdenas Morales* - De sábado a sábado (170)

Reiteramos una afirmación verificable en cualquier momento: la mayoría de los medios (privados y estatales) censuran, se autocensuran, dicen medias verdades, manipulan y matan a la verdad o lo intentan. En unos más y en otros menos se observa ese proceder. Más aún: cuando se agudiza la lucha de clases (el conflicto, según la lectura de otros) los medios acentúan aquel comportamiento, como sucede en Bolivia, especialmente, respecto de la defensa del TIPNIS y con la marcha indígena que recorre caminos paceños estos días; acción legal y legítima que para corifeos del gobierno y para éste (lo dice en tono menor), se trata de una conspiración al menos inspirada por el imperio y aprovechada y/o reforzada por la derecha criolla e internacional.

Con Petras afirmamos que los medios de difusión, ahora, se desempeñan como instrumentos en la contrainsurgencia que apuntan a nuestros pueblos por medios no militares, es decir, simbólicos, según la jerga repetida por analistas de la política externa y, también, boliviana.

Esos medios de difusión son “intelectuales colectivos” y/o “aparatos ideológicos”. Se desempeñan en esas dos dimensiones, sin decirlo, al menos en nuestro país; más aún, al tiempo de ocultar esa labor cotidiana para lo que existen.

Para hablar de los medios conocidos entre nosotros: cabe recordar que el semanario Aquí, cuyo primer director y uno de sus fundadores fue Luis Espinal, nunca pretendió que se lo catalogue como “independiente”; al revés, sus lectores lo definieron como “semanario del pueblo”. El cura mártir lo dijo de manera patente: Aquí es un semanario comprometido y genera un periodismo de clase, es decir, al servicio de los explotados y oprimidos. Fue un vocero político (¿y qué medio no es político al menos en este tiempo?).

Cuando con mayor nitidez que actualmente el diario La Razón era un vocero de los empresarios (aunque no de todos), en una ocasión realizó campaña electoral para el candidato Ronald MacLean a la Alcaldía paceña.

El semanario Pulso, de otro grupo empresarial (menos poderoso que el anterior), convocó a derrocar al entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, en medio del alzamiento de alteños y paceños y luego de que éstos mostraban posibilidades reales de victoria, a pesar de los caídos: muertos y heridos.

Estos días, periodistas que se desempeñan como propagandistas del gobierno se extrañan porque encuentran que los medios no son neutrales respecto de la VIII marcha indígena por el TIPNIS. Con una candidez que ya no conmueve creen en una falacia: en la presunta neutralidad de los medios de difusión.

Otros, se autoconvencen de que los medios y las redes sociales, al informar sobre la represión a marchistas defensores del TIPNIS —imperdonable, según el presidente Morales—, afirman en la última edición de La Época lo que sigue:

“A partir de hechos de la realidad, que son aprehendidos para falsearlos y construir ‘otra’ realidad, la mayor parte de los medios de comunicación —nacionales e internacionales—, desencadenaron profundos sentimientos de indignación en la población por unas muertes que jamás ocurrieron. La intervención policial contra la marcha indígena fue violenta y no menos violenta —física y simbólica— se alentó a desencadenar contra el proceso de cambio”.

Estamos convencidos de la pluralidad (limitada) existente en aquel semanario, según los materiales que se publican sobre el tema en cuestión por lo que concentraremos la atención en las opiniones de ese vocero y de su director.

El Vicepresidente destacó que medios de difusión complotan contra el gobierno que integra. Eso es más claro —importante cualidad si el propósito es la comunicación—, respecto de la “Guerra de Cuarta Generación” (G4G) de los medios contra Evo y su gobierno.

La redacción y difusión de la noticia sobre el niño muerto (lo que no sucedió), como consecuencia de la brutal represión contra los caminantes hacia La Paz (25-IX-11), entraña una falla profesional porque no se confrontó fuentes ni se tuvo el cuidado de anotar que el dato no fue confirmado. Error, compartido por varios medios, que el gobierno explota como para conseguir atenuantes en su favor ante una acción determinada con anticipación para acabar con la marcha y/o desorganizar, desunir, intimidar, paralizar a los caminantes. Comportamiento autoritario que tuvo como víctimas indefensas a niños y mujeres embarazadas. Si alguien se atreviera a sugerir siquiera que ninguno de aquéllos debió y debe marchar, agravará la magnitud del crimen que ofende y ofenderá al pueblo boliviano, especialmente.

Los medios estatales por su forma y gubernamentales por lo que hacen, como contraste, trataron de callar todo cuando pudieron la crueldad represiva y guardan silencio respecto del que dio la orden. Ésta, para nosotros, fue compartida por los gobernantes los que resolvieron, con anticipación al 25/S fatídico, impedir que la caminata llegue a la sede de gobierno.

Lejos de nosotros las simplificaciones, pero cabe deducir que si para los gobernantes la marcha indígena (reiniciada y con creciente apoyo popular) fue y es una maquinación imperial-derechista, debemos convencernos de que la decisión política gubernamental fue que la marcha acabe en cualquier confín beniano o paceño, como resultado del diálogo y de un acuerdo, o por el bloqueo de los colonizadores en Yucumo o por la acción policial.

El denominado secuestro del Canciller, al que según él lo obligaron a marchar entre 5 y 7 kilómetros para que los marchistas consigan vencer el primer cerco policial, se presenta como una causa desencadenante de la represión policial “imperdonable”. Y voceros oficiosos del gobierno señalan que los medios no difundieron, como debían, aquel ultraje al jefe de la diplomacia boliviana. Esa queja sobre ese llamado secuestro ignora que Bolivia es un escenario de lucha de clases o de un conflicto mayúsculo y que los rehenes son un recurso asumido por luchadores sociales y políticos, sobre todo cuando se agudiza aquella lucha o se agrava el conflicto

La “guerra de cuarta generación” (según La Época) o el complot de los medios contra el gobierno (de acuerdo al Vicepresidente boliviano), no son lo mismo, pero tienen un denominador común.

La represión “imperdonable” a los marchistas indígenas en San Lorenzo (Yucumo) el 25 de septiembre, cuyos pasajes mostraron muchos de los medios de difusión, particularmente, los canales de televisión, reflejaron la crueldad que lastimó física y psicológicamente a niños, mujeres, ancianos, a los marchistas. A eso se denomina uso desmedido de la fuerza (¿cuál será el uso medido de la fuerza?). Para nosotros allí se violaron los derechos a la libertad, seguridad, locomoción, asociación, libre expresión, al agua, a la alimentación, a la atención preferente a los menores; derechos estipulados en la Constitución Política boliviana, Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007) y Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esas violaciones merecen una investigación (para descubrir y no para encubrir), proceso y castigo. Esa acción, ejecutada por orden de los actuales gobernantes (del presidente Morales en especial), podría registrarse en una antología de la estupidez política.

Esa acción política, examinada en su forma y en su contenido, no fue inventada por los medios de difusión, aunque es necesario recordar que esos medios (y todos los bolivianos) tenemos derecho, individual y colectivo, a informar con veracidad, ayudar a la comunicación en la sociedad, a opinar con responsabilidad y a interpretar con ética. Estas formas de expresión (periodística y no periodística) se las emprende, siempre, de acuerdo a los intereses de clases, sector social, gremial, institucional, corporativo, profesional, cultural…

El gobierno y sus voceros, oficiosos y oficiales, parece que esperan todavía que los medios, culpados de promover esa G4G y/o el complot, apoyen la política gubernamental y/o callen o minimicen los errores de los inquilinos del Palacio Quemado. “Callar es lo mismo que mentir”, decía Luis Espinal y al menos los mejor informados tendrían que tomar en cuenta esa frase.

La mayoría de los medios de difusión despolitizan y repolitizan, desideologizan y reideologizan, entre otras cosas. En consecuencia, es propio de ilusos creer que esos medios abandonarán su “visión” y su “misión”, para decirlo en ese lenguaje de los manuales sobre planes estratégicos del que son afectos los que escriben (incluidos los escribidores), acríticos los más, acerca del actual régimen político boliviano.

Entre los periodistas que escriben por cuenta propia o por encargo, repiten el libreto de los gobernantes o quizá ayudaron a elaborar. Dijeron y dicen: marcha indígena apoyada (inspirada o utilizada) por el imperio y la derecha; movimiento sin programa al comienzo y luego levanta una plataforma desmesurada; acción política sobre todo y reivindicaciones demandadas que sólo son un pretexto; caminantes que reciben apoyo de ONG y de Naciones Unidas; asimismo, respaldo de “tipnólogos”, ambientalistas de última hora, ecologistas aparecidos con la marcha, enemigos ayer y amigos ahora de los indígenas; “tontos útiles” del imperio y de la derecha; gentes que no entienden los esfuerzos que hacen los gobernantes para seguir en el camino de los cambios o que fueron ganados por los enemigos del gobierno; en fin, todos aquellos que quieren presentar al Presidente de Bolivia como “anti-indígena”, entre otros.

Lo que callan los defensores del gobierno (o ll’unkus, para decirlo con el adjetivo de atinado calibre que utiliza Rafael Puente) es que Evo Morales y los gobernantes pierden apoyo debido al gasolinazo frustrado, a que policías mataron a dos jóvenes en Caranavi (V-2010), a la desatención presidencial de la demanda de los potosinos, a la otra desatención de la demanda de la VII marcha indígena, a la legalización de los vehículos “chutos” y ahora la decisión presidencial que hace horas volvió a ratificar: que el camino entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, si se lo hace, tiene que atravesar el TIPNI, luego de admitir que fue un error suyo decir que “quieran o no los indígenas” se construirá esa vía.

Ese comportamiento gubernamental va aparejado de las mentiras difundidas desde el Estado y por el gobierno. Citamos otras mentiras, conocidas, pero vale reiterarlas: En declaraciones reiteradas de los gobernantes y en avisos publicitarios se dijo: Si se deja de producir gas en el Aguaragüe, como piden los indígenas marchistas, Bolivia perdería 11 millones de dólares por día, a pesar de que los gobernantes saben o tendrían que saber que en aquella reserva natural, en este momento, no se produce ni una molécula de gas ni de petróleo. El Presidente aseguró que en la marcha había tanta comida que se malograba o que los marchistas dicen que carecen de dineropero pueden comprar una vaca (para 1.500 personas), res que el día de la represión policial regaló una familia chimán a sus hermanos del mismo linaje. Una tercera mentira oficial de la serie que resumimos: la “intervención” policial en Yucumo fue ordenada por un fiscal. El encubrimiento se suma a las mentiras: datos públicos e indicios ayudan deducir, el gobierno resolvió impedir que la marcha llegue a La Paz y de una medida como ésa responde el gobierno y el presidente Morales. Más aún: el entonces viceministro Chávez y el ministro Santalla, cuando se les preguntó sobre la renuncia de Chacón al ministerio de Defensa, respondieron que esa dimisión debió llegar inmediatamente después de la medida que tomó el gobierno sobre la marcha. ¿Cuál medida? Impedir que la marcha indígena llegue a La Paz.

Tomemos en cuenta el discurso de Evo Morales sobre la Pachamama. Si éste respetara los derechos de la Madre Tierra (más importantes que los derechos humanos, según él) tendría que defender el TIPNIS para lo que debe convencerse y convencer de que no se construya el camino de la discordia que partiría en dos la reserva de agua dulce más importante del país, entre otras riquezas que atesora aquel territorio indígena.

Escribidores del gobierno dicen que se pretende, en Bolivia de hoy, que el Estado renuncie al monopolio de la fuerza. Este tema merece un debate aparte, pero respondemos a la peregrina afirmación que si aquello ocurre el Estado dejara de ser tal. Sin embargo, la fuerza estatal debe ser utilizada para someter a los enemigos del proceso y del gobierno, jamás para reprimir al pueblo, como sucedió en Yucumo que demanda la materialización de sus derechos.

En base a los datos, puntos de vista e interpretaciones precedentes nos animamos a sostener que son los errores del gobierno los que explotan a su gusto y sabor los enemigos reales y encubiertos de los cambios bolivianos los que, sin embargo, pierden su esencia sobre todo por culpa de los gobernantes.

El imperio nunca dejará de conspirar contra un proceso de cambios (por tibios que éstos sean), pero si consigue despojar a los cambios de su filo avanzado, respaldará abierta o embozadamente las reformas que no amenacen de muerte al capitalismo dependiente y atrasado.

Los empresarios, los socios de Evo (que se supone no son patrones suyos), se moverán a sus anchas mientras ganen el doble o el triple, como dijo el vicepresidente García Linera.

En vez de unir, organizar, educar (políticamente) al pueblo, el gobierno hace exactamente lo contrario, lo que es verificable, pero que sus áulicos que lo advierten callan, al estilo de los que tienen mentalidad y comportamiento cipayo.

Mi y nuestra diferencia con esos áulicos, menos mal que cada vez son menos audibles, está en que nosotros, que hemos aportado para el advenimiento de un proceso como el actual, lo defendemos con menos fervor cada día. En tanto que respaldaremos al gobierno sólo cuando asuma de veras acciones democráticas, populares, antiimperialistas y revolucionarias.

Y respecto de la demanda principal de la marcha indígena no tenemos dónde perdernos: exigimos también, desde nuestro sendero, la suspensión definitiva de la construcción del camino de la discordia que parta en dos el TIPNIS y si se aprobara un referéndum éste debe ser nacional para cocinarlo en su salsa a Evo Morales y a los que alientan un “territoricidio” si se impone la política vial dispuesta a sacrificar los verdaderos intereses regionales, populares y plurinacionales para servir al subimperialismo brasilero, cocaleros, madereros, ganaderos y a los que, específicamente, pretenden más tierras en el TIPNIS para plantar más coca.

Y aunque parece tarde reiteramos que, creemos, que sólo será posible una salida a la crisis política que vivimos y/o protagonizamos si Evo Morales, con el pueblo y sus organizaciones, construyen una nueva alianza, para ejecutar un programa democrático, popular, antiimperialista y revolucionario el que, para el TIPNIS proponga otro desarrollo que es posible, un desarrollo humano sostenible en el que se contemplen los intereses del pueblo y del país, sin sobreposiciones, es decir, que si se tuviera que sacrificar intereses egoístas, esos deben ser de los sectores sociales todavía dominantes en Bolivia y de los redivivos bandeirantes brasileños.

La Paz, 1 de octubre de 2011.

*Periodista