Defensoría del Pueblo: casos de tortura aumentaron un 56% en 2013

Luis Fernando Cantoral

(AquíCom/30-08-014) La Defensoría del Pueblo recibió y procesó entre enero y octubre de 2013 un total de 1.119 casos que incluyen tortura, tratos crueles e inhumanos, señala el XVI Informe presentado este mes a la Asamblea Legislativa Plurinacional presentado.

“Es importante señalar que se ha evidenciado en esta gestión un considerable aumento de este tipo de vulneraciones, superior a las tres gestiones anteriores, cuya suma alcanzó a 1.746 casos. En relación al año pasado, por ejemplo, se evidencia un incremento de casi el 56% de casos”, señala el Informe defensorial.

La institución lamenta que la utilización de la tortura sea el “modus operandi” de los efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas para extraer información, situación que es corroborada por la organización Amnistía Internacional (AI).

“Los métodos de tortura utilizados en Bolivia están diseñados principalmente para extraer confesiones y otra información como parte de las investigaciones criminales. También se incluyen técnicas de intimidación y humillación…”, señala la Defensoría.

Amnistía Internacional en el estudio denominado: “Un mundo de tortura” en su edición 2013 y refriéndose al Estado Plurinacional de Bolivia señala que:

“La tortura está profundamente enraizada en la modus operandi de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley boliviana”. “Los detenidos (de las cárceles) sufren terribles condiciones de detención por el Estado”, señala.

El Instituto de Terapia contra la Tortura (ITEI) denunció que las torturas a detenidos en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se dan incluso en presencia y con anuencia del fiscal de turno, quien legitima esta práctica ilegal.

Tipificación de la tortura

En mayo de 2013, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura emitió el informe sobre Bolivia. El documento, uno de los más críticos que ha emitido este organismo sobre el tema, expresa su preocupación porque Bolivia “no haya tipificado todavía el delito de tortura conforme a lo dispuesto por la Convención”.
Refriéndose al anteproyecto de reforma del Código Penal que plantea la modificación del artículo 295 (vejaciones y torturas), considera que la redacción actual de dicho anteproyecto presenta carencias importantes al no incluir el propósito de la conducta en el tipo básico del delito y considerar los motivos para infligir tortura como circunstancias agravantes.

Asimismo señala, que el anteproyecto, “tal y como está formulado, no contempla los actos de tortura realizados para intimidar o coaccionar a un tercero ni aquellos cometidos por una persona, distinta de un funcionario, en el ejercicio de funciones públicas”.

Impunidad

La Defensoría del Pueblo señala que pocas víctimas presentan quejas por casos de tortura ya sea por temor a represalias o porque están acostumbrados a la violencia por el Estado.

Otro aspecto que resalta es que cuando las víctimas se animan a denunciar, “las investigaciones realizadas por la Policía o el Ministerio Público son escasas, lentas y a menudo totalmente inadecuadas”.

Muestra de esta situación, señala, quedan pendientes de resolución judicial, y en algunos casos incluso de investigación, los casos de Olorio, Poma Guanto y Chaparina, que son los que alcanzaron alto impacto público y muestran evidencia incontrastable de que se cometieron estos delitos.

El Comité contra la Tortura expresa su “preocupación sobre las demoras habidas en la instrucción y en el examen de la causa penal en la mayoría de los casos individuales de malos tratos, tortura, uso excesivo de la fuerza y muertes en custodia”. Asimismo, recoge la preocupación de la Defensoría del Pueblo por la posible prescripción de algunos de estos delitos.

Tortura a migrantes y refugiados

La Defensoría denuncia que “un alto número de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo es detenido arbitrariamente, víctimas de la violencia, y expulsados de Bolivia sin ser dada la oportunidad de impugnar la decisión o resaltar los riesgos asociados con un retorno a su país de origen”.

Subraya que “la policía nacional y en particular la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) y la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) usan la fuerza para llevar a cabo detenciones arbitrarias y violencia cuando remiten a los sospechosos en custodia, como parte de las operaciones de rutina y la lucha contra la delincuencia o mantener el orden público”.

Tortura en la sociedad

En relación al ámbito de la sociedad, indica que los tratos degradantes, crueles e inhumanos se han incrementado de manera “exponencial” en el último tiempo, especialmente los que se relacionan con los casos de violencia hacia la mujer y las niñas, niños y adolescentes.

“La saña con que se cometen los delitos de violación seguida de muerte, evidencian en muchos casos hechos de flagelación, desmembramientos, mutilaciones, apuñalamientos, golpes brutales y heridas múltiples en muchas de las víctimas, lo que no es común cuando se trata de la violencia ejercida contra hombres”, indica.
Tan sólo en 2012, agrega el informe, un número de 28 mujeres violadas y asesinadas fueron sepultadas sin posibilidad de reconocerse debido a la condición en que fueron encontradas.

Del mismo modo, muchos casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes muestran señales de tortura sistemática y permanente, especialmente las que tienen que ver con violaciones repetidas por largos periodos de tiempo. De la misma forma las expresiones de violencia contra la mujer se traduce en torturas, trato cruel e inhumano y degradante, entre ellos están los feminicidios.

Linchamientos

Otro espacio donde se evidencian tratos crueles e inhumanos es en los linchamientos. “Normalmente estos delitos están precedidos de tiempos a veces prolongados de flagelación, golpes, heridas, quemaduras y amordazamientos que son aplicadas por varias personas del mismo grupo. En algunos casos, la aplicación de la violencia va más allá de la muerte habiéndose dado casos en los que las víctimas han sido enterradas por la misma comunidad”, dice el informe (AquíCom/30-08-014).