21 de diciembre 1942: La masacre de Catavi

masacre de catavi

A rajatabla

Yuri Aguilar Dávalos

La columna de mujeres y hombres mineros avanza por la pampa que une Siglo XX con Catavi. Se dirige a las oficinas de la empresa Patiño Mines. Cuando los miles de manifestantes están en campo abierto se escucha el tableteo de ametralladoras. Es el 21 de diciembre de 1942.

Hace una semana que los sindicatos de “Oficios Varios” de Catavi y de “Trabajadores Mineros” de Siglo XX declararon la huelga general exigiendo mejores condiciones de vida y de trabajo.

El conflicto no es nuevo. Hace más de un año que sus dirigentes presentaron un pliego donde pedían aumento de remuneraciones en una escala del 10 al 60 por ciento y el congelamiento de los precios de las pulperías. Pero la empresa ofreció aumentos entre el 10 al 25 por ciento, propuesta rechazada lo mismo que la del Tribunal de Conciliación  que propuso un aumento del 10 al 30 por ciento y congelamiento de precios en las pulpería.

El 30 de septiembre se reaviva el conflicto. El Sindicato de Oficios Varios pide el 100 por ciento de incremento. La empresa Patiño hace oídos sordos y los dirigentes tienen que desplazarse a La Paz, al Ministerio de Trabajo, para que su demanda sea escuchada. Las demandas se generalizan en todo el país. El gobierno de Peñaranda intenta chantajear a los dirigentes prometiéndoles aprobar el “Código Busch” o la Ley General del Trabajo a condición de que vuelvan a sus distritos para convencer a sus bases a levantar las demandas salariales, pero los dirigentes se niegan a aceptar esa maniobra que significaba una traición a su causa. Pese a ese impase, ese gobierno promulga La Ley General del Trabajo el 8 de diciembre, a fin de aplacar las protestas, pero los mineros no caen en la trampa y dan plazo de cinco días para que sus demandas sean escuchadas.

Esta Ley que reconoce importantes conquistas laborales también favorece a los patrones por los procedimientos que había que seguir en las demandas; de esa manera evitaba las protestas de los trabajadores, sobre todo en ese tiempo en que se vivía la Segunda Guerra Mundial, donde Bolivia se había comprometido a proveer estaño a la industria guerrera de los aliados que están en guerra contra las naciones del Eje nazi-fascista..

El régimen imperante ponía bajo jurisdicción de la Fuerzas Armadas los centros de trabajo que presentasen síntomas de agitación social y así lo hizo el 9 de diciembre con esa minas, declarándolas zonas militares, al mando del Cnel. Luis Cuenca: “El Presidente de la República y los ministros de Gobierno, de Defensa y de Trabajo declaramos la ilegalidad de la huelga. Al mismo tiempo, el Jefe de la Región Militar de Oruro, coronel Luis Cuenca fue instruido para tomar a su cargo la vigilancia de Catavi y de los huelguistas, si el paro se producía.”[1] Con esta medida el gobierno da por agotadas las negociaciones legales y transfiere la solución del conflicto a la fuerza de los uniformados.

El 13 el gobierno de Peñaranda decreta el estado de sitio en Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. El mismo día el Cnel. Cuenca se apersona a Catavi y también son apresados los dirigentes; entonces, hacia el medio día, una muchedumbre pide la libertad de sus dirigentes, la que es recibida con fuego de metralla de los carabineros. El 15 declaran la huelga los sindicatos de Catavi y Siglo XX.

El Cnel. Cuenca, por instrucciones del Ministro de Trabajo, intenta sin ningún éxito, reabrir las negociaciones y obligar a que los trabajadores retornen al trabajo. Generalmente, para doblegar las protestas de los trabajadores, a fin de rendirlos por el hambre y la desesperación, la Empresa retenía los salarios, pero esta vez es el gobierno el que da la orden de no cancelarles los sueldos impagos “mientras los obreros depusieran su actitud subversiva”.[2] Pero ni esa medida arbitraria detiene la protesta obrera, obligando a la patronal y al gobierno a pagarles el domingo 20, esperando que al día siguiente se normalice el trabajo; sin embargo, el 21 nadie entra a trabajar.

Ese 21 se programa una crecida movilización para retomar las demandas salariales. La agitación en las dependencias de la Empresa es permanente. El Cnel. Cuenca, mediante un oficio entregado a los mineros, a través del My. Bustamante, les advierte que no se tolerará más protestas y que cualquier concentración será disuelta. Bustamante es abucheado en la sede sindical, al mismo tiempo que el dirigente minero Pedro Ajuachu le aclara al militar que ellos sólo cumplen lo aprobado por las bases. Mientras tanto afuera, patrullas de soldados vigilan los campamentos y no permiten la circulación ni de las mujeres. La Empresa mantiene cerradas las pulperías.

Aproximadamente 8 mil mineros se concentran en Siglo XX y bajan hacia las oficinas de la empresa de Patiño en Catavi. Los militares del Regimiento Ingavi los esperan en una explanada donde han instalado sus ametralladoras. Cuando la muchedumbre se encuentra en campo abierto encabezado por mujeres y niños, con la creencia que así protegerían a los obreros que marchan detrás, los uniformados al mando del My. Bustamante y los tenientes Carlos Sánchez y N. Ávila [3] empiezan a disparar sus armas de fuego. María Barzola es una de las primeras víctimas de esa masacre.

Hasta el miércoles 23 de diciembre las Fuerzas Armadas de Bolivia continúan reprimiendo en los campamentos de Catavi, Siglo XX, Miraflores y Cancañiri. El gobierno da una lista de 19 muertos y 40 heridos, pero otras fuentes señalan que fueron 40 los muertos e incluso se afirma que llegaron a 400.

En agosto del 1943 durante una interpelación a los ministros de Peñaranda, en el Parlamento, se supo que el presidente Peñaranda y el ministro de Defensa Candia instruyeron telegráficamente al Cnel. Cuenca lo siguiente: “Queda usted autorizado para sancionar infractores, sometiéndolos jurisdicción militar”.

El principal argumento del gobierno para justificar la represión fue que los mineros habían iniciado una huelga ilegal, pero también se los acusó de actuar en estado de ebriedad, de haber utilizado dinamitas y bombas molotov, de enarbolar banderas rojas…; los mineros de base y dirigentes desmintieron esas falsedades y puntualizaron que esa marcha era pacífica que sólo era para pedir que las pulperías se abrieran y que se atendieran sus justas demandas.

Así, ese 21 de diciembre de 1942 una vez más ciudadanos bolivianos que sólo pedían mejores condiciones de vida fueron masacrados por las Fuerzas Armadas al servicio de un gobierno aliado al empresariado.

Principales responsables de la masacre:

—Gral. Enrique Peñaranda, Presidente de la República

—Juan Manuel Balcázar, Ministro de Trabajo

—José Miguel Candia, Ministro de Defensa

—Pedro Zilvetti Arce, Ministro de Gobierno

—Cnel. Luis A. Cuenca, Jefe de la Región Militar Nº 3, Oruro

—My. N. Bustamante

—Tte. Carlos Sánchez

—Tte. N. Ávila

[1] Los problemas sociales en Bolivia. Una mistificación demagógica: La masacre de Catavi.  Juan Manuel Balcázar. La Paz, Universo, 1947

[2] Historia del movimiento obrero boliviano 1933-1952. Tomo IV. Guillermo Lora. La Paz, Los Amigos del libro, 1980

[3] Llallagua: Historia de una montaña. Roberto Querejazu Calvo. La Paz, Los Amigos del Libro, 1977