Tacanas denuncian violación colectiva por lío de tierras*

CONFLICTO Un grupo de barraqueros cometió el delito en la comunidad El Retorno, en Pando, para que los originarios, mediante presión, dejaran las tierras.

Claudia Soruco/ El Retorno, Pando - 22/07/2013

Nueve indígenas tacanas, entre ellas dos menores de edad, de El Retorno, Pando, denunciaron ante el Ministerio Público haber sido violadas el 19 de enero como una forma de amedrentamiento en una disputa por tierras destinadas a la producción de almendra. Después de los sucesos algunas de sus casas fueron quemadas. 

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra los acusados, pero ninguno está detenido y el proceso en su contra avanza lentamente. Aunque realizaron denuncias públicas, los indígenas han logrado escaso apoyo de las autoridades, con la excepción de la Defensoría del Pueblo y hasta hoy reciben amedrentamientos.

El Retorno, comunidad pandina ubicada al sureste de Cobija, fue escenario del ataque que, aseguran las afectadas, se compara a escenas de una película de terror. En el hecho también fueron maltratados niños y adultos, dice la denuncia.

Según la acusación, 60 barraqueros (recolectores de castaña) oriundos de Riberalta llegaron al lugar liderados por dos mujeres. Estaban armados con escopetas, machetes y palos. Fueron contratados por una familia que asegura ser la propietaria del terreno de 10.000 hectáreas y que busca sacar a los indígenas tacana, del Movimiento Sin Tierra, del lugar. 

Un tacana muestra un cartucho de escopeta.

Como una forma de intimidarlos y forzarlos a salir redujeron y maniataron primero a los hombres y luego violaron a las mujeres. Este medio intentó, en Riberalta, hablar con los denunciados, pero no se consiguió ubicarlos. 

“Me agarraron entre varios cuando estaba dentro de mi casa. Me patearon, me tumbaron y me dieron un golpe en la nuca con una madera, me desmayaron. Al despertar estaba sin mi ropa y sólo había una polera que me cubría. Tenía dolor y hemorragia. Me violaron”, relató Damaris, de 16 años, a Página Siete.

“Cuando todo terminó, nos levantaron del suelo y nos obligaron a caminar, a salir de nuestras casas porque decían que era de ellos ese lugar. Cada vez que me acuerdo me pongo mal”.

Según la denuncia, los agresores sacaron a jalones a quienes estaban en sus rústicas casas hechas de troncos y palmas. Las violaciones se produjeron en algunos casos dentro de sus viviendas y en otros “las llevaban al monte, las golpeaban y les quitaban la ropa y ahí las abusaban”, narra Amparo Mendoza, de 26 años, mientras sostiene en brazos a la menor de sus tres hijos.

“Recordar ese momento es doloroso. Las pesadillas siguen y nuestros hijos a veces no pueden ni dormir. Fuimos torturados, humillados y las mujeres, abusadas”, agrega Mendoza.

Ella dice que fue ultrajada por los barraqueros que llegaron con el argumento de que esas tierras les pertenecen “por derecho”.

Cuando habla de lo sucedido tiembla y su temor se exterioriza además en la debilidad de su voz. Sus ojos hinchados delatan que el llanto aún persiste pese a que ya pasaron seis meses de la agresión sufrida.

El hecho ocurrió a las 9:00, cuando 18 mujeres, una docena de niños y diez varones, entre adolescentes y adultos, realizaban sus actividades cotidianas en la comunidad. Los demás habían salido a comprar víveres y a participar en una reunión sectorial.

“Yo estaba lavando mi ropa y de pronto escuchamos disparos, gritos e insultos. Nos sacaron de las casas y comenzaron a golpearnos”, cuenta Daniela Navi (20).

Patricia Romero Zardán, fiscal de materia de Pando, informó que los afectados sentaron la denuncia ante el Ministerio Público el 14 de febrero por delitos de abuso sexual y agresiones físicas. Los indígenas denunciaron que el proceso avanza lento y que no son escuchados por las autoridades. Los amenazas continúan.

“La denuncia (por abuso sexual) es contra miembros de la familia Rivero. Para investigar, el forense ha tratado de hacer las valoraciones médicas ginecológicas, sin embargo, las víctimas no han aceptado ser valoradas ginecológicamente, lo que complica la investigación”.

La fiscal precisó que los denunciados fueron citados para declarar, sin embargo, “no se han presentado y ante esa inasistencia hay una orden de aprehensión para lograr sus declaraciones informativas”.

Manto de tristeza

El Retorno es una comunidad conformada por unas 150 familias tacanas; cada hogar tiene en general dos o tres hijos. Los indígenas viven de la zafra de castaña, que se realiza entre noviembre y febrero; el resto del tiempo obtienen sus ingresos de la caza y trabajando como obreros en construcciones de caminos, viviendas y otras infraestructuras.

Para llegar a Riberalta, la localidad importante más cercana, los indígenas suelen caminar unas siete horas hasta el caserío de Vitiviti; algunos hacen el trayecto en moto, en alrededor de una hora y media. 

Por Vitiviti atraviesa la carretera en la que llegan en cuatro horas en auto a Riberalta. Aunque El Retorno está en Pando, está más cerca de esa ciudad beniana que de Cobija.

Una sombra de tristeza y rabia afecta a los habitantes de la pequeña aldea. En el lugar donde vivieron momentos de angustia sólo se ven restos incendiados junto a prendas de vestir esparcidas por el suelo. Se distingue entre los desechos un cartucho de escopeta.

“Quemaron todo lo que pudieron. Arrastraron a todos los que estaban, aprovechando que gran parte de nosotros se había salido a Riberalta”, relata el presidente de la comunidad, Erwin Suárez.

Tras la violencia, que duró al menos dos horas, el grupo de barraqueros obligó a los tacanas a salir de El Retorno.

“Así, amarrados llevaron a los hombres y a algunas mujeres y a nuestros hijos por detrás”, cuenta Amparo. Recorrieron un trecho por la selva durante cinco horas y fueron “echados” en un bote por el río Beni.

Volvieron al día siguiente, pero están temerosos que los barraqueros cumplan su palabra de volver para expulsarlos.

Conflicto de tierras sin solución

El hecho de violencia registrado el 19 de enero en la comunidad El Retorno, en el departamento de Pando, se generó por una disputa de tierras que ya lleva alrededor de cinco años sin resolver. 

“Necesitamos que este conflicto se solucione, porque muchos de los compañeros que han sido maltratados huyeron a Riberalta por el miedo de volver a ser agredidos por los barraqueros”, alega Erwin Suárez, presidente de la comunidad.

Las personas denunciadas por los tacanas como las agresoras habitan la comunidad de San Luis, a pocos kilómetros de El Retorno, y son, dicen los agredidos, en su mayoría barraqueros que se amparan en el Decreto Supremo N° 27572 que otorga en su artículo 20 “la concesión al derecho de acceso y aprovechamiento de los recursos forestales no maderables en el Norte Amazónico a favor de personas individuales y colectivas que hacen aprovechamiento de los mismos (barraqueros)”.

Argumentan que tienen el amplio respaldo para exigir las tierras, pese a que los comunarios de El Retorno solicitaron desde hace varios años la concesión de esos predios a su favor. 

Este medio intentó comunicarse con la parte denunciada (el grupo de barraqueros) en la ciudad de Riberalta, pero no fue posible.

*Tomado del diario paceño Página Siete del lunes 22 de este mes y año.

http://www.paginasiete.bo/2013-07-22/Gente/NoticiaPrincipal/171-172Gen00101lun22.aspx