La victoria de Branko

Flechas yurakarés

Alejandro Almaraz

Si Branko Marinkovic volviera, venciera y gobernara, esclarecido exponente del latifundio y el agro-empresariado, como es, concentraría sus acciones y esfuerzos en un solo objetivo prioritario para su gremio: liquidar la función histórica central de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, anulando en ella las disposiciones que determinan la obligatoria redistribución comunitaria de las tierras latifundiarias, mal habidas o usadas de modo insostenible.

Eso es, exactamente, lo que Evo Morales en estos días se apresta a terminar de consumar con la aprobación legislativa de su proyecto de ley de “pausa en la verificación de la función económico- social de la tierra” (FES). Se trata de la culminación de una crecientemente acelerada iniciativa gubernamental para el congelamiento y regresión del proceso de la reconducción comunitaria de la reforma agraria —iniciada hace dos años y medio, con el acuerdo celebrado entre el Gobierno y el empresariado agropecuario— que marcó el derrotero programático de la “profundización del proceso de cambio” resuelta por el “encuentro plurinacional” de Cochabamba, y cuyo primer y promisorio fruto fue la legalización de la producción y comercialización de transgénicos en la Ley de Revolución Productiva Comunitaria. Su segunda realización, ya en el fundamental ámbito de la tenencia de la tierra y mediante la ley irónicamente llamada de “restitución de bosques”, fue perdonar la reversión que debía aplicarse legalmente sobre varios millones de hectáreas por el incumplimiento de la FES —expresado en el uso insostenible y depredatorio de la tierra que suponen los desmontes ilegales de tierras de vocación forestal—. 

Ahora se trata de darle el tiro de gracia a la redistribución comunitaria de la tierra, liberando a los grandes y medianos propietarios, por cinco años, de su obligación constitucional de cumplir la FES y, consiguientemente, renunciando por ese lapso a la reversión que tiene por causal legal precisamente ese incumplimiento. La restricción que en algunas versiones del proyecto de ley limita la pausa a los procesos de reversión seguidos por iniciativa de la autoridad pública fuera del saneamiento, dados los avances ya alcanzados por el proceso de saneamiento, que es la otra vía para revertir, y la vigencia del perdonazo recién mencionado, es irrelevante. Las posibilidades reales y legales de redistribuir superficies importantes y productivas de tierra, especialmente de vocación agrícola, a favor de las comunidades campesinas e indígenas radican en los procesos de reversión que sólo el Estado tiene la capacidad material de impulsar.

En todo caso, es bueno aclarar que esta medida no es el inicio en la defensa del latifundio por el Gobierno de Evo Morales, sino, por el contrario, su culminante consagración jurídica, dada en la máxima garantía institucional, que el Estado puede otorgar, al anular los fundamentales preceptos antilatifundiarios de la ley. Si de defensa efectiva del latifundio se trata, la dinámica corrosiva y paralizante del proceso agrario que la corrupción y la ineptitud funcionaria, no exentas de la oscura influencia terrateniente, han impuesto rápidamente a la administración agraria en los dos últimos años, ha hecho una gran obra. Así lo testimonia la caída drástica en los avances del proceso de saneamiento que de haber alcanzado los 15 millones de hectáreas el año 2010, bajó a seis el 2011 y a menos de cuatro el 2012; la absoluta inexistencia de nuevos procesos de reversión a partir de 2011; la paralización casi total del proceso de expropiación en favor de las comunidades guaraníes de Chuquisaca; la disminución de la dotación comunitaria de tierras fiscales a unos pocos casos de dudosa transparencia e insignificante superficie; o la consolidación del asalto menonita a miles de hectáreas de tierras fiscales en el Beni, entre muchísimos otros hechos acumulados a manera de una gigantesca montaña de frustración que aplasta las históricas demandas sociales de tierra y territorio.

Branko no necesita estar en el país ni firmar acuerdos para consumar su victoria, ahí están sus camaradas de logia y comité encargándose, como siempre (o como nunca), de que los comunes asuntos corporativos fecunden a la sombra protectora del poder político. Es mucho mejor para él disfrutar, desde su tranquilo y bien socorrido autoexilio, de la rotunda victoria de su causa, acrecentada por el personalísimo obsequio gubernamental de haberle permitido retener la detentación ilegal de 14.000 hectáreas del territorio guarayo en Laguna Corazón, sin tener que dar la cara por los intereses del latifundio y el glifosato. Para amparar y representar esos impresentables intereses, ¿qué mejor cara que la del primer Presidente indígena y qué mejor discurso que el de la “revolución democrático y cultural”? 

Alejandro Almaraz es abogado. Fue Viceministro de Tierras.