El presidente Morales ordenó la represión contra indígenas en Chaparina

Los gobernantes, en especial el presidente Morales, decidieron impedir que la VIII marcha indígena llegue a La Paz.

Para acabar con la defensa pacífica del TIPNIS, los gobernantes instruyeron que colonizadores bloqueen el paso de los marchistas por Yucumo hacia la sede de gobierno.

Incluso los policías fueron a Chaparina, cerca de Yucumo, con similar misión a la de los bloqueadores-colonizadores: dificultar la caminata de los defensores de la reserva natural y del territorio indígena y para impedir que pase de esa localidad beniana.

El supuesto secuestro del canciller Choquehuanca, con ayuda de una policía infiltrada en la VIII marcha, fue parte de la organización represiva contra los compatriotas. Represión que quiso paralizar, desorganizar, desunir, desorientar, acabar con la resistencia indígena que, en esencia, busca preservar la vida humana, animal y vegetal en el TIPNIS.

Sobre todo el Presidente se niega reconocer que fue derrotado por los indígenas de la VIII marcha, con el apoyo del pueblo boliviano, de alteños y paceños en especial.

Una marcha minúscula de cocaleros e indígenas, encabezada por el cocalero, Gumercindo Pradel pretendió superar el apoyo popular a la VIII marcha, sin conseguirlo. Con la ayuda decisiva de los gobernantes, consiguieron una consulta posterior, desinformada y de mala fe entre pocos pobladores del TIPNIS la que no pudo ni mermar los alcances de la resistencia de los originarios en la reserva natural (de todos los bolivianos) y del territorio indígena (TCO de propiedad colectiva de mojeño-trinitarios, yuracerés y chimanes).

Los gobernantes estos días atacan a los pobladores del TIPNIS. Por eso, con una represión política con el nombre de proceso criminal, pretende encarcelar como a reos rematados a tres dirigentes indígenas que mantienen una digna vigilia en Trinidad. Los gobernantes, asimismo, buscan que sus obedientes asambleístas, aprueben un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública, pero que prohíba informar sobre estudios de impacto ambiental y de exploración y explotación de las riquezas mineras bolivianas, entre otras prohibiciones. El proyecto de ley sobre la consulta previa, informada y de buena fe —como dispone la Constitución Política— creemos que tratará de facilitar la exploración y extracción de petróleo y gas (y otros recursos naturales) de los parques nacionales y de los territorios indígenas.

Respaldamos la exigencia para que al ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti Soliz, sea imputado, procesado y sancionado, así como los otros autores materiales e intelectuales de la represión a indígenas en Chaparina. Sin embargo, admitamos que aquel funcionario público tiene protección gubernamental, estatal y diplomática. Llorenti disfruta impunidad.

Lo que se exija contra el ex ministro de Gobierno, sin embargo, no debe llevarnos a olvidar que el presidente Morales fue el que ordenó o al menos consintió la represión en Chaparina y que el vicepresidente García Linera, según él, sigue encubriendo al que ordenó los ultrajes policiales y miliares en Chaparina.

Desconfiamos de la justicia ordinaria porque lo que hace, ahora, es aplicar las leyes para ampliar la represión política contra el pueblo, contra los indígenas del TIPNIS.

Ni olvido ni perdón para los verdugos de Chaparina. Y la justicia para las víctimas podría tardar más de lo que se considera normal, pero como no hay mal que dure cien años ni pueblo que lo aguante, una sombra fatídica acompaña al Presidente, al Vicepresidente, a ministros y a ex ministros como Llorenti.

La Paz, 20 de agosto de 2013.