Gobernantes quieren arrebatar a los indígenas su derecho a la consulta

editorial

Los gobernantes, con la fuerza del llamado Estado plurinacional, de hecho les arrebataron a los indígenas del TIPNIS, el derecho a la consulta previa, informada, de buena fe y obligatoria. Después de que construían por ambas puntas el camino de la discordia, con presiones y prebendas, manipularon resultados de esa consulta, informaron que la mayoría de moxeño-trinitario, yuracarés y chimanes aprobaron la apertura de esa vía.

Una lectura atenta del informe sobre ese presunto consentimiento para que se construya la carretera lleva a conclusiones distintas: sólo ocho de esas comunidades aceptaron el camino y varios comunarios plantearon condicionamientos.

Después de esa consulta tramposa, los inquilinos del Palacio Quemado ofrecieron incluso un camino ecológico: una especie de pasarela o un subterráneo, gigantescos, de más de 60 kilómetros; los dos dañinos, según entendidos y de acuerdo al sentido común.

Basta un ejemplo para entender lo que sería ese camino ecológico, sobre el que no existe un estudio. Hace poco, en las Islas Galápagos (Ecuador), una empresa privada inauguró un aeropuerto “ecológico” el que utilizará energía solar. Y un aeropuerto ocupa una superficie mucho menor que el que es el TIPNIS, un reservorio fundamental de agua dulce.

Del probable camino que nos separa, han dejado de hablar los gobernantes sólo porque están en campaña electoral —y aunque les importan poco los electores del TIPNIS porque son pocos y porque allí creen que ganarán como en las elecciones de Gobernador para Beni—, actualmente tienen otra urgencia: necesitan buscar petróleo y gas en todas los parques nacionales, varios de los que, al mismo tiempo, son territorios indígenas.

El aviso del Vicepresidente apuntó a esos lugares como reservorios hidrocarburíferos, pero otra vez nada dijo de la consulta a los dueños de casa antes de operaciones exploratorias y extractivas, al parecer, ya decididas.

El Presidente en un último congreso sobre petróleo y gas, realizado en Santa Cruz de la Sierra, dijo que allí se buscará la riqueza natural no renovable, ante lo que voceros indígenas han recordado el derecho que tienen a que se les consulte antes de tomar medidas que causarían daño a su territorio dentro del cual es posible la autodeterminación suya y la aplicación de las costumbres como normas ancestrales.

Asimismo, pasan pocos días de una reunión realizada en Cochabamba entre movimientos sociales cautivos de los gobernantes y éstos en la que unos y otros dicen haber “cosensuado” o, lo que es lo mismo, que los asistentes han aprobado un proyecto de ley marco para la consulta a los indígenas cuando una obra a ejecutarse en su territorio podría ocasionar algún sobresalto que les cambie la vida a esos pueblos.

Ese consenso o consentimiento, que no quiere decir unanimidad, sin embargo, no compromete a los guaraníes, moxeño-trinitarios y otros pueblos indígenas a los que ni siquiera se los acogió en esa reunión, con agravantes a la vista: las opiniones divergentes de esos originarios no fueron ni escuchadas y, por tanto, no fueron tomadas en cuenta.

Citamos ejemplos de esas diferencias de criterio: De acuerdo con los proponentes del proyecto de ley sobre la consulta a los indígenas, los resultados de ésta no deben tener carácter vinculante (obligatorio), si los indígenas dicen de nuevo que el camino no pase por el centro del TIPNIS y/o que allí no se busque ni petróleo ni gas, lugar probablemente rico en esos recursos porque estudios establecen su existencia desde Camisea (Perú) hasta la Argentina, y en parques bolivianos y territorios indígenas como el Madidi y el TIPNIS.

Si el resultado de una consulta a los indígenas, dueños ancestrales de un territorio no es vinculante, para qué se la realizaría. Además, la jurisprudencia internacional da cuenta de que cuando, por ejemplo, indígenas de Monte Belo (Brasil) no aceptaron que se construya un camino se paralizó la obra y los gobernantes cariocas buscaron acuerdos sobre la base de propuestas destinadas a mermar al menos el daño a los ecosistemas, cuyos guardianes consecuentes son los pueblos originarios. La Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (Convenio y Declaración son leyes de Bolivia), implícitamente, mas no de manera expresa, disponen la necesidad de que sin el consentimiento de los pueblos indígenas no debe materializarse ni siquiera una medida administrativa si ésta les afectaría.

En el proyecto de ley que comentamos existe algo peor. Si no hubiera acuerdo entre gobernantes e indígenas sobre el resultado de una consulta, los más próximos a los gobernantes y que son parte de los movimientos sociales, plantean que sea el Presidente de Bolivia el que resuelva la discrepancia porque, según ellos, el primer mandatario representa y expresa los intereses de todos los bolivianos.

Sin embargo, el actual Presidente indígena no está en condiciones de resolver un desencuentro, producto de una consulta a los indígenas, porque ante una contradicción entre originarios y cocaleros, favorecería a éstos. Otro gobernante no indígena, precisamente por eso y porque defendería otros intereses materiales, sacrificaría los derechos de los originarios.

Además, una decisión que deben tomar los indígenas no debe transferirse al principal gobernante ni ahora ni después. No obstante, otra cosa sería que originarios y gobernantes coincidan, lo que determinaría una salida feliz, por ejemplo, como resultado de una consulta.

Algo más: es mentira que el actual Presidente representa y defienda los intereses de todos los bolivianos. Si así fuera, algún momento —como ya sucede— frente a un conflicto, el principal gobernante se inclinaría en favor de los de su clase social, es decir, de los campesinos entre los que predominan pequeños y medianos propietarios, y éstos aspiran a una mayor acumulación de bienes y servicios de los que ya disponen. Esa es una de las razones, sin ser la única, que nos lleva a reafirmar que el Presidente no debe tener la facultad de resolver la falta de acuerdo entre gobernantes e indígenas cuando los legítimos derechos e intereses de los últimos sean disputados por otros sectores sociales.

Lo central de ese proyecto de ley, sobre la consulta a los indígenas, tendría que estar  la vista del pueblo: los gobernantes pretenden que legalmente se les faculte resolver cuándo, con quiénes, dónde y para qué se exploren y exploten recursos naturales como el petróleo y el gas.

Recordemos que Evo Morales les dijo a los guaraníes, en presencia de Hugo Chávez, que lo que ellos querían era que se les pague cuando se les consulte sobre la exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, el primer mandatario olvidó que de la reserva natural de Aguaragüe se proveen de agua poblaciones chaqueñas como Villamontes y Yacuiba.

Los indígenas, guaraníes han dicho que rechazan el proyecto de ley sobre la consulta. Por eso es necesario generar el más amplio y consecuente apoyo a esos pueblos que siguen su lucha en defensa de la vida: del territorio, de la autodeterminación y de la vigencia del derecho consuetudinario en su casa grande.