tribuna
Son más de 200 millones de dólares
Manuel Gonzales Callaú
Septiembre 2019
Según datos de 2017 la cantidad de funcionarios públicos llegaba a 402.763, de los cuales el régimen de Morales tiene control total sobre 46.239 funcionarios: de la Administración Central (19.140), Empresas públicas (14.115), Entidades descentralizadas (13.075).
Desde inicios de este período gubernamental del MAS, casi 14 años, se obligó a los funcionarios de la mayoría de las entidades públicas de la administración central a aportar dinero que en muchos casos llegó al 5% del salario recibido, exigencia que se extendió, cada vez más hacia otras entidades, estén o no en campaña electoral.
Desde hace tiempo sabemos que el aporte “voluntario” de los 46.239 funcionarios de esas entidades públicas llega a Bs300 por lo que se recaudaría mensualmente Bs13.871.700. En lo que va de este año, hasta agosto, se habría recaudado Bs110.973.600 y hasta fin de año se recaudará Bs166.460.400. Si multiplicamos esa recaudación “voluntaria” anual por sólo 10 años y no por 13 que está el MAS en el gobierno, se llega a la millonaria suma de más de Bs1.600 millones, para ser exactos, nada menos que Bs1.664.604.000, lo que equivale a más de 200 millones de dólares ($us.239.167.241).
En esta suma no figuran los aportes “voluntarios” de la mayoría de los funcionarios de las administraciones departamentales, regionales y municipales, incluso de algunas indígenas. Según el Tribunal Supremo Electoral, el MAS gobierna en 227 de los 339 municipios de Bolivia; y controla siete de nueve goberbaciones que tiene el país. ¿A cuánto más ascenderán las recaudaciones con esta cantidad enorme de funcionarios que son obligados a aportar bajo amenaza de perder su trabajo si no lo hacen?
¿Y, dónde se concentra semejante cantidad de dinero? Sabemos que, por lo menos desde el 2007, esa millonaria suma se acumula en el Ministerio de la Presidencia, cartera del gobierno masista en la que la mayor parte del tiempo de estos 13 años ha estado al mando de Juan Ramón Quintana.
¿Y cómo se administra esa millonaria cantidad? ¿A quién se rinde cuentas de los gastos? ¿En qué se “invierte”? ¿Alguna institución fiscaliza o al menos, ya que se dice que este gobierno es del pueblo, alguna organización social lo hace?
Resulta irrisorio que el MAS haya declarado que su presupuesto para las elecciones de octubre, con su binomio ilegal, sea sólo de Bs2 millones es decir algo más de 287 mil dólares; pero, detrás de esa minúscula suma presupuestada hay millones de bolivianos que muy pocos saben dónde van. ¿En este año electoral, a dónde irán los más de 111 millones de bolivianos recaudados “voluntariamente” hasta antes del 20 de octubre?
Los más de 230 millones de dólares recolectados en 10 años, para dar una cifra moderada, son manejados sin ninguna fiscalización, sin ningún registro de su destino (aunque cada Jefe de Gabinete y/o Secretario General de las entidades públicas aportantes saben, con seguridad, cuánto envían al Ministerio de la Presidencia).
En este tiempo electoral, uno de los recursos del oficialismo es cuestionar los gastos de la oposición, pero nadie dice nada de los millones que se amasan en el centro del poder, en el Palacio del Presidente (mal llamada Casa del Pueblo), cifra que rebasa los montos de los Gastos Reservados en gobiernos anteriores a 2006, sumas que se conocían, aunque la información de los gastos haya sido reservada y conocida exclusivamente por la Contraloría; pero ahora, la exorbitante suma recolectada en forma obligada entre los funcionarios públicos, es manejada desaprensivamente, sin que la ciudadanía conozca el monto, sin que se sepa su destino final, sin que los aportantes obligados sepan qué se hace con su dinero, aunque si sabe que la millonaria suma es de libre disponibilidad del Ministro de la Presidencia y su gente de confianza.
Y tenemos más preguntas: ¿Qué operaciones encubiertas se hacen con esos dineros? ¿Qué jerarcas están aumentando su riqueza personal con esos fondos reservadísimos, ya que nadie fiscaliza en qué se gastan? ¿Podremos algún día conocer las planillas de lo recaudado, las que con seguridad llegan al Palacio o es que como en gobiernos anteriores, esa información también se la hace desaparecer?
El saber popular dice que nada queda oculto, por lo que tenemos la esperanza de que pronto se sabrá uno más de los delitos cometidos por los jerarcas que están en el poder desde el 2006, delito tipificado como enriquecimiento ilícito. Estos inquilinos del Palacio de Gobierno que están en el poder desde hace más de 13 años, usan la extorsión, mal llamado aporte “voluntario”, para amasar la millonaria recaudación que seguramente supera los 200 millones de dólares, suma que es superior a los 182,7 millones de dólares desfalcados en el Fondo Indígena.