Violan derechos humanos en la campaña anticoronavirus y en el camino a las elecciones

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Violan derechos humanos en la campaña anticoronavirus y en el camino a las elecciones

Redacción Semanario Aquí

La Paz, 3 de julio de 2020

Los miembros del gobierno interino, gobernadores y alcaldes, en unas regiones más que en otras, desatienden y violan derechos humanos a la salud, a la vida, al trabajo, a la alimentación, a la educación, a la elección, a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión, entre otros.

Esas desatenciones y las violaciones de los derechos humanos se los consuma, también, desde organizaciones políticas, empresariales, profesionales...

El gobierno interino y los gobiernos subnacionales asumen tareas de este tiempo de pandemia, porque el coronavirus llegó a los cinco continentes y a Bolivia el momento en el que la presidenta interina, Jeanine Áñez Chávez, ejecutaba el principal mandato que se le encomendó: tramitar la convocatoria a nuevas elecciones, luego de la anulación de los comicios del 20 de octubre del año pasado, debido a la dolosa manipulación informática de los resultados de aquella consulta, para respaldar a los candidatos Morales-García.

Defensa de la salud y de la vida

La defensa de la salud y de la vida de los bolivianos es una obligación constitucional de los gobernantes del país y de las regiones.

En ese camino, especialmente durante la cuarentena total, la inmensa mayoría de los bolivianos aportamos para contener las infecciones y los decesos de compatriotas, debido al coronavirus.

Ahora que están vigentes las cuarentenas flexibles, los bolivianos, seguimos obligados a cumplir los protocolos: lavado de manos, uso de barbijo y mantener distancia física respecto de nuestros semejantes.

Presidenta interina y candidata

Desde que la Presidenta interina, Jeanine Áñez, decidió su candidatura a la Presidencia de Bolivia empezó su campaña electoral, que continúa todos los días de la lucha contra el llamado enemigo invisible, el coronavirus.

Ninguno de los actos de la presidenta Áñez deja de ser un movimiento electoral, al mismo tiempo. Esa campaña, además, se la hace con dinero de los bolivianos. En consecuencia, fue y es mentira cuanto dijeron los actuales inquilinos del Palacio Quemado, que ellos iban a establecer distancias entre la administración gubernamental y la campaña electoral en favor de la Presidenta. Si acaso intentaron aquella diferencia, se advierte que no la alcanzaron.

Los gobernantes tratan de hacer creer que ellos sólo se ocupan de la defensa de la salud y de la vida de los bolivianos y que otros sólo se ocupan de la política y de la campaña electoral. Ésa es una media verdad y una mentira.

Los gobernantes dirigen la campaña anticoronavirus y al mismo tiempo desarrollan una campaña electoral permanente.

Es verdad que el servicio de salud fue desatendido por el gobierno de Morales y por los anteriores a éste. Además, el coronavirus en Bolivia (y en el mundo) desbordó, en dimensiones descomunales, el servicio público de salud. Y las medidas tomadas por los gobernantes interinos, en el sistema de salud, hasta este momento, evidencian insuficiencias e ineficacias, en unos lugares más que en otros de Bolivia.

Hospitales, de los tres niveles, en capitales departamentales, como Cobija (Pando) no son equipados hasta ahora y en esos hospitales no cuentan con los médicos y con los trabajadores en salud para los turnos necesarios. En distintos hospitales hay un personal de salud que hace varios años no tiene ítemes y, por tanto, esos dependientes interinos de esos nosocomios carecen de beneficios sociales, como los que tienen los trabajadores regulares. A otros les pagan sus sueldos con demora hasta de tres meses o más.

Sólo los últimos días se tramita la contratación de los médicos y enfermeras que se los necesita, en diversos hospitales bolivianos.

En varios lugares, todas las camas de los hospitales están ocupadas. En Cobija, por ejemplo, trabajadores de la salud pública, que padecen coronavirus, son tratados en carpas porque en el establecimiento de la Caja Nacional de Salud, que debía acogerlos, no tienen espacio.

En Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, San Ramón, Villa Bella (en el Beni), faltan médicos, enfermeras, camas en los hospitales; éstos no cuentan con equipos ni médicos suficientes; no tienen camas para terapia intensiva; permanecen sin oxígeno; les falta medicamentos; les falta reactivos y laboratorios. Allí, varios de los médicos y enfermeras están con coronavirus y no son reemplazaos por falta de ítemes para pagar a los reemplazantes que se requieren.

En hospitales bolivianos, médicos y enfermeras, estos días, están infectados con coronavirus y varios de ellos siguen atendiendo enfermos porque no tienen suplentes.

Médicos y enfermeras, en Beni y otros lugares han muerto con coronavirus.

Asimismo, en ciudades del Beni han muerto personas con el virus mortal, en sus casas o en la puerta de hospitales, antes de que sean asistidos por médicos y enfermeras.

Se cree que Santa Cruz tiene el mejor servicio de salud pública.

Allá, sin embargo, están colapsados los hospitales y los ambientes para el aislamiento de sospechosos y de infectados leves con coronavirus.

En la ciudad oriental, los trabajadores en salud sostuvieron una huelga de hambre que sobrepasó las dos semanas de duración, con la que consiguieron que se les dote de ropa de bioseguridad porque la que utilizaban la compraban con su dinero. En la capital cruceña hay enfermeras que trabajan sin pertenecer a una planilla, por lo que ni siquiera cuentan con seguro de salud ni espacio para que a ellas las hospitalicen, en el sitio en el que atienden enfermos.

En varios lugares de aquel departamento y, específicamente, en Santa Cruz de la Sierra, médicos y enfermeras con enfermedad de base, trabajan y no se benefician con esa disposición de los gobernantes actuales por la que tendrían que ser declarados en comisión con preservación del puesto de trabajo y con el sueldo pagable durante el tiempo que dure la comisión.

La jefa de las enfermeras del hospital más importante de Santa Cruz, San Juan de Dios y de tercer nivel, ha muerto con coronavirus, antes de que la declaren en comisión, pues, era mayor de 65 años.

En la capital cruceña han muerto personas sin que hayan sido asistidas en un hospital, a pesar de que los pacientes acudieron a esos establecimientos.

El principal dirigente de los trabajadores en salud de Santa Cruz, en una entrevista con la red Erbol de La Paz, responsabilizó a las autoridades nacionales y subnacionales de las deficiencias del servicio de salud pública en aquel departamento y afirmó que si acaso no se corrigen las fallas y no se remonta el colapso de la salud pública, podría ocurrir que en Santa Cruz se salvará el que pueda.

Otro ejemplo de la desprotección, en sus labores diarias, la enfrentan los guardias municipales y los de servicio de limpieza cruceños: unos y otros no tienen ropa de bioseguridad y las autoridades municipales de aquella capital se niegan a conversar con sus dependientes que para ser atendidos favorablemente marcharon y avisaron que decidirían un paro de labores, entre otras acciones.

En hospitales de La Paz y de otras ciudades hay médicos y trabajadores en salud que, a pesar de que son adultos mayores y no obstante de que varios de ellos sufren enfermedades de base, siguen trabajando porque no consiguen que se los declare en comisión, la que ha sido dispuesta, pero que no se aplica para ellos.

En Tarija, con dinero de la Gobernación y de la Alcaldía, han comprado laboratorios y reactivos para los análisis clínicos, para establecer los contagios o no con coronavirus, entre los sospechosos. Esa operación fue posible ante la demora del envío de esos equipos por el Ministerio de Salud.

Empero, un ejemplo de vulneración del derecho al trabajo de los dependientes del Ministerio de Salud, en Yacuiba (Tarija), ocurrió así: según autoridades de esa capital de provincia, varios médicos y enfermeras han sido contratados sin concurso de méritos, en vez de los médicos y enfermeras que durante largo tiempo ocuparon esos puestos de labor como interinos.

La autoridad municipal de Yacuiba informó que aquella contratación irregular de médicos y enfermeras fue posible por una imposición del Ministerio de Salud, que llegó desde La Paz.

Un mal ejemplo de coordinación parcial o de descoordinación ocurrió en La Paz entre miembros del gobierno interino y el Gobernador. Ojalá no se repita esa práctica porque aquí hubo dos intervenciones en el SEDES y habrían sucedido posibles actos de corrupción, atribuidos a funcionarios de la Gobernación paceña, los que se espera que se investiguen, procesen y castiguen si cabe.

De la Gobernación de La Paz es necesario decir que luego de más de 100 días de campaña anticoronavirus, en el curso de esta semana entregarán camas, reactivos y ropa de bioseguridad con una inversión importante. La pregunta es por qué la demora.

Ese impasse entre gobernantes interinos y el gobierno departamental, con seguridad, perjudicó y perjudica aún a los paceños en la lucha anticoronavirus.

Sin embargo, parece destacable el compromiso celebrado entre aquellos discordes que han retornado a la concordia, para decirlo con las palabras de los antiguos pobladores de Nuestra Señora de La Paz.

En Potosí hay espacio para las cosas pequeñas y menos tiempo y menos recursos para la campaña contra la pandemia.

Aquella ciudad, digna de seguir por mejores rumbos, tiene dos alcaldes, ambos seguros de que son legítimos y legales.

En Potosí, asimismo, faltan muchos reactivos y allí azota el hambre a incontables familias.

Precisamente, para suplir las carencias alimentarias, se tramita una ley municipal para entregar a los estudiantes y en consecuencia a las familias potosinas, el dinero del desayuno escolar que no se gastó.

Aquellos dos alcaldes están atrincherados en el cargo, el que está destinado para uno y no para dos.

En Oruro se anticipó la contención del coronavirus y allí esa medida fue tomada antes que en otro lugar de Bolivia; cuarentena que se dispuso luego en el país.

En verdad, allí se defendió el derecho a la salud de los orureños, antes que en otros lados del país, por gestiones de las autoridades departamentales y municipales.

A pesar de ese aporte visible de la ciudad de Sebastián Pagador, en Eucaliptus y Caracollo sucedieron enfrentamientos políticos entre comunarios y los alcaldes de esas dos localidades.

Una consecuencia del enfrentamiento de Eucaliptus fue que médicos y trabajadores en salud fueron echados de sus tareas para la contención de la pandemia.

Además, en Eucaliptus, comunarios enfrentados a su Alcalde aseguraron que el coronavirus había sido inventado por la Presidenta interina. Sin embargo, familiares de esos comunarios, que están alineados con los masistas, según testimonios, lloraron la muerte, con coronavirus, de tres familiares suyos.

Esos comunarios impusieron la salida de Eucaliptus de médicos, enfermeras y policías hacia Oruro; lo que volvieron a la capital de provincia, después de que los lugareños ofrecieron garantías.

En Caracollo, la alcaldesa del lugar fue obligada a renunciar al cargo, por un grupo de militantes del MAS, porque esa autoridad municipal supuestamente tuvo la culpa de la infección de una pobladora que llegó de Colquiri y murió en Caracollo, localidad en la que tenía una vivienda.

La alcaldesa renunciante recibió apoyo de los concejales, por lo que reasumió como alcaldesa.

Actualmente los orureños siguen sin un laboratorio para análisis de muestras para establecer el coronavirus. Debido a la carencia de ese servicio, las citadas muestras las envían a La Paz y deben esperar los resultados; operación que ocasiona demoras.

Una circunstancia agravante es que los orureños no tienen capacidad técnica para apurar el rastrillaje para detestar contagios con coronavirus, tal cual sucede en varios lugares del país.

En Cochabamba, a pesar de que el Alcalde de la capital departamental afirmó que las actuales tareas de la campaña anticoronavirus es resultado de la coordinación de Gobernación y Alcaldía, los cochabambinos deben esperar que se reacondicionen las salas para aislar a los sospechosos de coronavirus, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la campaña.

Los muertos por coronavirus en las casas de los infectados o en puertas de hospitales son ejemplos que muestran que allí, en los hospitales, ya no hay espacio para un enfermo grave con el virus letal.

Los últimos días, empleados de funerarias, sin estar obligados por protocolo alguno, depositaron a los muertos (cuatro decenas) incluso en la casa de los difuntos porque no disponían de cementerio o de un lugar para sepultar a los muertos, por coronavirus y por otras enfermedades.

Cabe puntualizar que las autoridades municipales cochabambinas muestran incompetencia cuando deben disponer de lugres para sepultar a los muertos por coronavirus y por otras causas, según los dueños de funerarias.

En Cochabamba, aunque hubo muertos insepultos, no hubo ni habrá fosas comunes para los muertos con coronavirus ni para los muertos por otras causas, dijeron autoridades.

A las fallas de las autoridades de Cochabamba, en la campaña anticoronavirus, se suma el bloqueo del ingreso al botadero municipal de la ciudad del valle, sostenido por vecinos de la zona sur de aquella ciudad, el que tiene lugar por tercera vez, en el último tiempo; medida con la que exigen la libertad de otros comunarios del lugar que antes protagonizaron otro bloqueo en aquel sitio y los que son procesados en La Paz.

Aquellos bloqueadores, asimismo, exigen que las autoridades suspendan la cuarentena rígida que ha sido restablecida en la ciudad del valle y en los municipios de la región metropolitana, con el propósito de contener la pandemia.

Antes los cochabambinos soportaron la basura, en las calles de la capital departamental, en medio de la cuarentena rígida.

Cada día son más los infectados y los muertos en el departamento de Cochabamba:

En el Chapare los infectados con coronavirus aumentan y los muertos también.

De la pandemia y desde el Chapare, se sabe poco los últimos días, luego de que se conoció, entre varias, la muerte por coronavirus del Alcalde de Entre Ríos y de un muerto en la calle de Shinahota, otrora centro de producción de cocaína, según testimonios que no fueron desmentidos.

En Sucre, autoridades regionales y nacionales siguen con una coordinación a medias.

Hubo cambios en el SEDES porque autoridades masistas nombraron a partidarios suyos en puestos decisivos, desde los que ejercieron la política y realizaron campaña electoral en vez de atender las tareas que fija la emergencia sanitaria.

Los hospitales de la capital del país son insuficientes sobre todo porque no disponen de las camas suficientes ni de los albergues para los sospechosos e infectados con coronavirus.

Hace horas, delegados de Sucre, han firmado un acuerdo con autoridades nacionales para dotar a los hospitales sucrenses y chuquisaqueños de equipos, ropa de bioseguridad, reactivos, remedios y otros. ¿Por qué la tardanza?

En la Ciudad Blanca, además, sigue en curso una contradicción entre médicos: los del SEDES sugieren que se trate a los infectados con coronavirus con dióxido de cloro —que ya se hace, se informó—, mientras que delegados del Colegio Médico de esa capital se oponen al uso de aquel remedio para tratar a pacientes portadores del virus letal.

Sin embargó, tendría que superarse esa contradicción para conseguir lo principal: “salvar vidas”.

Tratamiento del coronavirus en Bolivia

Muchos bolivianos esperamos que se “salven vidas” con los tratamientos que se les sigue a pacientes, con coronavirus en diferentes lugares de Bolivia, para lo que se aplica plasma (La Paz y Santa Cruz), se receta dióxido de cloro (Sucre, Oruro y San José de Chiquitos-Santa Cruz) y se curan con remedios caseros (Beni y Pando).

Esos tratamientos, a los infectados con coronavirus, se los considera como búsquedas que dan buenos resultados, según médicos y autoridades subnacionales, ante la inexistencia de una vacuna y de un remedio específico, con el aval de la ciencia. Además, el uso de esos remedios se explica frente a la compra, por el gobierno de Estados Unidos, de todos los fármacos, elaborados por un laboratorio de Estados Unidos y durante tres meses, el que será empleado en el país del norte, para tratar a los enfermos con coronavirus.

Asimismo, anotamos que hace poco, el Presidente de Estados Unidos dijo que la vacuna contra el coronavirus sería administrada primero en su país; anuncio por el que protestó el gobierno de Francia.

Incluso por aquellas medidas y posibles acciones que podrían ejecutarse debe considerarse como búsquedas válidas, para el tratamiento del coronavirus en tierras bolivianas, cuanto se hace ahora, al utilizar los remedios citados, los que se han aplicado antes, contra otras enfermedades, y contra el coronavirus actualmente, de acuerdo a testimonios de médicos, enfermeras, autoridades subnacionales y pacientes.

Masistas por dos vías

Se conocen evidencias de que los que gobernaron los últimos 14 años han estimulado y han dirigido acciones destinadas a desobedecer la cuarentena, con el argumento de que la gente que deja de trabajar no come.

Esos militantes masistas y sus amigos han tratado de aparecer como quienes buscaban el cumplimiento de la cuarentena e incluso como quienes querían vencer al coronavirus, junto con la mayoría de los bolivianos.

Dos discursos y dos comportamientos de los masistas en la defensa de la salud y de la vida de los bolivianos. Ese comportamiento político y electoral del masismo continúa sin variaciones importantes.

Los masistas y/o sus amigos son los que agredieron y quizá agredan después, a médicos y trabajadores en salud, los que impidieron y siguen impidiendo que los servicios de limpieza depositen la basura en el botarero municipal de Khara Khara (Cochabamba), los que ponen en duda la existencia del coronavirus que infecta y acaba con vidas de compatriotas; son militantes o amigos de los exgobernantes los que, desde las gobernaciones, asambleas departamentales y alcaldías dejan de coordinar acciones contra la pandemia o emprenden tareas anticoronavirus, lejos de instancias gubernamentales

Esos exgobernantes son los que han obligado a policías a salir de Yapacaní (Santa Cruz) y de Eucaliptus (Oruro) para mostrar que ellos mandan en esos lugares, con la intención de infundir temor entre los bolivianos.

Cocaleros y masistas, en la chapareña localidad de Entre Ríos, con amenaza de linchamiento, impidieron que periodistas de Santa Cruz, informen, así impusieron la censura y la autocensura.

Ese comportamiento forma una funesta mezcla con las mentiras que propagan los masistas para desinformar y, con frecuencia, para culpar a sus adversarios políticos de lo que hacen ellos.

Los parlamentarios del MAS aprueban leyes que ellos creen que les son política y electoralmente favorables a sus candidatos presidencial y vicepresidencial.

Asimismo, esos parlamentarios demoran más de seis meses la aprobación de la ley que debe autorizar que el 10 por ciento del presupuesto del país se utilice en el servicio de la salud pública. Esa demora, al parecer, pretende desfavorecer a los gobernantes interinos, pero el daño es para la mayoría de los bolivianos.

Los masistas, según indicios suficientes, hicieron explosionar antenas, como prolongación de su política, probablemente como un ensayo de otras acciones que podrían intentar, los masistas y sus amigos, ante su probable derrota electoral.

La otra cara de los masistas, con la que se presentan como defensores del pueblo, no debe confundir a la mayoría de los bolivianos, cuyos derechos legales y legítimos son desconocidos y/o violados por los masistas.

Clases por internet

Las clases virtuales, aprobadas por decreto supremo por los gobernantes, no fueron acordadas entre gobernantes, profesores y padres de familia, y menos con la participación de dirigentes de los estudiantes de La Paz y El Alto, lugares en los que están organizadas esas instancias estudiantiles.

Se supone que la mayoría de padres de familia y profesores carecen de computadoras y de internet. En algunos lugares, especialmente del campo y pueblos indígenas de las tierras bajas, no cuentan con energía eléctrica ni con energía producida en paneles solares.

Programas y temas tampoco han sido considerados por los que tendrían que monitorear —los profesores— el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. Además, al parecer, ha ocurrido lo que confesó el Ministro de Educación: fueron suprimidos los contenidos de la reforma educativa de Morales, la que fue impuesta para adoctrinar a los estudiantes.

Clases por internet se imparten para colegios privados desde la cuarentena, las que son ilegales y sin reglamentación, de acuerdo a padres de familia de esos colegios privados. Por eso mismo, padres de familia de esos colegios privados dicen que no se sienten obligados a pagar por un servicio que no fue contratado, es decir, las clases virtuales.

Padres de familia y profesores del área fiscal. afirman que de las clases virtuales no participan ni participarán muchos estudiantes.

Una encuesta de una comisión de trabajo de Naciones Unidas, en La Paz, informó que menos de la mitad de los estudiantes siguen las clases virtuales y que la mayoría de esos estudiantes aprenden poco o casi nada.

La mayoría de los profesores, según sus organizaciones sindicales, las clases virtuales van rumbo al fracaso.

Los padres de familia reclaman la gratuidad de la educación pública y que las clases virtuales son segregadoras de los estudiantes empobrecidos.

Los gobernantes guardan silencio, a pesar de la huelga de hambre con la que rechazan las clases por internet, exigen dotar de computadoras e internet para todos los estudiantes y profesores, y demandan la renuncia o la destitución del ministro Cárdenas.

Los dueños de colegios privados aprueban la sugerencia del Ministro de Educación: que la rebaja de las pensiones, en esos colegios, sea entre el 6 y el 28 por ciento. Pero no se conoce que haya alguna agrupación de padres de familia que haya conseguido alguna rebaja dentro de los rangos sugeridos por aquel Ministro. Se sabe, sin embargo, que algunos dueños de colegios privados han dicho que aceptan que los padres de familia de esos establecimientos paguen la mitad de las pensiones.

Aunque con demora, tendría que buscarse un acuerdo entre gobernantes, profesores, padres de familia y estudiantes para “salvar” el año lectivo de modo que se respeten y se realicen el derecho al estudio, el derecho al trabajo y se consideren las condiciones socio-económicas resultantes de la crisis económica, consecuencia de la pandemia en Bolivia y en el mundo.

Desde la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, hace medio mes, se imparten clases virtuales. Ése es un ejemplo que al menos se debe conocer, entre los actores de la educación pública de nuestro país.

Otra señal positiva es la aprobación de una ley municipal en Potosí, la que dispone la gratuidad del servicio de internet destinado a las clases virtuales en esa región.

Despido de asalariados

El derecho al trabajo de los asalariados y no asalariados está en riesgo.

Dirigentes sindicales fabriles han informado que 500 dependientes de fábricas de la sede de gobierno han sido despedidos, a pesar de un decreto supremo que prohíbe esos despidos y que crea un fondo al que pueden acceder los empresarios del que recibirían en préstamo un monto de dinero, para pagar salarios, con un tiempo de gracia.

Más aún, una investigación de una organización privada da cuenta de que asalariados, que han sido despedidos de fábricas paceñas, no han recibido sus salarios ni sus beneficios sociales.

Otros trabajadores fabriles no reciben salarios o se les ha rebajado sus ingresos, sin negociación alguna.

Del diario El Deber de Santa Cruz han sido echados 30 trabajadores. Aquel periódico sigue siendo el que más dependientes tiene, incluidos corresponsales en capitales como La Paz, y provincias cruceñas.

En el diario sucrense Correo del Sur, trabajadores de ese medio han sugerido que se les pague menos, en desacuerdo con los contratos de trabajo, para preservar sus empleos.

El único matutino de Oruro, La Patria, dejó de circular durante la cuarentena y como consecuencia, perdieron su ocupación, entre otros, los canillitas o distribuidores de ese impreso.

La asociación de propietarios de radioemisoras, ASBORA, todos los días piden ayuda de los gobernantes para evitar el cierre de esos medios electrónicos, lo que ocasionaría más desocupación entre los trabajadores de los medios de difusión.

Del diario La Razón de La Paz han sido despedidos 157 personas.

Del canal de televisión estatal han sido echados 160 empleados.,

Todos los trabajadores del matutino gubernamental Bolivia (ex-Cambio) han sido despedidos y no se les ha pagado su indemnización.

Ante esos despidos, los gobernantes mantienen silencio, el que para Espinal es lo mismo que mentir.

Sin embargo, los gobernantes interinos quizá creen que sus exdependientes, que trabajaron en la televisora estatal y en el diario gubernamental, definidos como empleados públicos, no tenían derechos a beneficios sociales, sindicalización, antigüedad, entre otros.

Acaso los gobernantes interinos, con los despidos de trabajadores de aquellos medios estatales pretenden ahorrar, a pesar de que sigue la propaganda gubernamental por medios de difusión a los que se paga.

Una opinión es pertinente: ante menos medios de difusión, los derechos a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión se limitan más.

El Plan de reactivación económica y de preservación de los empleos, que hace días aprobaron los gobernantes, es celebrado por sectores empresariales.

Sin embargo, ese plan no se ejecutará mientras los asambleístas del MAS no aprueben, mediante ley, los créditos externos.

Ese Plan contiene mensajes electorales visibles, ante los que es necesario estar atentos. También hay que estar atentos respecto de los avisos sobre los bonos, divulgados por los gobernantes; difusión que tiene miradas electorales.

Con esos avisos propagandísticos, los gobernantes tratan de conseguir votos para la Presidente y candidata. Otras dos medidas tomadas por los gobernantes, indudablemente, están destinadas a fortalecer a los empresarios agroindustriales cruceños. Por tanto, aquéllas son decisiones para reactivar la economía regional y nacional. Asimismo, persiguen apoyo electoral para la Presidenta interina y candidata a reproducir el poder político que, por la vía electoral, asumió inesperadamente.

Voceros oficialistas admiten que ese plan es para aumentar la producción agropecuaria cruceña y para eso se prevé invertir 600 millones de bolivianos. Con ese plan la Presidenta y candidata busca el respaldo electoral de los empresarios cruceños.

El decreto supremo que determina abreviar los trámites para autorizar los cultivos de semillas transgénicas de soya, caña de azúcar, maíz, trigo y algodón, es otra medida inconstitucional que favorece especialmente a los empresarios de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Con esos cultivos ganarían los agropecuarios y tanto o más los empresarios extranjeros que venden semillas, genéticamente modificadas. para cada siembra.

Según la Fundación Tierra, si se abre paso a la siembra de los transgénicos citados, como no ha ocurrido hasta este momento en el mundo, por primera vez se sembraría trigo transgénico en Bolivia.

Es necesario precisar que el entonces presidente Morales, autorizó los cultivos transgénicos de soya en el oriente boliviano (2014). Asimismo, durante esa administración gubernamental, se cultivaron semillas transgénicas de maíz y algodón, también en aquella región cruceña.

Con el plan destinado a servir a los empresarios agropecuarios cruceños, que propone la Presidenta interina y sus ministros, sería más transnacionalizada aún la economía cruceña y boliviana.

Además. el fortalecimiento de la economía de los agropecuarios cruceños grandes, sucedería en perjuicio de los pequeños y medianos empresarios cruceños y bolivianos.

Elecciones el 6 de septiembre

Sobre la fecha de realización de las elecciones, convocadas para el 6 septiembre. es urgente buscar otro acuerdo para realizarlas en aquella fecha, si se contienen los contagios y si merman los muertos por coronavirus.

Es que no deben realizarse esos comicios si en esa ocasión se advierten riesgos de más contagios y si por ello se advierte que habría ausentismo electoral que ocasionaría un entredicho respecto de las elecciones y éstas generarían un gobierno elegido por menos electores de los inscritos y que votarían muchos más en condiciones distintas a las actuales de la campaña para vencer al coronavirus.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), por mandato constitucional, debe garantizar el ejercicio del derecho al voto de todos los electores bolivianos.

Otros candidatos

Los candidatos a la Presidencia de Bolivia, de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos D. Mesa Gisbert y de Siglo 21 de Tuto Quiroga Ramírez, por omisión, dejan pasar ante sus miradas silenciosas y pasivas, la desatención y la violación de los derechos humanos, según el inventario anterior.

Luis Fernando Camacho, de Creemos. como quien se empeña en aumentar votos sobre todo en Santa Cruz, le sugirió a la Presidenta interina y candidata que pida perdón a Dios por haber promulgado la ley de convocatoria a las elecciones del 6 de septiembre.

Este inventario nos lleva a reafirmar que se desatienden y se violan derechos humanos en este tiempo de la pandemia, de la crisis económica, de las cuestionadas clases virtuales y de la campaña electoral que se la impulsa, a pesar de que algunos niegan que hacen eso porque, supuestamente, sólo se ocupan de la defensa de la salud y de la vida de los bolivianos.

Igualmente ejercen la política y están en campaña electoral los que protagonizan acciones violentas, mezcladas con mentiras destinadas a desinformar. Otros candidatos recurren a las propagandas silenciosas.

En estas condiciones, nuestro reclamo es irrenunciable: los derechos humanos violados que señalamos en este documento deben ser reparados sin demora.