Masacre del 2003: once años sin justicia

 

Pisando tierra

 

 

Marcela Barrios

 

(AquíComMTBB/31/10/2014) A 11 años de la masacre de octubre de 2003, quienes fuimos testigos de esos hechos, nos seguimos preguntando: ¿Cuándo se hará justicia?, ¿cuándo los autores intelectuales de esta masacre serán sancionados por las más de 80 muertes y más de 400 heridos?.

 

El paro de la ciudad de El Alto se inició el miércoles 8 de octubre de 2003, ante la intención del gobierno de la megacoalición, integrada por del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Nueva Fuerza Republicana (NFR), de exportar vía Chile el gas boliviano. Esa medida también fue desencadenada por la masacre de Warisata y por la protesta del sector campesino que pedía la liberación de uno de sus dirigentes.

 

La población de la ciudad de El Alto se movilizó bloqueando las principales vías. Allí no circulaban vehículos, ni motocicletas. Todos debían caminar. Esas movilizaciones provocaron el desabastecimiento de algunos alimentos y de carburantes.

 

Los cooperativistas mineros estaban también movilizados. Realizaron una marcha con la intención de llegar a la ciudad de La Paz y cuando llegaron al sector de Ventilla, fueron reprimidos por efectivos policiales, con la utilización de gases lacrimógenos y de armas de fuego.

 

Ese día, Santos Huanca, periodista de Radio Pachamama, ya reportó la muerte de dos mineros. Relató que los efectivos policiales del Grupo Especial de Seguridad (GES) dispararon a quema ropa en contra de los manifestantes.

 

“En la zona Ventilla de pronto detonó una explosión ensordecedora, había fallecido el minero José Atahuichi, a la distancia vi que su cuerpo yacía cercenado, los policías acorralaban el cuerpo sin vida y daban de culatazos a los vecinos y mineros que querían socorrer a la víctima: Por momentos creí que vivía  una pesadilla, mi corazón latía aceleradamente, sin importar gas lacrimógeno que inundaba las vías”, recordó Santos.

 

Ante esta situación y la masificación de las protestas, el gobierno de la megacoalición, decidió intervenir los bloqueos.

 

En la mañana del sábado 11 de octubre, los despachos de los periodistas de Radio Pachamama, daban cuenta de acciones represivas en la zona Ballivián. Carlos Iporre, que se encontraba en la cabina de la radio, se escuchaba angustiado y más aún cuando dos muchachas llegaron hasta la cabina para pedir ayuda porque estaban matando a los vecinos.

 

“Con el micrófono en mis manos ya no sabía qué preguntar o qué decir, mientras las dos jóvenes  que llegaron a los estudios de la radio, lloraban y pedían a gritos que el gobierno de Sánchez de Lozada pare la masacre”, escribió Carlos en la reseña del Disco Compacto que Radio Pachamama presentó meses después sobre esa masacre, denominada: “Para que el tiempo no borre la memoria… no a la impunidad”.

 

Mientras tanto, Santos estaba en las calles rumbo a la zona Ballivián. Observó que  los militares habían montado una ametralladora de largo alcance con trípode en la zona La Portada y desde allí, dispararon y asesinaron a tres personas. Una de ellas era un albañil que se dirigía a su trabajo en la zona sur de La Paz. “Recibió un impacto de bala en la cabeza. su anciano padre y sus dos hermanos con retraso mental —a quienes mantenía  el fallecido— lloraban sobre su cuerpo sin vida en la Iglesia Virgen de las Nieves, de la plaza Germán Busch de Alto Lima”, contó.

 

Esta masacre se extendió. En horas de la noche el gobierno planeó trasladar carburantes en cisternas, desde Senkata hasta La Paz, en una caravana toda vez que los carburantes ya empezaban a escasear en la sede de gobierno.

 

Para cumplir con su objetivo, el gobierno instruyó a los militares disparar a las luminarias y a todo lo que se moviera. Ante esa intervención, muchos de los ciudadanos que permanecían en la avenida 6 de Marzo, escaparon y otros no pudieron, cayeron muertos y otras balas perdidas también le cegaron a vida a niños.

 

Mientras tanto los micrófonos de Radio Pachamama seguían abiertos a los periodistas que reportaban lo que acontecía, a los vecinos y vecinas que también contaban lo que les ocurría y lo que observaban.

 

Ese fue el “Convoy de la muerte”, como la denominó el periodista Marco Quispe, en su narración en vivo que realizó en medio de la balacera, esa noche, a través de las ondas de Radio Pachamama, que fue la única emisora que reflejó lo ocurrido.

 

Este trabajo, provocó que hombres vestidos de negro se trasladaran hasta las mismas instalaciones de la radioemisora, ubicada en la calle Eulert de la zona 16 de Julio. Cinco sujetos encapuchados tocaron la puerta del garaje y el portero no abrió. Pero escuchó la amenaza. Dijeron que harían volar las instalaciones de la radio, si se seguía transmitiendo lo que estaba ocurriendo en El Alto.  

 

A pesar de la intimidación, que fue denunciada públicamente, la transmisión no se detuvo. Víctor Hugo Huanca, que se encontraba en la cabina, seguía detrás del micrófono y a la vez dando la palabra a la ciudadanía que no dejaba de llamar y de salir al aire. Era la gente que se habían convertido en periodistas de la radio, desde sus zonas, calles y domicilios.

 

El domingo 12 de octubre, fue otra jornada de movilización y masacre. En horas de la mañana José Luis Aliaga, que desde temprano caminaba rumbo a la ciudad de El Alto, había llegado a la zona Rincón La Portada (que conecta La Paz con villa Ballivián). En ese instante relató la acción militar que gasificaba y disparaba contra los vecinos desarmados, con el objetivo de que las camionetas con pollos pasen ese sector de la autopista.

 

Luego los militares fueron a Río Seco, toda vez que el bloqueo era contundente. Nadie pasaba por las barricadas que los vecinos habían tendido en toda la avenida Juan Pablo II, desde la Ceja hasta la carretera a Laja, pasando la ex Tranca.

 

Recuerdo que mis vacaciones fueron interrumpidas para realizar la cobertura periodística, principalmente, en este sector. Tras varios días de bloqueo y luego de conocer lo que ocurrió el sábado 11, los vecinos y vecinas estaban más alertas, pero también había temor.

 

Eran aproximadamente las 13:00, cuando se escuchó disparos. Eran los militares que habían llegado a la ex Tranca con la intención de desbloquear ese sector, que se constituye en un distribuidor hacia poblaciones rurales del departamento de La Paz y hacia el exterior del país.

 

Los militares disparaban y vecinos, que estaban desarmados, caían heridos. Este ingreso se efectuó en camiones caimanes desde villa Ingenio, pasando por la ex Tranca y siguiendo hacia la carretera a Laja. Los heridos fueron trasladados al Centro de Salud de villa Brasil, ubicada a unas cinco cuadras.

 

Ese centro de salud sólo tenía capacidad para atender medicina general. Ese domingo estaba de turno sólo un médico y un par de enfermeras. Cuando entré al lugar, ya había heridos en todo lado. Uno de ellos se encontraba en la única camilla y otros en las banquetas que estaban en la sala de espera. Todos se desangraban. Eso se podía concluir al ver los charcos de sangre en el piso.

 

El médico corría de un lado para el otro. Le dije que era periodista de Radio Pachamama. ¿Doctor qué se necesita?, le pregunté. “Necesitamos carretillas para trasladar a los heridos al Hospital de Los Andes, aquí no los podemos atender”, respondió. Todo lo que me dijo, salió al aire y lo reiteré para que la audiencia y sobre todo los vecinos atendieran ese pedido.

 

En ese centro no había los medicamentos, ni implementos para atender a los heridos, porque incluso se pidió la donación de gasas, algodón y alcohol medicinal, entre otros. Minutos después, las carretillas y frazadas llegaron para llevar a los heridos o por lo menos hacer el intento de trasladarlos.

 

Recuerdo a un joven que aún podía hablar, a pesar de que tenía una bala en el pulmón y que era atendido por una vecina de las viviendas de Río Seco. “Voy a estar bien, verdad…le dijo. Y ella respondió, sí”. Pero al día siguiente, su nombre encabezaba la lista de muertos que fueron colocados en pliegos de papel sábana en la pared de la sede de los vecinos de la zona.

 

Ese domingo, observé la frustración y la impotencia de un médico que no podía hacer mucho, casi nada por los heridos de bala que llegaron al centro de salud, también la solidaridad de las personas que llegaban con carretillas y frazadas para trasladar a los heridos.

 

Los militares dispararon sin medir consecuencias, segados ante las órdenes superiores. Recorrieron las calles disparando a ciudadanos y ciudadanas desarmados/as, a las fachadas de las casas desde la ex Tranca, pasando por villa Brasil, las Viviendas, Franz Tamayo y zona 16 de Febrero, y otras aledañas. Su objetivo fue sembrar temor.

 

Al terminar cada jornada, Lucia Sauma, nuestra directora hablaba con cada uno de nosotros y nosotras para transmitirnos fuerza, porque en algunos momentos, la verdad, estábamos destrozados anímicamente, pero al día siguiente teníamos que continuar.

 

El lunes 13 de octubre, desde temprano Teófila Guarachi, se plantó en las puertas de la casa presidencial de San Jorge. Tras una larga espera, a las 12:30, el Presidente dio una rueda de prensa. La ciudadanía y los periodistas esperaban que renuncie, pero no lo hizo.

 

“(…) cuando el Presidente, soberbio y seguro de su inseguridad, parecía que hubiera cambiado de opinión en la puerta, y dijo: mi mandato cumplirá lo que manda la Constitución Política del Estado, no renunciaré. Se negó a responder preguntas y se retiró”, relató Teófila.

 

Ese lunes, los vecinos y vecinas alteñas, marcharon hasta La Paz. José Luis Aliaga y José Ramos, desde deferentes sectores de la avenida Naciones Unidas, destacaban la enorme cantidad de personas que marchanban. La cabeza de la marcha estaba en el sector del Cementerio General, mientras que la cola aún estaba en el barrio de La Portada. Era como si todo El Alto hubiera marchado.

 

Ese día también se produjo la masacre de vecinos en Chasquipampa, de comunarios en Uni y Apaña. Los pobladores contaron que, incluso, los militares les disparaban desde un helicóptero.

 

Tras la autopsia a fallecidos en la iglesia de villa Ingenio y en otros sectores, tuve que ir  al entierro colectivo de algunos de los fallecidos y que se efectuaría en el Cementerio de Mercedario. Fue el miércoles 15 de octubre, día del cumpleaños de mi mamá.

 

Tras una caminata de más de cuatro horas, llegué a esa zona. Eran las 13:00 y allí llegaban cortejos fúnebres. Las madres, padres, hijos, hijas y esposas sepultaron a sus familiares, en medio de llanto, clamaban “justicia”.

 

A pesar del ataque militar, los vecinos y vecinas radicalizaron los bloqueos. La furia ciudadana provocó la caída de dos pasarelas  sobre la avenida Juan Pablo II, la que estaba en final Los Andes y, la segunda, ubicada en la ex Tranca de Río Seco.

 

Mientras tanto, desde las calles de El Alto y de La Paz, todo el equipo de periodistas de la radio: Carlos Iporre, Santos Huanca, Teófila Guarachi, José Ramos, José Luis Aliaga, Marcela Barrios y nuestra directora Lucía Sauma,  seguíamos trabajando y relatando lo que sucedía. Pero también algunos de mis compañeros recibían llamadas telefónicas en las que les amenazaban.

 

La movilización vecinal tomó fuerza cuando la población paceña también asumió conciencia de lo que ocurría en El Alto. Salieron a las calles y tendieron cadenas humanas en solidaridad a los habitantes de El Alto. Además, instalaron piquetes de huelga de hambre en diferentes parroquias y otros lugares. Y todas las voces ya pedían la renuncia del presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada.

 

Llegó el viernes 17  de octubre. Las noticias que difundió Radio Pachamama, daban cuenta de que los socios de la megacoalición abandonaban el barco y en horas de la tarde se produjo la renuncia y huida del Presidente.

 

Pasaron once años y recordar estos hechos aún me provoca un nudo en la garganta. Y, peor aún, un sentimiento de frustración por la falta de justicia, porque los principales autores siguen en Estados Unidos, como si nada hubiera ocurrido. Lo único que se logró —hasta la fecha— fue por esfuerzo propio de los familiares de los caídos en la masacre de octubre, que iniciaron un proceso penal contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, en la justicia estadounidense. Ambos fueron imputados.

 

Al escribir este artículo de opinión recordé todo lo sucedido y al igual que hace once años lloré de rabia, como lloraron los familiares de esos 82 muertos que hasta la fecha no encuentran consuelo, ni justicia (AquíComMTBB/31/10/2014).