Ni hubo ni hay reforma de la justicia

Manuel Gonzales Callaú

 “La justicia es como las serpientes,

 sólo muerde a los descalzos”

Arzobispo Óscar Romero,

asesinado por el poder en El Salvador

Los anuncios de reformas en la administración de justicia realizadas por Juan Evo Morales Ayma al inicio de su tercer mandato presidencial, por cierto ilegítimo, caen en saco roto tras acciones protagonizadas por los mismos gobernantes a sólo pocos días de su posesión y hechos que continúan sin fin.

La subordinación de los operadores de justicia al poder, es por demás evidente. Al día siguiente que el fiscal Leopoldo Ramos amplió su investigación a más responsables de instituciones públicas por la supuesta corrupción en la adquisición de bienes para la Cumbre del G-77 + China,  fue apartado del caso. El desvío de recursos de entidades públicas que nada tenían que ver con ese evento se va convirtiendo en la punta del ovillo que puede desenredar una maraña de malos manejos que en términos económicos se llama malversación de fondos, los que podrían ser sancionados, si es que hubiera una clara intención de transparentar la administración de los bienes del Estado y de revolucionar la justicia, como dicen pomposamente los gobernantes.

Pero la realidad no es ésa ya que el mismo Presidente en conferencia de prensa (viernes 29 de enero) acusó al fiscal Ramos de estar actuando políticamente antes que judicialmente. Lo cierto es que inmediatamente fue apartado de ese caso. ¿Casualidad o intromisión del Órgano Ejecutivo en las tareas del Ministerio Público (Fiscalía)? Apostamos por lo primero.

Otro caso de la subordinación del Órgano Judicial al Ejecutivo es la restitución a su cargo del alcalde de Pocoata (Potosí) por el MAS, Teodoro Rueda, tras ser denunciado de violación y asesinato a la enfermera Lucía Chucamani, en diciembre de 2013. Lo indignante es que el primer denunciante del crimen (el concejal Ezequiel Combata, primo de la enfermera asesinada) haya votado por la restitución de Rueda al cargo de alcalde; y no sólo eso, la diputada del MAS Emiliana Aiza, deslindó la responsabilidad de su conmilitón y echó la culpa del hecho criminal al alcohol: "El Alcalde fue democráticamente elegido, hasta ahí nosotros sabemos que hacía las gestiones bien, pero a veces pasa pues (los problemas), usted también es hombre y los hombres son débiles en la situación de la cerveza. Un compañero o una compañera no puede cometer de sano esos errores, por tanto tiene la culpa la cerveza". [1]

Y como la justicia es como dijo el arzobispo asesinado, Óscar Romero, “la justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos”, es decir a los pobres, también a los pocos días de ser posesionado el ministro Hugo Moldiz que dice que trabajará “en el debate de la reforma de la Justicia y la revolución policial”[2] dio su visto bueno a la baja del sargento de policía Jaime Quispe, con el argumento éste había desertado; sin embargo, Quispe señaló que su sanción se debe a haber hecho “peticiones colectivas y huelgas en demanda de respeto a los derechos de sus representados”.[3] Jaime Quispe, como presidente de Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), fue uno de los líderes de las demandas de esos uniformados de baja graduación, desde el 2012 hasta el año pasado.

Este último escarmiento responde a la arenga que Moldiz obligó a someterse a la desprevenida tropa policial el día de su reconocimiento oficial. “Subordinación y constancia… al mando político” es una advertencia a los policías de baja graduación, a no atreverse a formular ningún reclamo por la situación económica y social a la que están sometidos. Y así lo confirmó el Ministro de Gobierno, después de dar a conocer que Quispe fuera dado de baja: "A los suboficiales (advierto) la piensen y reflexionen para no ser utilizados por un suboficial que lo único que quiere es tener protagonismo político, que moviliza a los suboficiales con fines absolutamente particulares".[4] Esto se llama amedrentamiento.

Y por si fuera poco en esta inventario de injusticias basta recordar otros casos más:

—Los suboficiales militares Rojas, Medina y Ortiz siguen detenidos hace más de 300 días por haber pedido la “descolonización” de las Fuerzas Armadas.

—El Presidente afirmó que el estado de derecho perjudica a la justicia. 

—El mismo primer mandatario aseguró que el respeto a los derechos humanos perjudican en la formación militar.

—Tres magistrados del Tribunal Construccional fueron suspendidos de sus cargos (juicio amañado mediante) por desobedecer las órdenes del Palacio de Gobierno…

—Así, con esos antecedentes ¿qué reforma de la justicia podemos esperar?

—Varios acusados en los procesos de terrorismo y separatismo, como en el de extorsión prefirieron declararse culpables a seguir detenidos indefinidamente; así, acortaron sus penas. Doblegar a los presos por delitos no cometidos o no en la magnitud que pretenden los acusadores (gobierno) es una práctica heredada desde las dictaduras.

—El último caso de la detención del periodista del periódico El Diario, Carlos Quisbert, que investiba los pormenores de la muerte del niño Alexander, nos hace sospechar que, para los incomodos,  las ordenes de apurar sus procesos son veloces, órdenes que nadie dice de dónde vienen. Pero en este caso la intervención inmediata del Ministro de Gobierno, desde el exterior, para que corrijan el abuso del Ministro Público, nos confirma la subordinación del Órgano Judicial y la Fiscalía al poder central. ¿Con esa intervención quiso el Órgano Ejecutivo lavar su imagen? Nosotros creemos que no, aunque puede haber incautos y también llunk’us que con ese hecho argumenten la independencia de poderes.

—El caso aberrante contra el periodista Ricardo Aguilar Agramont, que la Procuraduría quiso instalarle por redactar un análisis: “De como en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales”, por lo que se dijo que cometió el delito de espionaje, es parte de la instauración de procesos como un medio de penalizar las protestas o el ejercicio de derechos ciudadanos, a fin de amedrentar a la población. Un pueblo con miedo, no defiende sus derechos.

—La “investigación” de la corrupción en el Fondo Indígena  protegerá a los jerarcas, pero castigará a los subalternos que se hicieron “pescar”, como se dice coloquialmente.

—La elección de magistrados judiciales mediante el voto popular ha fracasado, no por  forma inédita de elegirlos, sino por la intromisión del poder central a ese órgano como lo hace también a los otros órganos del Estado.

El amenaza del presidente Morales, de no trabajar con los que voten por otros candidatos que no sean del MAS en las próximas elecciones municipales y de gobernadores, se puede traducir así: “Quién está contra mí, pierde todos sus derechos”, razonamiento (y acción) que no está escrito en la Constitución Política del Estado, pero que nos acerca cada vez más a un Estado sin derecho y autoritario.