Chánez: En el TCP negocian las sentencias y hay una intromisión del Gobierno

Por: Nancy Vacaflor / La Paz | PaginaSiete.bo | 28/11/2014 |

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/1128/fotos/105819_600.jpg" >

Soraida Chánez, magistrada suspendida del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), reveló a Página Siete  la "negociación” de  sentencias que se da en esa entidad y criticó la intromisión "grosera” del Ejecutivo. Ella está acusada, junto a Gualberto Cusi y Ligia Velásquez, por dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado. 

Ratificó que el juicio de responsabilidades que le siguen está viciado de nulidad, más aún cuando el MAS quiere aprobar cambios a la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades, con lo que —dice— continúa violando sus derechos.

Advierte tres ilegalidades  en su planteamiento:  la posibilidad de que les envíen a un juzgado ordinario, que les juzguen por temas disciplinarios cuando la acusación es penal y que ninguna persona puede ser procesada dos veces por el mismo hecho

¿Qué efecto tendrá la modificación a la Ley de Juicio de Responsabilidades?

Lamentablemente esta Asamblea  ha actuado de manera irresponsable, aunque no es del todo su responsabilidad, porque existe una intromisión grosera del Ejecutivo (...). Al inicio de este proceso nos han condenado anticipadamente sin cumplir la Constitución Política respecto a la presunción de inocencia. 

Por eso el retroceso con la modificación de la ley. No quieren llegar a una sentencia ejecutoriada para evitar responsabilidades internacionales.

¿Qué irregularidades ve usted?

No hay normativa que dé una solución justa y acorde a los estándares nacionales e internacionales. Están en un limbo y no podrán dar una respuesta positiva o negativa en el caso. Somos inocentes, pero necesitamos la decisión de la Asamblea para recurrir a instancias internacionales.  Yo no tengo miedo a la privación de libertad (...).

Fueron acusados por delitos penales y ahora sólo pedirán su destitución.

Los tipos penales por los que nos han acusado son delitos en el ejercicio de la función pública. Si se traslada a la jurisdicción ordinaria, no hay ningún juzgado del ámbito jurisdiccional que sea competente.

¿Es posible que les envíen a la justicia ordinaria?

Están queriendo forzar una situación que no se puede dar. Estamos suspendidos  por presuntos delitos penales. Si  trasladan el juicio, ¿empieza de nuevo el proceso? ¿De qué delitos o por qué faltas  nos van a acusar? ¿Por qué nos van a destituir? 

Así nos quiten el título, en el momento de la presunta comisión de delitos hemos sido magistrados. 

Los acusarán por un tema disciplinario... Dicen un trámite administrativo, ¿atribuido a qué norma…?

¿Debió tratarse su caso internamente en el TCP?

Los procedimientos administrativos —hasta donde se sabe— son de competencia de la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada institución, en este caso el pleno y la presidencia del TCP.

¿Debía anularse el proceso?

Es la única solución. Ni el magistrado Gualberto Cusi, ni mi persona estamos apegados a un cargo político y público. No hemos entrado (al TCP) para aprovecharnos del cargo, como otros magistrados que negocian las sentencias  y van de ofrecidos para torcer las sentencias. Hemos actuado apegados a la ley. Queremos recuperar el ejercicio de nuestra profesión.

¿De quiénes habla cuando dice que "negocian las sentencias”?

Eso no es ético decirlo. Todo el mundo (lo) sabe. El Legislativo y Ejecutivo lo conocen, nos hacen seguimiento. Hay denuncias

¿Van a encubrir,  van a atacar y sancionar  a quienes han ejercido el cargo con idoneidad y responsabilidad?