Reglamentar la huelga en contra de los trabajadores es autoritario y al gusto del presidente Morales

De sábado a sábado 409

Remberto Cárdenas Morales*

Los legisladores tienen dos años para reglamentar la huelga, por decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aunque un capítulo como ése sólo es posible, en Bolivia de ahora, si el presidente Morales ordena ese estatuto.

Y este nuevo cargo no se le atribuye a Juan Evo Morales Ayma porque crea que éste es culpable, hasta del frío invernal prolongado, como suponen algunos, con lo que rebajan el debate que debía contener ideas, apoyadas en hechos, para que sean irrebatibles en lo posible.

En nuestro país, a pesar de que también se han seguido malas prácticas de otros lugares, varias veces dictadores desembozados y autoritarios encubiertos, han intentado, sin los resultados buscados, reglamentar e incluso prohibir el derecho a la huelga de los trabajadores, sobre todo de los sindicalizados.

Las dictaduras militares y fascistas o profascistas, como las de Banzer, García Meza y Arce Gómez, fueron más lejos de las restricciones del derecho a la huelga, procuraron acabar con los sindicatos, como organismos que defienden los intereses legales y legítimos de los asalariados y no asalariados, con lo que querían poner punto final a las huelgas.

Banzer, en su período dictatorial, copió para nuestro país, el Código Penal Italiano, de tiempos del fascismo de Benito Mussolini y, por tanto, en ese cuerpo de leyes, se suprimió la huelga; legislación a la que de yapa la bautizaron como Código Banzer.

En esos seis años, a los que denominaron del “Nuevo orden”, del mismo Banzer, los dirigentes sindicales, elegidos por los trabajadores, fueron reemplazados formalmente por “coordinadores laborales”, mediante decreto del dictador, pero éste fracasó porque los líderes sindicales electos preservaron y cumplieron sus funciones con apoyo de sus bases y en otros casos se desempeñaron como tales desde la clandestinidad.

Uno de los objetivos de los “coordinadores”, rechazados por los trabajadores y por gente del pueblo, fue evitar las huelgas, es decir, anular el “movimiento autónomo” de los asalariados y no asalariados, a imagen y semejanza de lo que hizo el fascismo, bajo dirección de Mussolini, “El Duce”.

García Meza y Arce Gómez, mientras su dictadura narcofascista, ensayaron algo muy parecido a lo perpetrado por Banzer, respecto de los sindicatos y de la huelga; empero, no lograron sus propósitos.

Durante la dictadura del general de aviación. René Barrientos Ortuño, se implantó la “Ley de Seguridad del Estado”, que suprimió las garantías constitucionales y, en consecuencia, cercenó derechos a la organización sindical y a la huelga: esa potestad de abandonar el trabajo, como instrumento destinado a conseguir la atención de las demandas económicas, sociales y culturales de los trabajadores.

El MNR “fusionó”, por la fuerza, los comandos políticos de ese Partido, con los sindicatos, tanto que en los centros mineros, los comandos movimientistas tenían sus oficinas en las de los sindicatos de los trabajadores del subsuelo.

Al revés: Los dirigentes sindicales y las huelgas son apoyados y/o protegidos por gobernantes, dictadores y autoritarios, solamente si les son obedientes, como sucede ahora con la denominada Conalcam, las “bartolinas” y otros, respecto de Morales.

En el gobierno de la UDP, el derecho a la huelga fue ejercitado, por los trabajadores, sin limitación alguna, de modo que más de una de esas acciones de fuerza lastimaron los intereses nacionales y populares.

Ocurre, pues, que a veces los trabajadores, con ciertas medidas, incurren en el despropósito de marchar en contra de sus propios intereses, lo que pasa alguna vez.

En Bolivia, si hay algún registro, debe ser muy raro, de una huelga que haya seguido un trámite para que sea reconocida como legal y por eso no se descuente a los trabajadores por el lapso que no laboraron, debido a la huelga.

Aquí todas las huelgas (¿o casi todas?) Fueron “ilegales”. Mas se ejecutaron, se pagó a sus protagonistas y, lo principal, subrayo, se realizaron las huelgas y, en innumerables oportunidades. Consiguieron las demandas exigidas.

Asimismo, aquí casi todas las huelgas se improvisaron, no se propusieron o no se las propone para después de tres meses o más, como sucede en países de la región latinoamericana y caribeña.

Luego de la “relocalización”, las huelgas no las podían sostener los mineros asalariados y a menudo ni conseguían decretarlas, así se frustraba uno de los objetivos frecuentes de la huelga: causar daño a la economía de las empresas estatales o privadas. Entonces, como una acción sustitutiva de la huelga y en el camino de la lucha (Lenin), surgieron en Bolivia los bloqueos de caminos (lamentablemente con muertos incluidos), accionar que resultó eficaz, impulsado por los cocaleros, bajo la conducción del actual Presidente boliviano.

Hubo, aunque no con marcada frecuencia, un extremo: después de una huelga, los que la promovieron se vieron obligados a decretar otra huelga para que les paguen sus salarios, porque los patrones (estatales o privados) se negaban a cancelarles su dinero, pese a que los salarios son inembargables.

Viene a cuento citar a un exfuncionario del actual gobierno, el que afirmó que mientras la socialdemocracia en Europa, en varios momentos, se interesó en ayudar al fortalecimiento de los sindicatos, en Bolivia se limitan los derechos a la organización sindical y a la huelga. Y desde la Casa Grande del Pueblo se manipula a operadores, que bien pagados y con apoyo político, dividen a los sindicatos, añado.

Los mineros, muchos de los cuales respaldan a los gobernantes, otrora defendían con resolución irreductible la que llamaban (¿o llaman?): “Mita H”, el derecho a la huelga.

Esos eran mineros para sí, mucho más avanzados que los actuales, porque éstos parece que no saben dónde están sus verdaderos intereses, y guardan silencio, ante el mandato de reglamentar la huelga, con lo que. Además, olvidan que “(…) nunca un mal duró cien años/ ni hubo pueblo que resista (…)”, como dice la letra de “La caraqueña”, cueca cuyo autor, de la letra y de la música, es Nilo Soruco Arancibia, que fue dirigente sindical.

Preocupa, además, que los dirigentes sindicales (se anotan las excepciones) consientan mansamente las restricciones a la huelga resuelta ya, aunque para que la norme, en dos años, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese plazo, que se muestra largo, se debe sin duda a las necesidades electorales de los oficialistas. Reelegido, contra la Constitución el binomio Evo-Álvaro —ojalá que los resultados del 20 de octubre les sean desfavorables—, lo más probable es que apuren la reglamentación de la huelga.

Reglamentación que de inmediato trataría de limitar el derecho a la huelga de los médicos, con el propósito de imponer el Seguro Universal de Salud (SUS), tal cual ha sido asumido por los gobernantes.

Sin embargo, muchos de los oficialistas no deben saber o prefieren olvidar que los médicos, que practicaron sus derechos sindicales y el derecho a la huelga, largo tiempo, integraron el Comité Ejecutivo Nacional de la COB, sin ser obreros, como no son obreros los campesinos (y están en la COB), con la ventaja de que los médicos tenían (y tienen) relaciones laborales; los trabajadores del campo no, salvo los asalariados de la zafra de la caña de azúcar, para citar un ejemplo.

Los trabajadores, desde sus trincheras, junto al pueblo boliviano, tienen el deber de evitar la reglamentación de la huelga, de sello evista.

Aquí, en esta época de los cambios burgueses, no debe pasar esa política antilaboral, con sentencia constitucional, para reglamentar la huelga; órdenes en forma de reglas que son propias del fascismo que tuvo lugar en Europa, en Latinoamérica. y en Bolivia.

*Periodista