Averiguan causas de siete muertos de El Alto a paso de tortuga (IV)

De sábado a sábado 367

Remberto Cárdenas Morales*

“Nos habían indicado (fiscales-investigadores) que iba a demorar un mes poder habilitar el edificio quemado, pero aún no tenemos la libertad para sacar todo lo que tenemos dentro del municipio. Inclusive se ha denominado como parte de la conspiración para desestabilizar la gestión municipal”, dijo Soledad Chapetón, alcaldesa de aquella joven ciudad, a los medios de difusión.[1]

Agregó que el exsecretario administrativo y financiero, Henry Alcón, identificado como uno de los que participó en las agresiones del 17 de febrero de este año, no fue convocado a declarar. “Tiene mandamiento de apremio; hay información que dice dónde está, pero no se toma acciones”, según la autoridad edil.

Chapetón, asimismo, afirmó que les resulta ofensivo que el exviceministro de Seguridad Interior, Marcelo Elío, quien aseguró que fueron un autoatentado los hechos ocurridos en la oficina de la Alcaldía de El Alto (17-02-16), haya sido nombrado funcionario de la Dirección Nacional de Trata y Tráfico de Personas, funcionario público que tampoco declaró dentro de la investigación de esos crímenes.

Esos hechos y esos dichos muestran, una vez más, que cuando los investigados son o deben ser funcionarios del gobierno, masistas y/o amigos de éstos, se retrasa la averiguación, se excluye a los que se debe investigar —como a la exministra Achacollo por su presunta responsabilidad en el millonario desfalco del Fondo Indígena— o a esa acción son sometidos empleados subalternos del gobierno o de alguna instancia estatal, subordinados de jefes administrativos o dirigentes políticos, los que sí tendrian que ser investigados.

En el caso que comentamos, vemos que las medidas apuntan, según lo que sucede hasta ahora, a conseguir la impunidad de los autores materiales e intelectuales de los crímenes en la Alcaldía de El Alto. La segunda posibilidad es que los fiscales “descubran”, mejor dicho, fabriquen pruebas con las que intentarían culpar a la alcaldesa Chapetón y a otros funcionarios municipales de haber alentado y/o cometido autoatentado. No debemos perder de vista que, también, se investigue, enjuicie y condene a los que no tengan la principal culpabilidad.

En distintas ocasiones y en lugares dispares, aquí en Bolivia, se han inventado autoatentados o los verdaderos atentados, a veces, fueron denunciados por los actores de carne y huesos de esas acciones criminales. Ejemplo: un suboficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), cuando se desempeñaba como Subsecretario (hoy viceministro) del Ministerio de Gobierno, de René Barrientos Ortuño, él hacía estallar bombas en casas de dirigentes políticos y/o sindicales y ese accionar, en conferencia de prensa, atribuía a “militantes castro-comunistas”, lo que jamás se investigó. Otros estallidos de bombas en domicilios particulares, durante el gobierno de Juan José Torres, fueron ejecutados por miembros del Ejército Cristiano Nacionalista, con el propósito de generar ansiedad en la población y para desestabilizar a ese gobierno progresista. Recordemos que era el tiempo en el que se recuperaron, realmente, recursos naturales mineros para los bolivianos, como los de Mina Matilde, Mina Bolívar y las Colas y Desmontes (con estaño) de Catavi-Siglo XX. Entonces también funcionó la Asamblea Popular: poder dual (o alterno al de Torres) para el Partido Obrero Revolucionario (POR) y escuela de administración gubernamental para los trabajadores, según el Partido Comunista de Bolivia (PCB).

Los gobernantes actuales, tras que se los culpa de una acción política que se juzga equivocada, de acuerdo a los intereses populares, niegan su autoría con fuerza —para hacer creer— luego pasan a la contraofensiva y culpan de esas acciones a los opositores a los que, además, se los señala como derechistas u operadores del imperialismo.

En otro espacio, como esta columna, ya dijimos que el exviceministro Elío —del que se ha dicho que también marchó con padres de familia de El Alto el día de los hechos luctuosos— inventó el autoatentado de las autoridades municipales alteñas, inmediatamente después de los seis muertos y los 20 heridos. El presidente Morales, a los pocos días, dijo algo similar, y añadió que el propósito de esa acción fue influir en los electores para que voten NO el 21F.

Sin embargo, con aquella hipótesis del autoatentado no estuvieron de acuerdo incluso miembros del gobierno actual. El ministro de Gobierno señaló que una hipótesis como esa no debió ser difundida. Quizá por eso el aprendiz de policía, Marcelo Elío, fue sacado del cargo y llevado a otro quizá menos complejo que el de la seguridad del Estado y del gobierno de este tiempo.

Los gobernantes, sin asumir ninguna autocrítica respecto de la elección en urnas de los jueces supremos —como en ninguna parte del mundo decían— echan lodo contra de jueces y fiscales, y sin sonrojarse, hablan de que hay que “revolucionar” la justicia. El Presidente, después de los muertos en el penal de Palmasola, ha dicho que él se ha convencido de que en nuestro país “la justicia se negocia”. Especialmente, esas declaraciones del primer mandatario nos reafirma que está lejos que fiscales y jueces averigüen sobre muertos, heridos, quema de documentos y otros, sucedidos en El Alto, y que más bien harán todo lo posible para encubrir y asegurar la impunidad de los responsables de esos crímenes; para proteger a masistas, agregamos nosotros, porque si de hipótesis se trata, junto con la alcaldesa Chapetón y otros autoridades de la Alcaldía alteña, también para nosotros, los autores de aquellos hechos son masistas u operadores de los gobernantes, aunque ellos no figuren en las listas del MAS.

Los gobernantes tratan no sólo de conseguir la desestabilización del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y de la alcaldesa Soledad Chapetón, la meta en derrotar a ese gobierno e incluso acortar el mandato de esta última, como han confesado dirigentes de los movimientos sociales alteños: los llunkùs y los súper llunk’us del Jefazo.

Esta posición podría ser entendida como una adhesión a la derecha alteña y, concretamente, un espaldarazo a Chapetón y, por tanto, a Doria Medina y al partido de éste. Esa sería un interpretación chueca. Nosotros estamos en favor de que se investigue (que se descubra), que se juzgue debidamente a los autores y, como consecuencia, que se los castigue conforme a la Constitución Política y las normas bolivianas y los principios del derecho, a lo que se deben sumar las convenciones internacionales, que son leyes bolivianas.

Vamos más allá. Chapetón anunció que el gobierno municipal que encabeza recurriría a un organismo internacional para que investigue los hechos que enlutaron a los bolivianos y sobre todo a los alteños. El desprecio por la vida de aquellos compatriotas no debe quedar impune. Desde esta columna creemos que ese no sólo debe ser un anuncio, aunque todavía deben agotarse las instancias internas antes de recurrir a organismos internacionales.

Más allá de que sólo la investigación de los fiscales serviría de prueba en el proceso que sólo está en su fase investigativa, desde el lugar en el que estemos los que buscamos investigación, proceso y castigo de y para esos crímenes, debemos ayudar en esa labor: acopiar la información recogida por otros y hacer lo que esté a nuestro alcance para conseguir un nuevo conocimiento y difundirlo.

Estemos seguros de que la verdad encadenará a los que, sueltos de cuerpo, culparon y culpan a las autoridades municipales alteñas de haber cometido un autoatentado. Es urgente, por tanto, descubrir en vez de encubrir y aportar para que los que matan compatriotas, como en El Alto, no sean favorecidos ni con el olvido ni con el perdón, como señalan los defensores de los derechos humanos. 

La Paz, 18 de abril de 2016.

*Periodista