De sábado a sábado (286)
Remberto Cárdenas Morales*
Ruddy Flores, presidente renunciante del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la semana que concluye, dijo que sus llamadas telefónicas “son grabadas, fiscalizadas y supervisadas por sistemas de inteligencia”. Suponemos que culpó a organismos de inteligencia del Estado y del gobierno; además, quizá a extranjeros, como estadounidenses y/o israelitas.
Ese “magistrado” renunció a la presidencia del TCP tras la denuncia de esos “pinchazos” telefónicos, como se les llama al espionaje telefónico en el mundo político y entre los periodistas, especialmente.
Al día siguiente, ante los medios de difusión, afirmó que su declaración fue sacada de “contexto” y/o que se le entendió mal.
Y con aires de quien hizo algo sin importancia manifestó que está dispuesto a que sus colegas, en una reunión de todos, lo repongan en el cargo. El “magistrado” Flores se arrepintió de su renuncia e incluso trató de argumentar en favor de su retorno a la presidencia del TCP. Lo citamos:
“Totalmente dispuesto (a seguir en la presidencia del TCP), porque es una responsabilidad con el pueblo boliviano. No me estoy haciendo a un lado de la responsabilidad que me dio el pueblo boliviano. Vamos a esperar cómo se resuelve esta renuncia en el seno del pleno del TCP”.
El “magistrado” de marras ni siquiera se animó a retirar su renuncia e incluso sugiere que no renunció cuando dice que no se está “haciendo a un lado” del mandato recibido del pueblo y habla de su responsabilidad ante el soberano.
Ojalá que los magistrados del TCP se apropien de la resolución que se aplica en otras instancias: que acepten todas las renuncias y, en primer lugar, la de Ruddy Flores.
La retractación (arrepentirse de lo dicho) es una práctica entre los magistrados de ese organismo encargado de cuidar la constitucionalidad en Bolivia.
Recordemos que el presidente renunciante del TCP le pidió a su colega Cusi que se retracte de críticas que hizo a miembros de ese organismo supremo.
Flores, que denunció el “pinchazo” telefónico al sentirse víctima, se retractó de su denuncia, así como se retractó de su renuncia.
El “magistrado” renunciante pretende cambiar el contenido de las palabras: en vez de retirar su renuncia, dice que no dará un paso al costado por su responsabilidad ante el pueblo.
En realidad, ese “magistrado”, aunque sólo implícitamente, refiere los alcances de la crisis que sacude al poder Judicial y, por añadidura, al Ministerio Público. Así él también se desacredita y ensancha mucho más el descrédito del TCP.
Citamos dos ejemplos que grafican el comportamiento de los miembros de ese Tribunal y que ocasionan un mayor descrédito de ese organismo de la constitucionalidad:
—Una sentencia del TCP dispone, entre otros aspectos, que la consulta a los pueblos indígenas (moxeño-trinitarios, yuracarés y chimanes), para la construcción del camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, debía ser “concertada” entre los gobernantes y los pobladores del TIPNIS. Sin embargo, los gobernantes impusieron una consulta posterior, desinformada y de mala fe, en suma, tramposa. Ante esa realidad, el TCP nada hizo para que el fallo referido sea ejecutado conforme a derecho, como dicen ellos.
—El TCP, en una flagrante (visible) violación del punto dos de las medidas transitorias de la Ley Fundamental, habilitó como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, por tercera vez, a Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Quizá alguno de esos magistrados tenga algún cargo de conciencia porque ellos saben que han cometido prevaricato para favorecer una reelección que será fraudulenta. Los gobernantes también tienen que recordar que cuando aprobaron la prohibición a la tercera elección sucesiva de los dos primeros mandatarios, sus asesores dijeron que iban a buscar una salida política para burlar ese impedimento constitucional. Para el Vicepresidente fue una manobra “envolvente”: aceptar que la CPE prohíba la tercera elección de aquellos dos ciudadanos y que en los hechos se busque esa reelección con la ayuda de los magistrados del TCP. El Presidente, como otros casos, dijo una cosa e hizo otra.
Acerca de los “pinchazos” telefónicos, éstos son cada vez más frecuentes y cada vez más los espiados en nuestro país.
El Presidente-candidato, en La Habana, en ocasión de una reciente reunión de la CELAC, propuso “pinchar” el teléfono del presidente de Estados Unidos, agregó que así se lucharía contra las intervenciones yanquis en nuestros países. Esa propuesta de Morales fue una ligereza desmedida, aunque inaplicable por delictuosa.
Sin embargo, esa propuesta del presidente Morales, dentro del país, tiene los alcances de una licencia implícita para los “pinchazos” telefónicos.
Ruddy Flores, el presidente renunciante del TCP, aunque se ha desdicho, nos informó sobre algo de lo que teníamos indicios, de lo que ahora tenemos la confirmación: ese “magistrado”, y vaya a saberse cuántos más, en Bolivia, son espiados por organismos de inteligencia del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana y, también, sospechamos fundadamente, por la CIA y por el Mossad, la “inteligencia” israelí.
Los gobiernos neoliberales, y antes las dictaduras militares y fascistas, han “pinchado” teléfonos de innumerables compatriotas. Antes, lo hicieron sin las tecnologías actuales; ahora, con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Ahora, éstas sirven para espiar no sólo a los opositores políticos sino también a miembros del bloque gobernante.
Los “pinchazos” telefónicos, son parte del oficio sucio del llamado Estado plurinacional, aunque creemos que esa es una labor complementada a la de los “agentes encubiertos” que existen por disposición de una ley.
Los espías telefónicos quizá operen rudimentariamente o dotados de las TIC, eso importa menos. Lo que importa son los resultados: los gobernantes alegan que esa actividad la emprenden en aras de la seguridad del Estado al que llaman plurinacional.
La privacidad como derecho, así como la actividad pública, son espiadas con equipos sofisticados que interceptan teléfonos. Antes se empleaban personas que escuchaban conversaciones ajenas, ahora son las TIC las que facilitan la actividad de los espías.
Los espías, en Bolivia actual, desarrollan una actividad que es consentida y/o impuesta por los gobernantes. Y, según las fuentes consultadas, esos espías en nuestro país despliegan la activad señalada por Ruddy Flores y, además: graban, fiscalizan, interfieren, desvían, distorsionan, bloquean, supervisan y analizan conversaciones de opositores y oficialistas, en aras de la seguridad de los gobernantes y para reproducir el poder político de éstos —y aunque digan que ésa es seguridad del Estado—. En tanto que el poder económico, que se acrecienta, está en manos de antiguos y nuevos propietarios medianos y empresarios grandes: criollos y transnacionales.
La Paz, 22 de febrero de 2014.
*Periodista