En organismos del Estado plurinacional se mata sin piedad

De sábado a sábado (277)

Remberto Cárdenas Morales*

En cuarteles militares y en recintos policiales matan a miembros suyos como si se tratara de enemigos.

Esa es la principal comprobación de organismos que, en Bolivia, promocionan, difunden y defienden los derechos humanos: la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia y sus afiliados, especialmente.

Sin embargo, los informes de estas dos organizaciones han sido puestos en duda y/o han sido calificados como “lamentables” por funcionarios como el Ministro de Gobierno. Pero más allá de ese criterio de esos gobernantes, los datos y los dichos que se conocen convencen de que dentro de los organismos de seguridad interna y externa del llamado Estado plurinacional se viola el derecho a la vida de las personas.

Son más de 20 los muertos en los ambientes castrenses y varios los muertos por aparente autoría de superiores en grado en centros policiales. En la Academia Nacional de la Policía, hace menos de un mes, fue muerta la cadete Poma y la investigación que se realiza, hasta este momento, más parece destinada a encubrir antes que a esclarecer el hecho, como ha sucedido tantas veces entre nosotros.

En organismos que integran el denominado Estado plurinacional, además que se mata, se violan derechos a la seguridad, al estudio, a la salud, a la libre expresión, al debido proceso, a la salud, entre otros.

En esos lugares, entre los encargados de la seguridad de la ciudadanía, asimismo, existen aparentes cómplices de las violaciones de esos derechos humanos. Allí también se encubre a los sospechosos de cometer esos crímenes. Basta recordar que un oficial del Ejército que, con otros colegas suyos, acabó con la vida del oficial Poma, en la Escuela de Cóndores, como resultado de un comportamiento culposo, aunque se alega que aquella golpiza fue parte del entrenamiento destinado a desarrollar destrezas para la defensa propia de los oficiales.

La protección a esos presuntos criminales, indirectamente, proviene incluso del Presidente boliviano. Éste en tres oportunidades ha dicho que la defensa de los derechos humanos de los uniformados, por organizaciones encargadas de hacerlo, perjudica la formación profesional de los cadetes de institutos militares o de los conscriptos. Y aunque no defendió, expresamente, a los policías: ni a jefes, ni a oficiales, ni a suboficiales, ni a la tropa, el Ministro de Gobierno, sin voz resuelta, salió por los fueros de los últimos.

Incluso la impunidad de varios de esos supuestos criminales está garantizada. En el curso del año que concluye, cuando se inició una investigación (que sigue inconclusa) para esclarecer la muerte de una enfermera, en uno de los ambientes del “Gran Cuartel de Miraflores” en La Paz, se descubrió que un probable homicida o asesino del teniente Poma, en la Escuela de Cóndores, residía en ese cuartel, con trabajo y con grado. Pero a pesar suyo y más allá de sus protectores tuvo que ir a declarar ante tribunales de la justicia ordinaria en Tarija.

La Defensoría del Pueblo ha dicho, además, que recibió 300 denuncias de violación de derechos humanos en los cuarteles del país. Nosotros añadimos que se sabe que otras violaciones de esos derechos en ambientes militares no son denunciados porque si las víctimas lo hacen son expulsadas de institutos y otros centros de uniformados.

Este 2013, hace menos de dos meses, en Miraflores y otras comunidades próximas a la capital provincial Apolo, Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), han violado derechos de una población empobrecida de la que, además, se ha dicho que recibió colaboración de narcotraficantes peruanos y colombianos, así como de combatientes de Sendero Luminoso, también de Perú.

Entre las mentiras se conoce otra dañina: a los dueños de modestas plantaciones de coca —modestas por su extensión y por el subdesarrollo de los arbustos— se les dijo que no se iban a erradicar esos cocales sin previo acuerdo. Sin embargo, las FTC, en Miraflores, próxima a Apolo, ingresaron entre las 5 y las 5 y 30 de la madrugada a la comunidad y a los domicilios de los pobladores, ocasión en la que impusieron la destrucción y el terror. Luego sobre todo mujeres y niños fueron sitiados, por la soldadesca, en un campo deportivo donde fueron obligados a permanecer horas sin agua ni comida ni cobijo alguno. Allí otra vez se implantó el temor, de niños y madres, los que en la madrugada sufrieron la descarga de gases lacrimógenos, como antes no había sucedido, dijeron pobladoras a medios de difusión y a defensores de los derechos humanos que se constituyeron en el lugar. Vale precisar que, en este momento, la mayoría de los hombres hacía vigilia en sus cocales y en su organización sindical, en Apolo. Y luego de la represión, ejecutada por las FTC, la mayoría de los hombres se metieron al monte o abandonaron el lugar para autoprotegerse, durante semanas.

Contra los detenidos —13 de los cuales siguen en el improvisado penal de Patacamaya—, no existen cargos reales. Aunque no se lo diga, todos ellos han sido apresados para “fines de investigación”. Allí todavía hay personas de la tercera edad y miembros de una familia Flores sólo porque están vinculados con un ex Alcalde de Apolo que fue sacado del cargo con procedimientos cuando menos discutibles.

Cuatro de esos detenidos han sido liberados en el curso de la semana que concluye porque no encontraron cargos en su contra y que los incrimine. Los otros son investigados, según las autoridades, para establecer la autoría intelectual y material de los cuatro muertos el día de la represión de las FTC, uno de los cuales era médico que murió con uniforme militar.

Sin una investigación rigurosa, que descubra y que no encubra, jueces y fiscales se han encargado de señalar que en las proximidades de Apolo y durante la represión no participaron ni peruanos ni colombianos: el Presidente boliviano incluso dijo que peruanos y colombianos habían utilizado a los compatriotas de Miraflores. No obstante, sigue vigente una contradicción: un fiscal, encargado de la averiguación, ha dicho que no hubo emboscada protagonizada por los pobladores de aquella localidad apoleña, otro fiscal en cambio afirma que sí hubo emboscada. Los últimos días se conoció que los investigadores aseguran que dos de los muertos fueron ejecutados y los disparos se los hizo de arriba hacia abajo. Si hubo ejecución ¿Se descubrirá a sus autores reales?

El presidente Morales señaló que los uniformados evitaron más muertos, lo que se presentó como una actitud responsable. Dudamos de que se constate o se desmienta esa supuesta madurez de los uniformados respecto de los pobladores en Miraflores-Apolo.

Lo que está claro es que la coca, que se consideraba excedentaria, ya no existe en la región, y los únicos que han perdido con ese operativo son los dueños de esos cocales, producto que era la principal fuente de ingresos que mantenía a esas familias empobrecidas.

En el 2013 los campeones de la violación de los derechos humanos son miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, organismos de seguridad interna y externa del Estado, los que están subordinados al Presidente. Éste, además, no desperdicia ocasión alguna para explicar y hasta defender las fechorías de uniformados que con frecuencia acaban con vidas, sobre todo de jóvenes que estudian y/o trabajan en institutos y en cuarteles militares y policiales.

La Paz, 14 de diciembre de 2013.

*Periodista