Latifundistas tienen cuatro años más para soslayar el saneamiento de sus tierras

De sábado a sábado (271)

Remberto Cárdenas Morales*

El 31 de octubre (2013), el presidente Morales promulgó la Ley de Ampliación de Saneamiento de Tierras por cuatro años más porque, se sabe, faltan por sanear 40 millones de hectáreas y que han sido saneadas 57 millones de hectáreas.

El Presidente ha reiterado cifras y ha callado otras de modo que presenta a su gobierno como uno que favorece a los pequeños y medianos propietarios agrarios (campesinos, originarios e indígenas, dicen), antes que a los latifundistas y, otra vez, repitió el discurso del Vicepresidente: a los empresarios agropecuarios sólo se les ha consolidado 4 millones de hectáreas, frente a 37 millones de hectáreas consolidadas y con título ejecutorial a los pequeños y medianos propietarios del campo.

En ese discurso presidencial como en otros, lanzó bromas, desafortunadas casi siempre, como la de señalar que al Vicepresidente, ahora casado, se le debe dotar de tierra para que el título de propiedad se extienda en nombre de su esposa. Y el chiste ése es difundido por Morales en la misma ocasión en la que informa —bien por él— que se apropió de un principio acuñado por dirigentes campesinos encabezados por Genaro Flores de que la tierra debe ser concedida a título gratuito “a quien la trabaje personalmente” y, añadimos, no como ocurrió con la reforma democrática y burguesa de 1953 que adjudicaba la tierra a los que la trabajaban y, en muchísimos casos, a los que la hacían trabajar con peones (como hacía el Presidente en sus tierras de Villa 14 de Septiembre).

Otra broma pesada del Presidente, dicha en el Palacio de Gobierno, fue la siguiente: al máximo dirigente de la CSUTCB le pidió que aclare si hablaba de dotar tierra “a sus mujeres” (las de ese dirigente) o “a nuestras mujeres” (es decir, a las integrantes de la población campesina), con un dejo antifemenino.

Hubo críticas muy duras de Morales a sus compañeros de la CSUTCB. A ellos les dijo que no intenten adueñarse del INRA para servirse de él; a la Presidenta de la CIDOB oficialista que el INRA no debe reducir sus labores a las que cumple un INRA departamental; que los ejecutivos del INRA eviten la burocracia en su labor administrativa; que los dirigentes campesinos dejen de pedir entre 200, 300 y 500 hectáreas porque eso sería acaparar tierras, las que luego las fraccionarían y las venderían. Un antecedente: el suelo sobre el que se construye la planta de urea (que tendrá al gas natural como materia a transformarse) fue vendida a precios altos, pese al reclamo del primer mandatario y a que esos predios fueron dotados gratis a cocaleros que son a los actuales comercializadores.

Sin embargo, de esa crítica debemos tomar nota, pero dudamos de que los parciales del Presidente rectifiquen su comportamiento.

Precisamente han sido dirigentes campesinos los que plantearon una pausa de cinco años en el saneamiento de tierras en la llamada Cumbre de Cochabamba, de diciembre de 2011 y enero de 2012. Esa propuesta que dio lugar a más de un proyecto de ley, el último día de octubre se promulgó como ley de Bolivia la que, aunque no se lo diga, beneficiará en especial a los latifundistas del oriente boliviano, los que poseen sin saneamiento al menos 20 millones de hectáreas de tierras (las que incluyen a medianos propietarios), según el ex viceministro de Tierras del actual gobierno, Alejandro Almaraz.

Se conocen testimonios, asimismo, de que funcionarios del gobierno amplían sus tierras por las que gastan nada, reciben ese medio de producción a título gratuito y en propiedad individual, aunque las normas agrarias disponen que la dotación de tierras se la haga gratis, pero en propiedad colectiva, como sucede especialmente con los territorios indígenas en los que sus dueños ancestrales disfrutan de la propiedad comunitaria, aunque ésta incluye el solar en el que viven las familias indígenas, pero que se trata de pequeñas parcelas.

La concentración y/o monopolización de la tierra agraria o agropecuaria no cesa: estudios difundidos por la Fundación Tierra, con experiencia en la materia, dan cuenta de que en Santa Cruz empresarios brasileños poseen al menos un millón de hectáreas, casi todas on cultivos de soya (acaso en su mayor parte transgénica), así como también detentan tierras fértiles en esa región: argentinos, colombianos, peruanos, menonitas…

Colonizadores de Cuatro Cañadas, uno de los fuertes ¿o ex fuertes? de Evo Morales, reiteran cada vez que en esa región son los empresarios los que agrandan sus tierras o reciben nuevas sin pagar y en propiedad personal. Entre tanto, los colonizadores siguen esperando en una “cola”, pero su turno no les llega para ser adjudicados con nuevas tierras. Allí tiene lugar una tendencia que sigue en curso en nuestro país: los dueños de tierras (pequeñas, medianas y grandes) quieren más tierras y les importa nada que para eso se degraden los bosques e incluso a costa de éstos. En este último caso aplican el razonamiento de los que, en el gobierno, creen que el desarrollo económico hay que lograr aunque se sacrifique la naturaleza.

Precisamente con el argumento de que es necesario aumentar la producción de granos y, por tanto, la soberanía alimentaria, se amplía la frontera agrícola, se talan árboles y se destruyen bosques para sembrar incluso en tierras sin vocación agrícola.

Mientras se desarrollaba la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS, colonizadores que bloquearon la vía Trinidad-La Paz, en Yucumo (Beni), declararon que querían más tierras en aquella reserva natural y territorio indígena, según ellos, a lo que tenían derecho, declaración que fue reforzada por otro colonizador del Chapare quien añadió que el actual Presidente les ofreció tierras en el TIPNIS cuando hizo su campaña para su segundo mandato.

Dos antecedentes, lejanos el uno, contemporáneo el segundo, conviene reiterar para entender mejor que uno de los graves problemas irresueltos y de vieja data en Bolivia es el de la tierra. Colonizadores españoles en 1780 pretendían las tierras en las que vivían los yuracarés en el actual Chapare y los cochabambinos codiciaban las otras tierras, también del Chapare, para plantar coca, caña de azúcar, ají y añil, según una carta de Ignacio Flores, criollo nacido en lo que hoy es Ecuador, el que le escribió una carta al Rey de España para convencerlo de la necesidad de construir un camino que una el Chapare con Moxos, propósito que revela que la posesión de la tierra era entonces esencial.

Los actuales colonizadores del Chapare, se asentaron allí luego de expulsar a los yuracarés, dueños ancestrales de esas tierras. Debido a ese despojo, ese pueblo indígena estableció en el TIPNIS su nueva residencia.

Reafirmamos que los latifundistas del oriente boliviano serán los principales beneficiarios de la ley que amplía el saneamiento de tierras porque, en ese tiempo de cuatro años como mínimo, convertirán a sus predios ahora improductivos en los que para lo que, esos patrones, sembrarán y/o criarán ganado, para lo que importa el tiempo, con los que demostrarían que sus latifundios cumplen una función social y económica. O, con tiempo, tal como se informa, incluso desde esferas gubernamentales, los latifundistas improductivos suelen “prestarse” ganado o regalan sus pastos para mostrar animales en sus predios, sin que éstos sean de su propiedad.

Recordemos, además, que en uno de los primeros proyectos de constitución política se propuso que se norme la retroactividad en materia de tenencia de la tierra. Es decir, la extensión de la tierra no debía ser mayor de las 5.000 hectáreas, de modo que los predios de mayor extensión a las 5.000 hectáreas debían ser afectados y el excedente recuperado por el Estado, sin saneamiento de tierras.

Asimismo debemos considerar lo que dice Almaraz en una nota periodística reciente sobre la actual tenencia de la tierra en nuestro país. Citamos:

“García ha hecho lo que ha estado a su alcance, desde la misma discusión de la nueva ley agraria en el 2006, porque los procedimientos agrarios no afecten el dominio empresarial de la tierra y, consiguientemente, no logren lo que ahora él proclama con absoluta falsedad: que la tenencia concentradora de la tierra se ha transformado radicalmente. Para ello,  García fue artífice principal de los acuerdos entre su Gobierno y la burguesía agropecuaria, que han derivado en la ley del  perdonazo  de los desmontes ilegales, en cuya virtud el saneamiento tendría que legalizar el incumplimiento de la función económica y social (FES) de la tierra en varios millones de hectáreas, y ya, desde el 2006, ha peleado dentro del  Gobierno por la pausa de cinco años en la verificación de la FES que ahora ha logrado traducir en un proyecto de ley reiteradamente remitido por el ejecutivo a la Asamblea Legislativa”. Esa pausa existe con el nombre de la ley que promulgó el Presidente el 31 de octubre”.

Una de las bases para el acuerdo de Evo Morales con los empresarios cruceños son las gangas gubernamentales concedidas a esos grupos económicos.

El tiempo corre en favor de los verdaderos intereses regionales, populares y nacionales. Ese mismo tiempo ayudará a esclarecer los alcances de la política de los gobernantes respecto de la tierra y del territorio. Nosotros tenemos que participar de la lucha de ideas sobre un asunto esencial como es de ese binomio: tierra-territorio.

En el campo de nuestro país siguen su cauce las formas de propiedad establecidas por la Constitución Política: propiedad privada, cooperativa, comunitaria, estatal y mixta (privada y pública en asociación). Sin embargo, especialmente en el oriente del país la propiedad privada (mediana y grande) es la que predomina, incluso hay indicios que nos convencen de la existencia de un proceso de monopolización de la tierra agropecuaria.

Además, miembros de los llamados movimientos sociales y del gobierno están en una carrera desenfrenada de acaparamiento de tierras o agrandan las que tienen. En verdad, la tierra se distribuye a título gratuito y en propiedad personal, lo que define como burguesa ese proceso, muy distante de lo que plantearon los dirigentes sindicales campesinos, es decir, la tierra se adjudica sin la condición de que quienes la posean la deben trabajar personalmente.

La reforma agraria actual, si se acepta tal denominación, es democrática y burguesa, sobre todo la que tiene lugar en el agro cruceño. La excepción son los territorios indígenas los que, sin embargo, están amenazados como el TIPNIS.

La Paz, 2 de noviembre de 2013.

*Periodista