De sábado a sábado (268)
Gonzalo Sánchez de Lozada:
Remberto Cárdenas Morales*
Así resumió su respuesta el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, a una delegación integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, de la Iglesia Católica y de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa del país, los que en ese encuentro le pidieron al Presidente que dialogue con los principales dirigentes sindicales de la COB, la CSTPB y las cinco federaciones de productores de coca del Chapare.
El alzamiento, especialmente, de alteños y paceños estaba en curso, vivíamos y luchábamos el 11 de octubre de 2003, hace diez años, en la casa presidencial de la Av. Arce, en La Paz, intentamos conseguir diálogo entre los bloques enfrentados. Ahora es fácil decir que esa gestión fue tardía o que hubiera dificultado y/o paralizado la lucha de masas de esos días. En un libro se dice, por ejemplo, que la huelga de hambre de la que participaron personalidades como Ana María Romero de Campero (+), dirigentes sindicales y delegados de las capas medias, especialmente paceñas, trabaron el despliegue de toda la fuerza transformadora del pueblo en un momento insurreccional.
Citamos, asimismo, dos mentiras que difundían los gobernantes como “argumentos” para aplastar el alzamiento popular:
—Nosotros no dialogaremos con “vándalos” que, en El Alto, pagan a todos los bloqueadores con plata que Evo Morales ha recibido, para un golpe contra mi gobierno, de Kadafi (entonces presidente de Libia), fue una de esas mentiras, entre otras, del presidente Sánchez de Lozada.
—La otra: Acaban de herir a mi Viceministro de Trabajo que fue a entregar una carta a los alteños en la que se les propone conversar. La respuesta a ese funcionario público —añadió— ha sido la agresión que le ha “reventado” el ojo derecho. Dicho eso, el Presidente le encomendó ocuparse personalmente de la salud del supuesto herido, al entonces ministro de Salud, Javier Torres Goitia Caballero, que se desempeñaba a la vez como vocero gubernamental.
El único “compromiso” de Gonzalo Sánchez de Lozada propuesto por él, como respuesta a sus interlocutores, fue que los delegados de las organizaciones citadas busquen diálogo y quizá una negociación con los ministros Mirtha Quevedo y Adalberto Kuajara.
El Presidente, además, sostuvo que no creía posible diálogo alguno de los gobernantes de entonces y los dirigentes de los sindicatos porque éstos impulsaban un golpe de estado, reiteraba en sus intervenciones repetitivas que le escuchamos en esa reunión.
A la salida de la Casa Presidencial del barrio de San Jorge de La Paz, periodistas nos informaron de que se reportó la muerte confirmada de más de cinco luchadores de la guerra del gas.
Los dirigentes sindicales, de la COB sobre todo, consideraban imposible un diálogo y una negociación luego de la matanza, inocultable ya esos días y que ordenó el principal gobernante que declaraba, directamente y por intermedio de sus voceros, que no iba a renunciar.
Los miembros de la comisión autoconvocada y que conversó con el Presidente, al día siguiente de esa reunión, en comunicado que difundieron los medios de difusión, dijeron que en El Alto había ocurrido una “verdadera masacre”. Una consecuencia interna de esa proclama fue la decisión del Secretario General de la Conferencia Episcopal, Mons. Jesús Juárez y a la vez obispo de El Alto, de retirar a su delegado personal de esa comisión, junto con el pedido de que nada más diga sobre lo que fue la reunión con el Presidente y que se abstenga de firmar otro comunicado además del citado.
Otra gestión anterior que llevó a cabo la CSTPB fue una reunión entre delegados de sindicatos y dirigentes de políticos de izquierda. Entre otros asistió el máximo Ejecutivo de la COB, Jaime Solares; el líder de los cocaleros del trópico, Juan Evo Morales Ayma e inasistió Felipe Quispe, dirigente principal de la CSUTCB. Entre los partidos políticos se contó con la participación del PCB, PCBML, MSM, PS 1, Patria Socialista y Multinacional, Partido Socialista Democrático y otros.
En esa reunión, la CSTPB propuso que Jaime Solares, Felipe Quispe y Evo Morales, asuman la conducción del movimiento en marcha y ofreció la sede sindical de los periodistas para que allí funcione ese grupo de coordinación. El primero y el tercero de aquéllos, presentes en la reunión, aceptaron asumir esa gigantesca tarea. Representantes de la CSTPB conversaron con Felipe Quispe, quien ejercía la dirección de una huelga de hambre instalada en dependencias de la Fundación San Gabriel y de la radioemisora de igual nombre, en El Alto. A pesar de que Felipe Quispe dijo entender la necesidad de la coordinación con los líderes sindicales, agregó que creía que esa labor sería imposible y que por eso él no estaba dispuesto a perder su tiempo y se negó a concurrir a una futura reunión; sin embargo, delegó a un periodista alteño para que lo represente en reuniones con Solares y Morales, pero el que se desempeñaba al mismo tiempo como dirigente sindical no asumió esa representación.
Felipe Quispe frustró ese intento de coordinación entre los que, en ese período, eran los más importantes dirigentes sindicales del país.
En un ampliado de la COB, la CSTPB propuso que los sindicalistas busquemos un acuerdo con el posible Presidente, en ese momento Vicepresidente que “había dado un paso al costado”. Casi todos los asistentes a ese ampliado de sindicalistas ni siquiera aceptó discutir un acuerdo con Carlos D. Mesa Gisbert, sobre la base de un programa mínimo. Supimos que el potencial Presidente del país buscaba, en ese momento, apoyo de la comunidad internacional y/o de miembros de ésta, varios de los que se anticipaban y le expresaban su respaldo a Mesa para que ejerza la Presidencia constitucional.
Civiles y militares, con una insignificante fuerza, de acuerdo a testimonios, los días del alzamiento popular, se reunían para tramar un golpe de estado, autodefinido como progresista, patriótico, para cambios avanzados, etc., etc. Esa laya de golpistas en ciernes soñaban despiertos por lo que creían que apoyarían su acción en la fuerza del pueblo insurreccionado, en cuyo movimiento confluía una organización débil y una espontaneidad promisoria de explotados y oprimidos.
Otra propuesta marginal y poco conocida fue la de un docente universitario, la que tampoco pudo abrirse paso: “arriesgar” la vida de 2.000 o 3.000 compatriotas con lo que él estimaba que el pueblo tomaría el poder. Una respuesta inteligente de uno de los “soldados” de la guerra del gas fue suficiente para desactivar lo que habría sido una monstruosa aventura, desde su formulación: Acepto tu propuesta, le respondió, a condición de que tu y yo nos pongamos delante de los que entregarían sus vidas.
En octubre de 2003 lo fundamental fue la insurrección popular, aunque inconclusa, cuyos protagonistas en la primera línea fueron los alteños y paceños, a lo que se sumaron mineros de las pocas empresas públicas de ese sector económico, como los de Huanuni y, después, los cooperativistas mineros. La mayoría de éstos llegó a La Paz cuando el Presidente huyó y dejó su renuncia en Santa Cruz. (Decimos insurrección popular inconclusa porque el alzamiento del pueblo acabó con el gobierno neoliberal, pero la fuerza de la masa no alcanzó para que ella misma asuma el poder).
Para un recuento que busque la verdad sobre la “guerra del gas” creemos necesarios los datos precedentes.
Con el mismo propósito, es decir, para un balance de esas jornadas épicas, leamos lo que dijo otro docente universitario (ahora jubilado), en medio de la lucha de clases de esos días: los alteños han puesto los muertos y las capas medias han nombrado a los ministros que posesionó el elegido Presidente, por el Congreso Nacional, Carlos Mesa D. Gisbert.
También es cierto que en octubre de 2003 fue consumada la amenaza de Gonzalo Sánchez de Lozada en su segunda parte: “Si quieren diálogo sobre el gas habrá diálogo sobre el gas, si quieren guerra por el gas habrá guerra por el gas y nosotros vamos a meter bala”.
La Paz, 12 de octubre de 2013.
*Periodista