Las víctimas mortales de Evo Morales
Manuel Gonzales Callaú
enero 2020
El último fraude electoral organizado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales ha puesto al descubierto que ese régimen había preparado grupos violentos de choque que desatarían el caos en caso de que se descubriera su delito, con el fin mantenerse en el poder a cualquier costo.
La capacidad de los masistas (partidarios del MAS) para mentir, victimizarse y propalar infamias es notable. Sin ninguna vergüenza inventan hechos nunca ocurridos o dicen medias verdades, los que son replicados en textos de lo más absurdos, todos salidos de un libreto elaborado por su equipo de propaganda que aún sigue operando.
Los propagandístas del régimen depuesto, tanto nacionales como extranjeros, difunden muchas de esas versiones, las que son tomadas como verdades por varios medios del exterior y, también, por los cada vez más disminuidos adeptos al presidente renunciante.
Una de esas versiones señala que las víctimas mortales, tras las elecciones generales del 20 de octubre, antes y después de la renuncia de Evo Morales, fueron obra de los partidos opositores al MAS.
Esta versión fue replicada por la comisión de la CIDH como también por algunos analistas supuestamente independientes. Pero, ¿quién puede asegurar que no fueron los mismos masistas los que sembraron muertes, antes de la caída de Morales como después?
Según investigaciones policiales las dos primeras víctimas que hubo en las protestas contra el fraude ocurrieron el miércoles 30 de octubre, en los enfrentamientos en Montero. Esas muertes fueron causadas por gente afiliada al MAS. Cinco varones y una mujer fueron identificados como autores de los crímenes; la mujer que fue candidata a diputada por el MAS, fue calificada como autora intelectual. Pero, además en esos enfrentamientos actuaron personas ligadas a grupos guerrilleros de Colombia y del Perú, como son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Movimiento Revolucionario Tupak Amaru del Perú (MRTA), aunque ambas organizaciones estén casi extinguidas, especialmente la última.
Un argumento de los partidarios del MAS dice que cuando los militares salieron a las calles a contener los desmanes de los partidarios del MAS, las uniformados habrían usado armas no reglamentarias, a fin no dejar evidencias de su autoría; pero, también es posible que cuando ocurrieron las muertes de Senkata y de Sacaba, los autores hayan sido grupos selectos del MAS —los que eufóricamente gritaban “ahora sí, guerra civil”— quienes habrían utilizado armas con el calibre reglamentario de las FF.AA. Hay que recordar que francotiradores del MAS ya actuaron contra la caravana de estudiantes, cooperativistas mineros, maestros en el sector Playa Verde, cerca de Vila Vila - Challapata, el 9 de noviembre, un día antes de la renuncia de Morales, cuando se dirigían de Potosí a La Paz a reforzar las protestas contra el fraude.
En los sucesos de Sacaba, 15 de noviembre, donde las fuerzas del orden contuvieron a los movilizados del MAS que intentaron llegar a Cochabamba, para hacer desmanes como lo hicieron otros similares en La Paz a partir del 10 de noviembre, varias de las víctimas recibieron los proyectiles desde atrás, es decir desde filas de los manifestantes; días después, el 19 de noviembre, en Senkata - El Alto, cuando estos grupos trataron de incendiar una planta de almacenamiento de hidrocarburos, si bien todas las muertes fueron causadas por armas de fuego, no se pudo precisar el tipo de ellas.
Estos antecedentes dejan abierta la posibilidad de que muchas de las víctimas en los hechos ocasionados por el que se cree eterno Presidente, pueden haber sido obra de los grupos armados del MAS, grupos que habrían sido preparados con antelación para desatar la violencia.
No en vano en casi los casi 14 años que duró el régimen de Morales mucho armamento militar desapareció, sin que las autoridades de su régimen hayan tenido algún interés para investigar sobre su paradero, por lo que es posible que esas armas hayan ido a formar el arsenal de los grupos radicales de ese partido. También hay que recordar que los cooperativistas mineros, casi todos alineados al MAS, cuentan con armamento, los que ya lo habrían utilizado en la emboscada de Playa Verde y es posible también que lo hayan hecho en las posteriores movilizaciones con las que intentaron recuperar el poder abandonado por Morales.
A Evo Morales Ayma no le bastó desconocer la Constitución Política del Estado por tres veces consecutivas: 1) se repostuló ilegalmente por segunda vez consecutiva en las elecciones del 2014; 2) desconoció el Referéndum del 21 de febrero de 2016 que le dijo No a la reelección y 3) se repostuló por tercera vez consecutiva en las elecciones del 20 de octubre último. Pese a ese cúmulo de arbitrariedades anticonstitucionales hizo fraude en la última elección, con la intención de perpetuarse en el poder, pero además, antes y después de abandonar la presidencia el 10 de noviembre, sembró odio, racismo y muerte, con muchos argumentos mentirosos propalados por sus propagandistas, siendo el principal de ellos que se le habría dado un golpe de estado por ser indígena.
Las muertes sembradas en la crisis de octubre y noviembre, antes de la renuncia de Morales como después, deben ser investigadas y sus autores intelectuales y materiales deben ser penalizados; pero, también deben ser investigadas las muertes durante los casi 14 años del régimen del MAS, donde hubo ejecuciones extrajudiciales que fueron ejecutadas por ordenes superiores. Todos esos crímenes no prescriben porque son delitos de lesa humanidad.
La impostura de Morales que no cesó durante su régimen y continua hasta ahora, ha causado muchas víctimas mortales, impostura con la que sigue engañando a incautos y con la que intenta retomar el poder.