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Salud para todos, hacia una “nueva” economía y la crisis política que urge superar

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Editorial de Aquí 324

1.

En este momento de la coyuntura electoral, desde esta publicación virtual nos animamos a sugerir la adopción de medidas destinadas a continuar la campaña para vencer al coronavirus.

Los buenos resultados de esta campaña anticoronavirus (nacionales, regionales y locales) deben aplicarse con los aportes de médicos, enfermeras y pacientes.

Brigadas de profesionales de la salud asisten a contaminados con el virus mortal en varios lugares. En Beni, enfermos con coronavirus se han curado con remedios caseros, con tratamientos de brigadistas voluntarios y en los hospitales.

En Potosí, según autoridades de la capital departamental, la mitad de los que se curaron de coronavirus tomaron remedios caseros y otros fármacos, como dióxido de cloro, aunque médicos aseguran que este último no es un remedio o que no hay certeza científica de que aquél sea remedio.

En San José de Chiquitos (Santa Cruz), de acuerdo con la información de su Alcalde, los infectados con el coronavirus se han curado con dióxido de cloro.

La asociación de alcaldías, con dinero propio, compró el antiviral Avifavir, elaborado en Rusia para combatir al llamado enemigo invisible, cuyas mutaciones al parecer se siguen manifestando, por ejemplo, en Trinidad-Beni. Allí y en otros sitios podrían ocurrir recaídas en vez de rebrotes del virus letal, así como se teme que se produzcan ambas: recaídas y rebrotes.

La vacuna anticoronavirus que se espera en el mundo, en Bolivia tiene que ser aplicada apenas sea posible, pero ahora es urgente que se la adquiera del lugar en el que haya oferta, sin las demoras frecuentes en compras de remedios por el gobierno transitorio.

Hospitales, ambientes para aislar sospechosos, ropa de bioseguridad para el personal médico y trabajadores en salud deben ser ampliados, mejor dotados, pagados regularmente, e incrementados los sueldos y salarios y los seguros de vida.

A la campaña antipandemia seguirá sumándose el aporte igualmente decisivo de la inmensa mayoría de las y los bolivianos con la aplicación de las medidas de bioseguridad (uso de barbijo, lavado de manos, distancia física), así como fue decisiva la cuarentena sostenida también por casi todos los compatriotas, cuya eficacia pocos ponen en duda, como fueron pocos los que dijeron que el coronavirus es una gripe fuerte, un invento del imperio o que no existe.

El 10 por ciento del presupuesto nacional para salud debe ser destinado, efectivamente, mediante una ley, la que los masistas no quieren aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que tienen dos tercios de sus integrantes.

Salud para todos, como servicio público y gratuito, debe ser un “sueño realizado” y no la “pesadilla” que es ahora y antes de la pandemia.

2.

En el área social y sin dilaciones debe materializarse la jubilación con rentas calculadas según la totalidad de los sueldos y salarios.

Todos los asalariados deben jubilarse en Bolivia como los militares.

Las rentas de los jubilados actualmente se pagan como si la esperanza de vida de los bolivianos fuera de 110 años. La sugerencia es que esas rentas se establezcan según la esperanza de vida estimada oficialmente en nuestro país. Así, los ahorros individuales serían mejor distribuidos (devueltos), de modo que sean mayores las rentas de los jubilados que merecen esos ingresos sin que le cueste nada al Tesoro General de Bolivia.

3.

Es necesaria una nueva reforma educativa que recoja los contenidos positivos de la que se aplica según la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez.

La nueva reforma de la escuela boliviana debe ser discutida y aprobada por gobernantes, profesores, padres de familia y estudiantes.

La educación virtual y/o a distancia, la autonomía de la escuela pública, la escuela-trabajo y/o la unidad de la teoría con la práctica, la escuela para la vida y otras propuestas pedagógicas serían estudiadas, complementadas, asimiladas o desestimadas, por ejemplo, en un congreso pedagógico.

4.

Urge administrar la crisis de la economía boliviana que es una de las consecuencias de la pandemia, pero que tiene sus orígenes en el último tiempo del gobierno de Morales, derrotado por el alzamiento popular del año pasado.

Préstamos y donaciones cuyo monto debe calcularse según las necesidades y las posibilidades, para aplicarse como una inyección, como dice el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) para reactivar la economía y para preservar los puestos de trabajo y conseguir el funcionamiento de la economía con los cambios posibles y necesarios en las condiciones de la crisis actual, la que en mucho es única en Bolivia y en el mundo.

De acuerdo con la Constitución, en nuestro país coexisten la propiedad pública, privada, cooperativa y comunitaria.

La propiedad pública, por su contenido social, tendría que predominar en el período pospandemia. Sin embargo, para coronar ese objetivo deben desarrollarse políticas públicas que apunten en esa dirección. En ese caso, los intereses de la mayoría de los bolivianos deben sobreponerse respecto de los intereses privados.

No se sugiere sacrificar los intereses de los empresarios privados, pero tampoco debe admitirse el crecimiento de las empresas privadas en detrimento del sector estatal o social de la economía o bien común, al decir de otros sectores como afirman los obispos católicos.

Debe buscarse una “nueva economía”, como propone el economista Alberto Bonadona Cossío.

Este planteamiento es un sentido común que se tendría que recoger porque la actual crisis económica, en tanto única en su género y por su alcance universal, muestra aprovechable una propuesta de economistas, anterior a la pandemia, los que sugieren que el capitalismo, para seguir su desarrollo, debe cambiar las fuentes de energía procedente del petróleo por la energía eléctrica.

El hierro del Mutún debe extraerse para producir acero; el litio debe industrializarse, es decir, deben elaborarse baterías para el mercado en condiciones que favorezcan a Bolivia, con capitales extranjeros y la tecnología de la que Bolivia carece.

Ahora está más claro que el gas natural no debe ser vendido para que ganen diez veces los compradores, como Brasil, con sólo extraer los recursos que contiene ese energético.

No debe suceder que los cooperativistas empresarios mineros sean los agentes de la privatización de los recursos mineros del país. Esta afirmación es demostrable por la concesión a cooperativistas empresarios mineros, de la mitad de las colas y desmontes de Catavi y Siglo XX, reservas estatales de minerales de estaño que fueron favorecidas por el entonces presidente Morales.

Tampoco debe ocurrir como en la Empresa Minera San Cristóbal, en la que todo es ganar, ganar y ganar (por capitalistas extranjeros), como dijo el Gerente de la empresa Sumitomo (japonesa y dueña de San Cristóbal) cuando visitó Bolivia y conversó con el entonces presidente Evo Morales, cuyo gobierno les dio facilidades propias del neoliberalismo.

5.

Bolivia tiene los suelos aptos para reproducir quinua y quinua real a una escala similar y/o mayor que Perú.

El destino de Bolivia no debe ser convertirse en el primer país que siembre semillas de trigo transgénico en el mundo.

Las semillas de maíz que se producen en todos los pisos ecológicos del país no deben ser desplazados y menos sustituidos por maíz transgénico, como ya está sucediendo en Santa Cruz por la permisividad del anterior gobierno y la autorización del actual.

Además, hace horas que los gobernantes interinos, en contra de la Constitución y mediante un decreto supremo, autorizaron la siembra de maíz transgénico, cultivos que tuvieron lugar durante el último gobierno de Morales (valga la reiteración), ocasión en la que indígenas guaraníes dijeron que iban a ocultar su maíz orgánico para que no se contamine.

Otra muestra de agricultura orgánica son los cultivos, la producción y la industrialización del cacao en Alto Beni (La Paz), lugar en el que no se queman árboles ni siquiera para convertirlos en abono.

La reposición del bosque y de la fauna de la Chiquitania, consumidos por el fuego el año pasado, es una prioridad, así como es otra prioridad la preservación de bosques como los del TIPNIS, Madidi, Bosque de chimanes, Pilón Lajas, Amboró, El Pantanal y otros.

6.

Es probable que las elecciones no resuelvan la actual crisis política.

Los masistas al parecer están empeñados en recapturar el poder político con elecciones o mediante acciones como la proclamada “guerra civil” u otro accionar de los movimientos sociales obedientes al expresidente Morales.

Los últimos días, voceros del MAS declararon que se organiza un fraude electoral para evitar la supuesta victoria de los candidatos Arce y Choquehuanca, que se busca una postergación de las elecciones y que se trama un golpe de Estado.

En ese mismo curso, los masistas desconocerían el resultado de las elecciones del 18 de octubre si fuese adverso al binomio Arce-Choquehuanca, y sobre la base de esa posible mentira impulsarían las acciones de fuerza más diversas por la recaptura del poder político.

Ese sería el esquema político-electoral masista, pero la realidad que viene inexorable promete ser distinta y contraria al masismo, que en el último tiempo se ha movido a sus anchas en el campo político boliviano ante un comportamiento sobre todo defensivo de otros actores de la política boliviana.

El Estado y el pueblo boliviano deben sostener y desarrollar relaciones diplomáticas con todos los Estados y pueblos del mundo, especialmente con los latinoamericanos y caribeños.

En suma, debe seguir la campaña para vencer al coronavirus en tierras bolivianas como una fase de la batalla universal antipandemia; otra prioridad es administrar y remontar la crisis económica que lacera en todo el mundo; y la crisis política boliviana, si no es resuelta con las elecciones, riesgo que se advierte, no debe quedar como un fenómeno sociopolítico sin freno y sin actores que se empeñen en resolverla.

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