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¿Y después del éxito de La Haya qué?

Vamos a andar

Rafael Puente*

La Paz, Página Siete, viernes, 02 de octubre de 2015

Nadie puede negar que la gestión diplomática de nuestro Gobierno ante el Tribunal de La Haya fue un acierto total. Se preparó todo con tiempo y con toda la seriedad que el tema amerita; se conformó un equipo amplio de expertos (al margen de que fueran o no parte del proceso de cambio); se hizo todo lo necesario para que el país entero se sintiera representado y no se politizó el tema (en el sentido negativo de la palabra). Ha sido la única vez en la historia que nuestra diplomacia ha superado a la chilena; y se puede decir que se ha puesto en práctica todo el simbolismo de nuestro escudo nacional… (Realmente sería de desear que se aplicara este mismo estilo participativo y a-partidario a todo el resto de las tareas que nuestro Gobierno tiene pendientes, pero este es otro tema).

El tema preocupante es qué va a pasar ahora. Después de la resolución de la Corte de La Haya, la actitud del Gobierno es la de iniciar un diálogo serio con el Gobierno chileno y eso no deja de ser coherente. Y cabe pensar que el resultado de ese diálogo, bajo la tutoría de la Corte, que se ha declarado competente, tendría que ser positivo para Bolivia. Pero, no olvidemos que en este caso el interlocutor tiene como lema nacional el de "Por la razón o la fuerza”, y, por tanto, la perspectiva de tener razón —por parte de nuestro país— lo que previsiblemente va a generar es la apelación a la fuerza —por parte del Gobierno chileno—. Una "fuerza” que, en este caso, se puede limitar a un "no me da la gana” y listo, ahí se quedan ustedes enclaustrados…

¿No será entonces que contra esa apelación a la fuerza la única respuesta válida por parte de Bolivia —para no limitarnos a lamernos la herida con el consuelo de que teníamos razón— tendría que ser otra forma de fuerza? Por supuesto nada de fuerza militar (sería contradictorio con nuestros principios pacifistas, además sería ingenuo), pero hay otros tipos de fuerza, en nuestro caso un cierto tipo de fuerza económica.

Por una parte, ya está claro que mientras el Estado chileno no reconozca nuestro derecho al mar no puede pretender que le vendamos gas —cosa que en todo caso habría que ratificar—. Pero ahí está el otro tema, que es el del comercio: se sabe que la principal fuente de ingresos del norte chileno es el comercio con Bolivia, fundamentalmente por Iquique, pero secundariamente también por otros puertos. ¿No sería, por tanto, necesario que se le deje claro al Gobierno de Chile que si no se aviene al diálogo y a los futuros posibles veredictos de la Corte de La Haya vamos a cerrar las fronteras comerciales (y eventualmente las turísticas)? ¿No habría que tomarse en serio las potencialidades del puerto de Ilo y, posiblemente, de otros puertos peruanos?

Ahora bien, eso supone, por parte de nuestro Estado, la capacidad de controlar seriamente las carreteras y el contrabando. Supone reformar a fondo, y potenciar, el Comando Operativo Aduanero y otras posibles instancias de control. Porque está claro que el comercio a través del Perú resultaría algo más caro que el que viene por Chile, y eso iría en contra de comerciantes y contrabandistas, que tendrán que aportar lo suyo a los intereses nacionales. Y supone, también, el mejoramiento y la construcción de carreteras y ferrocarriles hacia los puertos peruanos.

Está bien que nuestro Presidente convoque al diálogo a la presidenta de Chile, pero, al mismo tiempo, parece importante que no confiemos en la voluntad de diálogo de un Estado que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, no sólo con sus vecinos, sino con su propio pueblo (ahí está el pueblo Mapuche, no sólo reprimido y cada vez más arrinconado, y despojado de sus territorios, sino incluso desconocido como pueblo. En Chile lo único que hay son chilenos, dicen. Y, mejor, no dicen qué pasa con los derechos de esos chilenos, y si no que le pregunten a Camila Vallejos).

¿Qué podemos esperar nosotros? Carlos Mesa y Rodríguez Veltzé ya han jugado su papel; ahora les toca a la Policía, a las Fuerzas Armadas y a la ABC. ¿O no?

*Miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.