Artículos

¿Son 4, 7, 30, 42, 100 ó 499 cooperativas mineras ilegales?

Jonatan Condori Roque

(AquíCom 31-05-14) El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se precia de efectuar una administración transparente, pero vacila con los datos de la cantidad de cooperativas mineras, aliadas del partido oficialista, que operan irregularmente para saquear la riqueza mineralógica del Estado.

La dirigencia de los mineros cooperativistas admitió que por los menos 10 eran ilegales, pero el gobierno denunció ante la Fiscalía sólo a siete. Incluso, los ministros de Gobierno y Minería con documentos en las manos revelaron que eran 42 y hasta 100, pero ahí quedó. Recientemente, otra autoridad gubernamental dijo que son por lo menos 499 cooperativas ilegales.

Aquí va el recuento:

El 7 de abril, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tras el conflicto del Ejecutivo y los mineros cooperativistas por algunos artículos de la Ley de Minería, denunció que al menos 42 cooperativas suscribieron contratos de operación con empresas privadas nacionales y transnacionales “sin amparo legal”; por tanto, pidió se investiguen y esclarezcan las irregularidades.

El asesor jurídico de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Jaime Zambrana, respondió: “que de los 42 contratos me atrevo a decir que unos tres o cuatro están en la ilegalidad, pero por lo menos varios no son ilegales”.

El 7 de abril, el presidente Evo Morales solicitó una auditoría a los contratos entre mineros cooperativistas y empresas transnacionales para dar con responsables de la “firma de esos contratos (porque) cometen delito de traición a la patria”.

El 8 de abril, el aún flamante ministerio de Minería, César Navarro, en coordinación con la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, intervinieron y precintaron las oficinas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para investigar y establecer responsabilidades por los 42 contratos “sin amparo legal”.

El 9 de abril, el Ministro Navarro, tras la intervención a Comibol, informó que identificaron a unas 100 “cooperativas mineras de élite” que firmaron “contratos millonarios” con empresas privadas, que se benefician con el 70 por ciento y el 85 por ciento de las ganancias.

Miguel Pérez, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), aprovechó la oportunidad y demandó la intervención al Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) y del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) porque tienen “participación con los contratos” irregulares y el “control de los minerales”. Pedido que ni fue considerado.

El 10 de abril, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Comibol), Alejandro Santos, admitió de la existencia de “por los menos 10 cooperativas” con contratos irregulares.

24 de abril, el procurador Héctor Arce y la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, anunciaron la denuncia ante la Fiscalía del Estado de “inicialmente siete contratos” ilegales suscritos entre cooperativas mineras y empresas privadas nacionales y transnacionales, que del mismo se desconoce el avance de las pesquisas.

22 de mayo, el viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque, dijo que (sólo) en el conflicto de Arcopongo, provincia Inquisivi, La Paz, existen alrededor de 30 cooperativas mineras que operan ilegalmente.

El 28 de mayo, la misma autoridad reveló que el 30 por ciento (499) de 1.666 cooperativas mineras del país, afiliadas a la Fencomin, operan de forma ilegal. Al respecto, ninguna autoridad más se pronunció.

Pero, el 29 de mayo, el vicepresidente Álvaro García, por encargo del Presidente Morales, con dineros del Estado regaló “100 poderosas volquetas” a los mineros cooperativistas (privados) para que mejoren su tecnología y producción. La compra de los vehículos demandó ocho millones de dólares.

Los mineros cooperativistas generan riqueza para sus familias y crean empleos, pero también evaden al fisco, contaminan descontroladamente los ríos y saquean minerales con ganancias millonarias, cuando otros ciudadanos tributan y sostienen las arcas del Estado.

En marzo, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), reveló que en 2012 la minería exportó tres mil millones de dólares, pero dejó al país sólo 131 millones de dólares de regalías.

¿Por lo menos nos pueden decir la verdad?