Artículos

Foro “El secreto de la fuente periodística”

secreto de fuente informativa

Primera entrega

Redacción de Aquí

El motivo directo de este evento ha sido la denuncia del Procurador General del Estado contra el diario La Razón por la publicación de un reportaje donde se informa cómo se elaboró la demanda marítima de Bolivia a Chile, presentada el año pasado en la Corte de la Haya. Así inauguró, Juan León Cornejo, Director Ejecutivo de la  Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la mesa redonda: “Secreto de la fuente periodística”, realizada el pasado viernes 23 en salones del Hotel Radisson de La Paz.

A ese foro fueron invitados Lupe Cajías de la Vega, recién posesionada como secretaria Ejecutiva de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP); el Dr. José Antonio Santiváñez, abogado constitucionalista, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia y catedrático en varias universidades nacionales y del exterior; Roger Rodríguez, periodista uruguayo que sufrió prisión y persecución de la dictadura uruguaya por negarse a revelar sus fuentes; Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información con sede en Chile, organización que agrupa a 22 países de Latinoamérica y el Caribe; y Mauricio Alarcón, Sub Director de Funda Medio, con sede en Ecuador. Estos dos últimos expositores no pudieron llegar al país, por lo que su participación fue mediante video conferencia.

En esta primera entrega desarrollaremos la primera intervención que fue realizada por Lupe Cajías de la Vega, con el título: “La Ley de Imprenta, esa desconocida” y, en PDF, publicamos completa la exposición del Dr. José Antonio Rivera S. titulada “El secreto de la fuente de información como garantía de la Libertad de Información”.

Exposición de Lupe Cajías

Siendo el tema del evento el secreto de la fuente y de información, Cajías anota que, al inicio de la organización social, los personajes que merecen un rechazo en todas las culturas, religiones y momentos históricos son el traidor y el soplón. Los Estados, desde hace 2.500 años, señala Cajías, prevén penas específicas para quien o quienes los traicionan, y ser calificado de traición a la patria, es la peor acusación que puede enfrentar un ciudadano, condena que recae no sólo a él, sino también a su familia, a su entorno. “La normativa boliviana, como la mayoría del mundo, castiga duramente aquello”, continuó.

Desde muy pequeños, el acusete es aislado, lo mismo que el chismoso y ya, a nivel de Estado, hay diferentes niveles de indiscreción, desde los comentarios entre amigos de algo que se conoce hasta la entrega de información a cambio de dinero, afirma Cajías. Sin embargo, acá surge el tema de la lealtad  y la pregunta ¿a quién se le debe la primera lealtad?, respuesta inicial que sería “a uno mismo”; pero, cuando la persona involucrada en algún acto irregular es alguien cercano, lo ético se cruza con los sentimientos, porque resulta complicado denunciar al hijo que desvía dinero o al esposo corrupto que hace todo por mantener una familia.

En cuanto al tema periodístico y las fuentes anónimas, desde hace más de un siglo, el principio es mantener el secreto de la fuente; pero, acá también, dice Cajías, hay que preguntarse ¿qué busca la fuente para dar información reservada y no quiere que se o identifique?,

Las visiones sobre situaciones emblemáticas, como el de Garganta profunda (el informante anónimo) del Caso Watergate, son diferentes: para unos ese informante “fue un héroe y un defensor de los principios constitucionales de su país, pero para otros fue un infidente, un traidor a su institución, a su gobierno y, por tanto, fue un soplón”, remarca Cajías.

“Las partes que preceden la reserva para dar una información, pueden esconder objetivos superiores, intereses propios o ser parte del juego de poder.” Con esa afirmación, Cajías, considera que “un reportero puede ser utilizado en esas tensiones sin ser consciente de ello”. Y a continuación puntualiza que no se debe confundir esto con aquello, que los periodistas conocen como contexto o background, donde se conocen datos no oficiales, “se deben utilizar con responsabilidad y pueden ser en su momento muy útiles; los estudios (académicos) y la experiencia ayuda a un redactor a saber qué publicar o que utilizar cómo guía y cuándo publicar.”

Cajías señala que cuando se trata de notas informativas que tienen que ver con relaciones exteriores “el rigor del lenguaje tiene que ser mayor que con las notas locales y la información de fuente anónima debe ser ampliamente evaluada por los editores. Los medios de comunicación tienen mecanismos internos para observar si esta fuente es o no responsable y si es o no creíble. También los códigos de ética se refieren a este asunto. Tampoco debemos olvidar los abusos que se han hecho de este principio, incluso en famosos periódicos, para esconder falsedades o con oscuros objetivos.”

Al referirse a la legislación boliviana en materia de imprenta, Cajías subraya que ella “ha equilibrado aquello que puede ser una información reservada para con fuentes de imprenta que mantienen su secreto, pero que puede ser útil o que perjudica a la sociedad.” La Ley de Imprenta de 1925 señala que para todo delito de imprenta, para ser tal, es cuando el material impreso fue repartido a más de tres personas y se debe juzgar dentro de esa norma, una Ley que no contradice lo establecido en las constituciones sucesivamente aprobadas ni con la última del Estado Plurinacional de 2009 y las convenciones internacionales. Así lo indican claramente los artículos 8 y 9 de la referida Ley, donde el secreto de imprenta es inviolable, es decir, no sólo que permite sino que protege al que publica información sin revelar la fuente.

La normativa nacional, dice la Presidenta de la ANP, señala que en delitos de imprenta el juez competente es el Jurado de Imprenta, pero sabemos que en varias etapas del siglo XX aquellos Jurados de imprenta no funcionaron y por eso se acumuló la impunidad y esta idea de que los delitos de imprenta nunca han tenido castigo. Pese a aquello el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, ha organizado un Tribunal de Imprenta, el que tiene plena vigencia. La Ley también da un plazo para el inicio de un proceso, dónde y cuando se deben presentar las quejas y cómo debe desarrollarse el juicio.

Luego de presentar ese contexto, Cajías se refire a la acción de la Procuraduría, pero lamentó no contar con los documentos originales: “A mí me gusta hacer análisis de contenido con el documento original, su fotocopia legítima y no con lo que se ha publicado; sin embargo, a no poder recibir los documentos originales, me baso en el material publicado por el periódico afectado, el matutino La Razón.”

Cajías luego realiza una cronología de lo sucedido a partir de la publicación del artículo de Ricardo Aguilar Agramont titulado: “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales”, el pasado 13 de abril en el suplemento dominical Animal Político de  La Razón. Apunta que en la misma fecha y en el mismo suplemento se publicó una entrevista realizada al procurador Héctor Arce, donde la demanda marítima, en la Corte de La Haya, es uno de los varios temas que aborda. Cajías también señala que para la elaboración de la demanda se conformó un equipo multidisciplinario y se limita a vocerías “seguramente para cuidar al máximo quiénes, cuándo y qué se decía en un asunto considerado prioritario e histórico.”

El 15 de abril, dos días antes de la fecha tope para que Bolivia entregue la demanda marítima, el primer mandatario entrega ese documento a la Corte de la Haya. Luego, a su retorno, el Presidente, en una conferencia de prensa, se refirió a esa nota de La Razón y “lo calificó de dañar al pueblo boliviano (…) y anunció que los abogados verían qué acciones tomar”; también afirmó que existen dos periódicos bolivianos pro chilenos. Esa declaración, destaca Cajías, no aparece en la mayoría de la prensa boliviana.

Y continúa la Presidenta de la APLP: El 7 de mayo La Razón informó que el Procurador, Héctor Arce, presentó una demanda (que tampoco la conoce Cajías, en forma completa, sino por intermedio de las publicaciones de prensa) por “espionaje y revelación de secretos, contra Aguilar y contra Claudia Benavente”, Directora de La Razón, a quien la acusa de “complicidad”. Arce, según se amplía en otra nota publicada, habría pedido acción penal por delitos de orden público y “pide se solicite al Juez competente levante el secreto de fuente”. Esta demanda, según publicación de la Razón, era del 22 de abril.

La Razón dijo que apelaría a su derecho a la defensa en el marco de la Ley de Imprenta. El sindicato de trabajadores de La Razón, también se pronunció sobre el hecho, rechaza la demanda del Procurador y califica el caso de “oscuro proceso”. Las redes sociales difundieron la noticia desde la tarde del miércoles 7 de mayo. Igualmente, según La Razón, se informa que el fiscal Facundo Coronel citó a los dos periodistas a declarar, ante la Fiscalía, el viernes 9 de mayo.

“Llama la atención, dice Cajías, que el 24 de abril, el mismo matutino, citó al procurador Arce, quien niega que hubo filtraciones cuando se comentó en una noticia que el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, sabía dos días antes el contenido de la demanda boliviana. ¿Qué relación tienen ambas noticias? Yo no sé, pero esa nota que dice que La Razón tuvo acceso al documento oficial. Yo pregunto  ¿Lo conocieron este documento oficial otros medios? Asimismo, dos diputados, uno opositor y otro oficialista, pidieron que la revelación dada en esa noticia merecía ser investigada. Y me pregunto ¿por qué esa noticia ha desaparecido?”

Respecto a esta última afirmación de la exposición Lupe Cajías, hay que realizar varias precisiones: En ningún momento del relato se aclara que la nota de La Razón del 24 de abril a la que se refiere, es del año pasado, es decir del 2013, omisión que puede llevar a la confusión, porque los sucesos descritos en esa nota son del presente año; asimismo, es oportuno señalar que en ningún momento de la exposición se aclaró que el artículo periodístico cuestionado por el Procurador, trata de los entretelones de la preparación de la “Solicitud para instaurar procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia”, presentada el 24 de abril del 2013 y no de la demanda presentada recientemente, el pasado 15 de abril de este año; también hay que precisar que los que piden investigar esa denuncia son dos senadores y no dos diputados y, finalmente, esa noticia no ha desaparecido: ella está aún accesible.[1]  

Volviendo a la exposición de Cajías, ella reitera que la demanda penal que pretende instaurar Héctor Arce, es por el delito de “espionaje en favor de un enemigo… imagínense qué enemigo en el caso de Bolivia. Un periodista, un literato, cualquier persona no podría vivir en su comunidad con semejante condena. Y también me pregunto ¿Por qué el Procurador llegó  a semejante extremo? No solamente se ha pedido que se revele el secreto de fuente, sino según el matutino La Razón, se ha señalado espionaje.”

“La reacción de las organizaciones de prensa, afirma Cajías, fue de inmediato de solidaridad y en defensa del secreto de la fuente, claro, sin entrar a los detalles. Se ha visto quizá el árbol y no el bosque. Hubo muestras de apoyo en muchas ciudades; incluso algunos periódicos del interior informaron con mucha mayor contundencia que La Razón, dándole primera plana al caso.”

Cajías destaca que llama la atención que la Procuradoría —entidad que debería estar conformada por los mejores abogados del país y que debería conocer la normativa vigente— emita un comunicado citando el art. 9 de la Ley de imprenta, pero dándole un sentido contrario, pues señala que el periodista estaba obligado a revelar la fuente.

La audiencia del viernes 9 con el Fiscal fue suspendida y los acusados se acogieron al silencio, al que tienen todo el derecho.

El 10 de mayo La Razón informó, dice Cajías, que el Fiscal se pronunció el 20 de abril, el Juez el 29 y que los periodistas fueron citados el 7 de mayo. Según esos datos, los periodistas no fueron llamados para su defensa. Además que el Juez dio tres días de plazo para que Aguilar revele su fuente. “No sabemos de qué normativa sacó y por qué la decidió sin escuchar a los acusados de culpables.”

Actualmente, el proceso está en stand by. Las posteriores declaraciones de las autoridades nacionales, indica Lupe Cajías, son indicios de contradicciones internas, tema que no tocaría. Pero, según artículos de la Ley de Imprenta, esta demanda del procurador no tiene salida porque se entrampó desde el inicio. “El Procurador debió respetar los plazos que da la normativa para que los acusados puedan ser procesados por juez competente o sea doce ciudadanos sorteados, es decir, el actual Jurado de Imprenta. Por otra parte, el Fiscal debió ver qué dice la Ley y abstenerse de procesarla como lo hizo, y el Juez más bien podría ser procesado por instancias disciplinarias por actuar fuera de su competencia y no respetar el principio universal de la presunción de inocencia.

Tras ese análisis Cajías señala que la defensa de Aguilar y de Benavente deberían pedir la anulación de todo lo obrado y cerrar el caso. Sin embargo, afirma, que lo curioso es que La Razón publicó notas de opinión, una de una persona ligada al Gobierno y otra del Jefe de información, donde no condenan al Procurador o a las autoridades judiciales que no escucharon a los acusados, sino que esas notas se dirigen contra los periodistas: Lupe Cajías y Raúl Peñaranda, que expresaron sus dudas, que las repitió en la exposición, sobre las causas de la demanda hasta ahora no claras.

Cajías ve como una intención de “desviar el asunto hacia la nueva directiva de la Asociación de Periodistas de La Paz, y no para explorar a fondo este caso que realmente merecerá un estudio, un análisis en detalle, desde el titular de esa noticia, y de lo que ha habido antes y después de lo que significa el periódico La Razón. En resumen, autoridades, miembros del poder judicial, periodistas y las víctimas del permanente hostigamiento a la prensa, desconocen la sabia Ley de Imprenta que protege el secreto de imprenta, la libertad de expresión, pero le pone límites y no protege per se. No por casualidad, lastimosamente, la justicia es la peor asignatura que tiene el país y después de las fracasadas elecciones judiciales, los ciudadanos estamos más indefensos que nunca.

Lupe Cajías afirma que como persona y como periodista, ha dicho con nombre y apellido y firmando sus autocríticas a la actividad y, ahora como ejecutiva de la APLP, asegura que haría seguimiento de este caso “siempre con el norte de la defensa de pensamiento y de expresión y de un trabajo responsable de los medios de comunicación”.