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Vamos a andar

Rafael Puente

Viernes, 07 de febrero de 2014

Esta semana, una cadena de televisión ha comentado, con aires de escándalo, que parece increíble que en momentos en que se ha promulgado la nueva ley de protección de terrenos agrícolas, y contra el avasallamiento de tierras, haya autoridades que hacen uso de su poder para avasallar tierras privadas, refiriéndose a una reciente imputación fiscal contra el alcalde de Tiquipaya y varios dirigentes comunales -imputación que absurdamente implica también a mi persona-, a partir de una acusación formulada por la empresa CONSARQ (o Toyosa-CONSARQ).

Lo más extraño es que dicha imputación fiscal lo que hace es desempolvar la imputación ya presentada en julio del 2011 y que fue desestimada por la jueza de aquel momento.

También hay radios que se prestan a difundir avisos al mejor estilo del oeste americano (SE BUSCA), difamando, entre otros, a mi persona. No creo que la necesidad de dinero justifique este tipo de anuncios, o ¿dónde están sus códigos de ética?

Al respecto resulta importante aclarar unas cuantas cosas:

1. Cuando la comunidad de Collpapampa, a la que yo pertenezco, decide darle uso social a una extensión de casi cuatro hectáreas de terreno (que los señores de Toyosa-CONSARQ reivindican suyas), fue porque la Alcaldía de Tiquipaya le entregó una certificación de Derechos Reales en sentido de que dicha tierra era propiedad fiscal y que cabía la posibilidad de darle un uso social (por tanto, no se puede hablar de avasallamiento ni de despojo ni de perturbación de posesión).

2. Al poco tiempo el Tribunal Agrario de entonces invalida dicha certificación, hecho harto misterioso y ultra-rápido, pero que en todo caso se produce después del uso pacífico de dichas tierras por la comunidad.

 3. No hubo ninguna orden -ni municipal ni comunal- de ingreso violento a la propiedad. Y está comprobado gráficamente que la maquinaria pesada que posteriormente derrumbó una vivienda no pertenecía a la Alcaldía, sino a la propia empresa CONSARQ.

De la misma manera está comprobado que el medidor de luz a que se refiere la acusación nunca estuvo a nombre de dicha empresa.

 4. CONSARQ no ha presentado hasta ahora títulos de propiedad saneados respecto de las 47 hectáreas que pretende urbanizar, mucho menos de las casi cuatro hectáreas en las que la comunidad instaló un mercado popular y una cancha de fútbol (que por lo demás a estas alturas ya no existen).

Y, además, resulta incomprensiblemente sospechoso que el INRA, única instancia que puede definir la propiedad de un terreno agrícola, mantenga hasta ahora una actitud pasiva y no se atreva a definir nada.

5. Sin embargo, el INRA sí ha definido un elemento central y es que esas 47 hectáreas están bajo su jurisdicción, lo que equivale a definir que son terreno agrícola.

Y si bien un funcionario municipal, sobrepasando sus funciones, emitió el año 2009 una certificación de cambio de uso de suelo, dicha certificación nunca fue homologada (no habría podido serlo dado que no se trataba de una resolución del Concejo Municipal) por el Ministerio de Planificación.

Por tanto, las 47 hectáreas siguen siendo de uso agrícola, tan agrícolas que la empresa CONSARQ siembra maíz y hace pastar cuatro vacas (¿para aparentar el cumplimiento de la función económico-social?) en medio de montones de piedras, arena y material de construcción ¿ya para su futura urbanización, donde se calcula que el metro cuadrado debe estar en torno a los 100 dólares? Calculen ustedes.

6. Al tratarse de tierras agrícolas, la pretensión empresarial de urbanizarlas tendría que atenerse a la normativa municipal, que en el caso de Tiquipaya establece que el cambio de uso de suelo conlleva la cesión del 50% de la extensión original (para uso público, no para equipamientos privados, por supuesto).

Sin embargo, CONSARQ pretende llevar adelante su urbanización sin cesión alguna (o con alguna pequeña cesión, para colmo al lado de la torrentera, que más parece una oferta de limosna).

A la vista de todo lo dicho resulta incomprensible el apoyo sistemático a una empresa privada que pretende pasar por encima de normas legales y de derechos sociales (y que casualmente resulta ser también la propietaria de los terrenos en la Curva de Holguín en Obrajes, de donde arranca el nuevo teleférico que sube a El Alto).

Como también resulta incomprensible que representantes del Ministerio Público vuelvan a desempolvar al cabo de dos años y medio una imputación que ya había sido desestimada por la autoridad judicial. Las personas que conocen mi trayectoria saben que si he llegado a los 73 años no es para ser el más rico del cementerio.

*Es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.