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Consulta y carretera instruyó el presidente Morales

Remberto Cárdenas Morales* - De sábado a sábado (201)
Fuentes creíbles aseguran que el Presidente instruyó que la consulta posterior, mentirosa y de mala fe se debe realizar "quieran o no quieran" los indígenas del TIPNIS, que marcharon hacia La Paz y que aquí siguen marchando y que hacen vigilia a 100 metros del Palacio Quemado. Asimismo, está aquí un pequeño grupo de ex originarios que ya no viven en comunidad y que son peones eventuales de cocaleros que pagan salarios, así como se encuentran en la sede de gobierno cocaleros del Conisur para corear que quieren la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por medio del TIPNIS, porque pretenden esas tierras fértiles para plantar más coca.
Los marchistas, con apoyo popular que pocos ponen en duda, están dispuestos a morir por el TIPNIS porque así luchan por la vida en la reserva natural y territorio indígena. Los segundos, movilizados por los gobernantes, muestran estar dispuestos a matar para ocupar el "paradisíaco" bosque en forma personal, como lo hacen en el Chapare, es decir, para el uso del suelo tal como lo hacen los colonizadores, depredación mediante, de las riquezas allí existentes.
La política gubernamental, mejor dicho, las maniobras de gobernantes tramposos es conseguir, con despliegue del poder entregado por el pueblo, que se realice la consulta como establece la Ley 222, inconstitucional, para decirlo en los términos de analistas con ética.
El gobierno, en el TIPNIS, con la intención de torcer la voluntad de comunarios —sumados los pocos que allí apoyan todavía al Presidente— hace regalos con nuestro dinero; infunde miedo en otros comunarios; halaga a los que puede; convence a pocos con promesas de tiempos electorales; ofrece servicios de salud y educación, mezclados con "operaciones" de acción cívica de militares que aprovechan de su estadía para realizar entrenamiento castrense... Sabemos que los actuales gobernantes, según A. Almaraz, fueron informados de que narcotraficantes operan en la zona hace tiempo y también conocemos que la represión de policías, sólo han "descubierto", en el último tiempo, a un grupo de narcos colombianos y bolivianos. Otro antecedente vale recordar: uno de los principales dirigentes de la primera marcha indígena, "Por el territorio y la dignidad" (1990), hizo saber a las autoridades pertinentes que los narcos se "metieron" al TIPNIS, junto con cocaleros que ya entonces plantaron coca en lo que ahora es el Conisur, a pesar de que la primera caminata consiguió, mediante decreto supremo, que se establezca un límite, una imaginaria línea roja, entre la zona cocalera del Chapare y el TIPNIS.
Los gobernantes difunden otra mentira, sobre todo el Ministro de Gobierno: que casi dos tercios de los corregidores y por tanto de los pobladores del TIPNIS, ya aceptaron la consulta que el gobierno pretende imponer, al margen de usos y costumbres, con otra mentira incluida: que con esa consulta posterior, de mala fe y desinformada se conseguirá que los lugareños, democráticamente, den su consentimiento a la construcción del camino de la discordia, contrario a los intereses de los indígenas, y de la mayoría del pueblo y de los bolivianos.
Cocaleros depredadores, corregidores dudosos y pocos indígenas que dejaron de vivir en comunidad, porque se han convertido en propietarios individuales y semiproletarios temporales, están aquí en La Paz como operadores que cumplen mandados del gobierno: son los que realizaron una marcha solitaria que conmovió incluso a un ex funcionario del gobierno, se trata de los que apoyan la construcción del camino que nos divide más a los bolivianos; en fin, son militantes o amigos del MAS que, sensiblemente, creen equivocadamente que defienden los intereses de la mayoría de los bolivianos, cuando con su conducta sirven a los que por esa vía (si se construye) transitarán las mercancías de empresarios que hacen millonarios negocios en Brasil, los que transportarán carne del Beni hacia mercados bolivianos y chilenos, los madereros que tienen como práctica la deforestación sin límites y los comerciantes que venderán servicios y ayudarán a liquidar el TIPNIS, la casa grande de los indígenas.
Otra maniobra politiquera, para decirlo con la mayor aproximación posible, es la firma entre esos operadores con mosetenes y chimanes, de un acuerdo para proveer de salud, educación, turismo, caminos y telefonía en Pilón Lajas (reserva natural en el norte de La Paz), para esos pueblos que viven allí. Ese acuerdo que dicen que expresa los intereses de esos pobladores indígenas, sirve para que funcionarios del Ministerio de Gobierno, digan otra mentira: que se ha resuelto el lío que trajo a los indígenas a esta ciudad, así como conseguir que una parte de mosetenes y chimanes salgan de la UMSA rumbo a sus lugares de origen en buses del gobierno o alquilados por éste. La firma de ese acuerdo parece que fue trabajado antes o cuando ingresaron delegados de esos pueblos a la IX marcha, después de Caranavi.
Los gobernantes otra vez mienten, como el Ministro de Gobierno, dicen que el Presidente, por respeto a la comunidad internacional, no dialogará con narcotraficantes, contrabandistas de lagartos, depredadores de bosques y con tramitadores de préstamos para casas de juegos.
Mienten porque Bertha Bejarano, quien admitió que transportó cocaína por lo que estuvo presa en Brasil y que al cumplir su condena no tiene cuenta alguna con la justicia, no sufre muerte civil, es decir, no tiene inhabilitación alguna para hablar con el ciudadano Presidente, sobre todo porque tiene apoyo suficiente de los marchistas. Además, los aplausos de los paceños y no paceños con los que se recibió a los marchistas fueron también para B. Bejarano.
El cargo contra Adolfo Chávez, dirigente de la CIDOB, de haber recibido, supuestamente, $us. 30.000 para tramitar una licencia de funcionamiento de una casa de juegos, no es un delito comprobado, no es ni una presunción porque no hay ni denuncia ni querella contra él. Si hubiera querella, los gobernantes tendrían que presumir la inocencia de A. Chávez mientras no se demuestre su culpabilidad. O es que contra ese dirigente pretenden aplicar la Ley 1.008, que presume la culpabilidad del presunto narcotraficante mientras éste no pruebe su inocencia.
A Marcial Fabricano, hasta donde se sabe, se lo culpa de tráfico con madera por un valor de $us 300.000: en contra suya nunca hubo proceso sobre ese presunto delito, el que además ya prescribió porque pasaron más de cinco años de la comisión de este supuesto hecho punible. Añadimos que M. Fabricano, marchó como tantos otros en defensa de su hábitat natural sin ninguna representación que lo lleve a formar parte del equipo de dirigentes de la IX marcha que dialogaría con los gobernantes.
Miserias, miserias, miserias de gobernantes para dificultar el diálogo con los marchistas que defienden el TIPNIS, como lo tendría que hacer el Presidente si fuera cierto lo que hace días dijo en la reunión de Río + 20, a lo que nos hemos referido en "De sábado a sábado" (LP-23-VI-12).
El "poder de la palabra" de los indígenas ¿es temida por los gobernantes? Sin embargo, entendemos que los intereses que defienden los gobernantes impiden el diálogo que ayude a un acuerdo entre gobernantes y marchistas. Presidente: converse con los indígenas marchistas que votaron por usted para que gobierne y que siguen esperando que deseche el camino de la discordia que partiría en dos al TIPNIS, así no habría ni falsa consulta ni camino que nos desune.
La Paz, 30 de junio de 2012.
*Periodista