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Personas con discapacidad merecen atención urgente a sus demandas

 Remberto Cárdenas Morales* - De sábado a sábado (177)

 Estamos a punto de perder la capacidad de sorprendernos respecto de lo que dice y sobre todo de lo que hace el actual gobierno de Juan Evo Morales Ayma y éste en particular. Por eso nos preguntamos: ¿Por qué el principal gobernante y sus operadores se niegan a conversar con las personas con discapacidad que marchan por una salida favorable a sus demandas los que, además, nos conmueve en grado extremo por el esfuerzo que despliegan en una ya larga caminata con la que buscan "sensibilizar" a los gobernantes y a la sociedad boliviana?

Esa marcha es legal y justa: legal porque el derecho a la protesta, garantizado por la Constitución Política del Estado (CPE), es el que ejercen esos empeñosos marchistas; asimismo, es justa porque expresa demandas irrenunciables que cuenta con apoyo de la mayoría de los bolivianos, accionar que es ajeno a los opositores políticos, aunque los gobernantes suponen equivocadamente lo contrario. Éstos, como los pierden la cabeza o porque sufren una "borrachera de poder", como dijo una intelectual cruceña, otra vez sólo ven conspiración de la derecha en la caminata de las personas con discapacidad, esta vez por lo que hacen estas últimos las que, en pocos días más, se espera que lleguen a Cochabamba, rumbo a la sede de gobierno.

Específicamente, los caminantes de aquel sector social exigen, también con el derecho que les asiste, que los asambleístas aprueben sin más demora una ley que disponga la satisfacción de sus necesidades, seguro, en la medida en la que nuestra economía lo permita, pero también con el uso de al menos 160 millones de bolivianos de un fondo específico para las personas con discapacidad que es el dinero que antes el Estado destinaba para la propaganda política de los partidos.

Entre aquellas demandas se cuenta un bono anual de Bs 3.000 para los que padecen discapacidad grave y muy grave, es decir, los impedidos de trabajar los que, de acuerdo a datos preliminares, son un poco más de 20.000.

Los gobernantes y, en particular, el Presidente se han limitado a decir que la suma que demande el posible pago del bono reclamado está fuera de las posibilidades económicas del país.

Sin embargo, ese bono fue ofertado por el Presidente mientras realizó su última campaña electoral y ahora se espera que la haga efectiva, entre otras cosas, para acabar con esa lamentable racha de los políticos y politicastros que durante prolongado tiempo degradaron la política, en tanto oficio ciudadano, porque prometían cielo y tierra para conseguir victorias electorales y después olvidaban sus ofertas.

Los bonos son parte de la política de los actuales gobernantes y sobre todo del Presidente que se vanagloria cada vez que los reparte como si se tratara sólo del esfuerzo personal y/o gubernamental, lo que olvida que al fin de cuentas los bonos son una forma (no se tiene otra más eficiente) de redistribución de parte de la riqueza nacional que producimos los bolivianos, en particular, los obreros que son los que tienen capacidad para crear un nuevo valor.

Asimismo, Bolivia ha refrendado convenios internacionales y/o aquí se han aprobado leyes como aquella que sanciona toda forma de discriminación (y de racismo), razón suficiente para que entre nosotros siquiera se empiece una aproximación a los beneficios concedidos a las personas con discapacidad en países vecinos. No sugerimos una imitación de lo que hacen los vecinos, sino una adaptación para que nuestros recursos beneficien a los hermanos citadas.

La decisión de asistir —mucho mejor aún si se lo hace sin paternalismo estatal— desde el gobierno a una población realmente urgida de ese apoyo es parte ¿o fue? de la acción de los gobernantes. Éstos han impulsado un programa ejecutado por médicos cubanos, venezolanos y bolivianos (el programa "Moto Méndez") que elaboró un censo de esa población, diagnosticó la discapacidad de esos compatriotas y empezó la distribución de sillas de ruedas y otras ortopedias... Sin embargo, el programa se detuvo sin que se conozca una explicación convincente antes que consoladora. Con recursos del pueblo venezolano, es bueno recordarlo, se compraron los equipos que llegaron y se distribuyeron. Pero también sabemos que otros tantos o muchos más bolivianos y bolivianas siguen esperando sillas de ruedas y otros, pero no llegan.

La nueva CPE, que la mayoría de los bolivianos hemos aprobado en referéndum, en su artículo 70, dispone:

"Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado.

2. A una educación y salud integral gratuita.

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales".

Sigue el artículo 71:

"I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.

III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad".

Y el artículo 72 concluye así:

"El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley".

En más de una oportunidad el Presidente ha dicho que la CPE es un programa que, por tanto, se debe ejecutar.

Nosotros sumamos nuestras voces para que el primer ciudadano del país dé cumplimiento a la Ley Fundamental que, dicho sea de paso, no necesita de reglamentación para que se facilite la realización de los derechos de las personas con discapacidad. No obstante, está en trámite el proyecto de ley que no tiene por qué soslayar el oficialismo.

El Presidente no debe desperdiciar la oportunidad que tiene para servir a las personas con discapacidad, las que no tendrían que realizar tan sacrificada marcha para que aplique la CPE.

Presidente: Atienda, sin más dilaciones, las demandas de aquellas personas, herman@s nuestr@s, con la generosidad suya de la que hablan sus operadores más próximos.

La Paz, 7 de enero de 2012.

*Periodista