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La lucha por la liberación de Bolivia y por los derechos humanos son dos puntas del mismo ovillo

De sábado a sábado 403

Remberto Cárdenas Morales*

Asumo como mío el planteamiento de Marcelo Quiroga Santa Cruz, destacado líder del PS 1: La lucha por la liberación nacional y la lucha por los derechos humanos es la misma lucha, dije en el Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos, organizado por la Unión Nacional de Instituciones de Trabajo y Acción Social (Unitas), realizado en La Paz el 30 y el 31 de julio de este año.

Agregué, en el punto de partida, en una intervención de 20 minutos, que José

Saramago, Premio Nóbel de Literatura (1998) señaló que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), debía tomarse como programa de lucha porque nos podía unir más, ayudar a organizarnos, nos movilizaría mejor y nos convencería a todos. No hace falta otro programa político, añadió el escritor portugués.

Por mi parte, recordé que el estadista indígena Benito Juárez, dejó escrito, con letras imborrables, que el respeto del derecho ajeno es la paz, dicho que actualmente es un principio del Derecho Internacional y, sobre todo, esa anotación sugiere que no hay derechos ilimitados, como equivocadamente lleva en su comportamiento el presidente Morales.

Sobre los derechos, destaqué que en Bolivia aprendimos, especialmente en el último tiempo, que no basta tener derechos sino fuerza para ejercerlos sin recortes. En comparación con el Presidente de nuestro país, dejé marcado que éste tiene la fuerza pero no la razón, al imponer su repostulación al cargo que ocupa, sin límite en el tiempo, como si ese fuera un derecho humano, establecido para él y de su acompañante, también candidato, García.

Como un paréntesis o digresión cité que aquí, con frecuencia, no leemos críticamente ciertos textos, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Ley de Bolivia desde 2007), que no contempla el derecho a la comunicación, ausencia que los indígenas mexicanos, en un congreso de ellos, hicieron notar.

Presenté a los activistas de los derechos humanos, especialmente de La Paz, que participamos de la lucha política y de la defensa (promoción y difusión) de los derechos humanos, como un accionar ineludible, en este tiempo en el que se agudiza la lucha de clases en los campos político, ideológico, económico y cultural, de manera permanente y no de modo intermitente (al estilo de los juegos de luces de Navidad), como erróneamente afirma el vicepresidente García.

Lucha de clases sociales, que no la inventa la gente, y que es la locomotora de la historia, como enseñó Marx.

Hice constar que los bolivianos debemos leer bien nuestra realidad, para establecer que en el último tiempo, entre nosotros, desde la Casa Grande del Pueblo, se violaron, se violan y lo más probable es que se violen más nuestros derechos políticos, como lo hizo Morales al desconocer la voluntad colectiva manifestada con el NO mayoritario a la repostulación, suya y de García Linera, la que es ilegal y anticonstitucional, Desconocimiento de esa votación de más del 51 por ciento, la que fue rematada por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que habilita a Evo Morales y a Álvaro García, para que repostulen a los cargos que desempeñan hasta su muerte, con el supuesto argumento de que ese es un derecho humano, valga la reiteración.

Ese desconocimiento del derecho al voto de la mayoría de los bolivianos es otro fundamento por el cual se une la acción en defensa de los derechos humanos, con la lucha por la segunda independencia de Bolivia. Ese es el argumento principal por el que la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, es parte del CONADE (Comité de Defensa de la Democracia), desde cuya instancia defiende la democracia y los derechos humanos, incluido el derecho político al voto, señalé a manera de aclaración-complementación.

Puse el acento en que el binomio Evo-Álvaro, hasta donde se conocen las preferencias electorales, sólo ganaría las elecciones con fraude sobredimensionado: compra de votos, miedo entre electores vulnerables (como empleados públicos), apropiación de votos de los opositores, sobre todo en el campo.

Y si las elecciones de octubre las pierde el binomio oficialista, el presidente Morales —está entre sus amenazas delirantes— “meter bala” antes que entregar el gobierno.

Aconsejé, asimismo. que denunciemos el fraude electoral en marcha, el que traman y despliegan los oficialistas, y la probable utilización de las armas contra los que ganarían en octubre, en vez de Morales-García, porque todo eso sería otra violación de los derechos de los luchadores por la segunda y definitiva independencia de nuestra patria y defensores de los derechos humanos, entre los más consecuentes, así como también se sacrificarían derechos de los otros electores que ocupen otras trincheras y que apunten al mismo blanco.

Lo que omití y lo digo ahora en esta nota, es que cuando se erosiona el estado de derecho (ahora añadimos estado constitucional y de derecho), el pueblo puede rebelarse, como lo ha hecho en nuestro país varias veces y como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su introducción.

Ese, pues, es un derecho humano, ligado a la lucha política, el derecho del pueblo a la rebelión contra un régimen que destruye el estado constitucional y de derecho.

*Periodista