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Operadores del gobierno investigan para encubrir a partidarios (III)

De sábado a sábado 366

Remberto Cárdenas Morales*

Un reportaje informativo del diario paceño Página Siete, hace días, dio cuenta de que en los diez últimos años, sólo una investigación emprendida desde instancias estatales determinó la detención, proceso y sanción del que se consideraba uno de los posibles sucesores del presidente Morales, el profesor rural Santos Ramírez, en ese momento presidente de YPFB. Y si no hubiera muerto uno de los involucrados en ese caso, el momento en el que llegaron a un lugar para cobrar la prebenda (“aceiteada” o “coima”), probablemente no se hubieran descubierto entonces las andanzas del exejecutivo de la empresa estatal de los hidrocarburos del país.

En este momento funciona una comisión parlamentaria que tiene como misión establecer la existencia o no de tráfico de influencias, como consecuencia de las relaciones afectivas entre el Presidente de Bolivia y Gabriela Zapata Montaño.

Una de las primeras acciones de los parlamentarios oficialistas que integran esa comisión ha sido —por instrucciones desde arriba o no— poner el acento en la averiguación respecto de la conducta personal de G. Zapata y buscar pruebas para demostrar que no hubo tráfico de influencias y que, en cambio, habría enriquecimiento ilícito de esta última, así como falsedad ideológica y uso de documento falsificado, entre otros supuestos delitos.

Sigue esa investigación al ritmo que conviene a los legisladores, atareados en mostrar y/o demostrar que dentro de ese proceso que debe ser de averiguación, en YPFB, en el ingenio azucarero de San Buenaventura (que se instala), es decir, allí donde se buscan datos no existen indicios de tráfico de influencias. Dicho de otro modo: el presidente Morales no habría influido, con el poder que encarna, para que la empresa china CAMC haya sido favorecida con ninguno de los contratos firmados con el Estado llamado plurinacional, y que las operaciones contractuales de esa compañía fueron legales y que nadie intercedió en su favor.

La diputada beniana, Susana Rivero, ha reiterado que a Zapata Montaño, mediante carta, se le pidió que diga qué contratos firmó con el Estado boliviano cuando ella ejercía como gerente Comercial de CAMC. Aparentemente aquella exejecutiva de la empresa china no firmó ningún contrato de ese tipo. Mientras parlamentarios oficialistas tratan de que Zapata informe en la prisión de Miraflores (en La Paz), la encausada pide hacerlo en un ambiente parlamentario; asimismo, asambleístas de la oposición informaron que visitarán a la ex ejecutiva de CAMC en el lugar de su encierro, y ésta otra vez ha dicho que espera que se le autorice declarar, ante periodistas, en una conferencia de prensa.

Está cada vez más claro que el propósito principal de la comisión parlamentaria es recoger la información que considere necesaria para salvar de toda culpa al presidente Morales. No sería la primera vez que parlamentarios oficialistas procedan de esa forma. Son muchos los ejemplos que evidencian que el único supuesto infalible es el Jefazo, en estos últimos diez años en Bolivia.

Admitimos que para esa comisión, si otra fuera su composición, sería difícil establecer de manera clara  y precisa el tráfico de influencias porque de ésta no se deja huellas, al revés, se las borra en muchos casos. Sin embargo, los funcionarios públicos que conocían las relaciones personales entre Juan Evo Morales Ayma y Gabriela Zapata Montaño, lo más probable es que no necesitaron recomendación alguna para favorecerle a esta señora en cualquiera gestión ante el gobierno actual y otras instancias estatales; más aún, ciertos funcionarios públicos hacen incluso más de lo que les piden sus jefes políticos y mucho más en favor de los más allegados al Presidente de Bolivia. También se conocen ejemplos que ilustran esta afirmación.

Los ministros, por ejemplo, con sus declaraciones que no callan como debieran, creemos, que no han aportado para un esclarecimiento del caso que comentamos. También en este caso debe resumirse la información que se tiene (reconocimiento o acopio de hechos y dichos) y continuar hasta lograr un nuevo conocimiento (descubrimiento), porque nuevo conocimiento es el resultado fundamental de toda investigación, en las distintas ramas del conocimiento. Por eso mismo se afirma que la investigación es subversiva cuando descubre un nuevo conocimiento y éste (también) es subversivo, dice René Zavaleta en uno de sus trabajos teóricos.

Francamente nos parecen ingenuos, aunque sean bien intencionados, las sugerencias de intelectuales bolivianos, cuando sugieren que el presidente Morales se “sincere”, que diga la verdad, que sea autocrítico ante los bolivianos. Incluso podría sumarse a similar lista (de incautos) el nombre del que escribe esta columna porque creía que en algún momento el Presidente o alguno de los gobernantes en su nombre daría por cerrado el caso Morales-Zapata. Quizá sea impreciso bautizarlo con esos dos apellidos la que no es una novela, sino un acontecimiento que pone a la vista, de Bolivia y del mundo, la descomposición del actual gobierno en Bolivia. Esa es una constatación que la compartimos con otros compatriotas, lo cual nos preocupa y nos ocupa, para decirlo con esas palabras que trasuntan un convencimiento antes que prejuicios.

Otro elemento que merece comentarse es que el informe de la comisión parlamentaria, que nos ocupa, no tendrá carácter vinculante, es decir, no servirá como prueba en el juicio que se le sigue a Gabriela Zapata. El razonamiento, en base a normas, es que sólo la investigación que realiza el Ministerio Público servirá para aquel juicio.

Sin embargo, el posible mensaje político —con algunas ideas— de ese informe sería lo principal. Sus autores podrían decir que en nuestro país incluso se investiga a los gobernantes (no al principal) y que así se establecería la transparencia de aquéllos.

Declaraciones de Zapata, al parecer, tratan de ayudar a que los cargos referidos al tráfico de influencias se los endilgue, principal o totalmente, al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para liberarlo de más cargos a su jefe inmediato, el presidente Morales.

Un ejemplo de la historia política reciente de nuestro país la referimos resumidamente, en un paréntesis, aunque creemos que los hechos ocurren como tragedia y se repiten como comedia, según Marx:

Un informe de una Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la Masacre de Amayapampa (1996), ordenada por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, establece responsabilidades en ese hecho luctuoso de policías, campesinos pobladores de un centro minero, trabajadores en otras actividades y otros, menos del principal: Sánchez de Lozada, el que dio la orden para la matanza del nuevo poder minero boliviano, del que él era parte; masacre que se la definió como terrorismo de Estado.

O sea que entre nosotros no sería la primera vez que el presidente Morales, sea encontrado libre de toda culpa del presunto tráfico de influencias, el que configura un delito; esa operación limpieza la realizan, ahora, “sus” parlamentarios que forman la comisión de marras.

Estamos en guardia: nosotros no esperamos que esos parlamentarios establezcan que el Presidente boliviano sea encontrado responsable de tráfico de influencias.

En base a las declaraciones de esos, también funcionarios públicos, no hay ni indicios de tráfico de influencia, según sus pesquisas, nos animamos a decir que lo más probable es que, otra vez, esa comisión tendrá como resultado de su labor el encubrimiento y más que eso: con seguridad se presentará al primer mandatario sin mancha y con un comportamiento ético a toda prueba.

Ese informe, además, irá en dirección del pedido hecho por el vicepresidente, Álvaro García Linera: habrá material para hablar bien del Presidente, todas las noches, con los hijos.

Debe saber (¿sabe?) el “académico” Vicepresidente que todos los días se habla del presidente Morales, pero se lo hace cada vez más críticamente y en más y más hogares bolivianos y más allá de nuestras fronteras. García Linera pretende un diálogo familiar mentiroso, en cambio, lo que sucede es que los bolivianos, ahora, conocemos mejor a los gobernantes. Y el caso Morales-Zapata (con Quintana de yapa), que se investiga para ocultar las culpas del presidente Morales, sirve para que ese conocimiento sea cada vez más completo.

Estamos ante caras cada vez más conocidas.

La Paz, 9 de abril de 2016.

*Periodista