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Gobernantes dicen que respetan la “democracia” y la “libertad de prensa”

De sábado a sábado 309

Remberto Cárdenas Morales*

Con similar ligereza con la que se querelló contra el periodista Ricardo Aguilar Agramont por supuesto espionaje (en favor de los chilenos) y porque en apariencia difundió secretos de Estado, el martes 5 de agosto, el Procurador General del Estado (Héctor Arce Zaconeta), ha dicho en una conferencia de prensa —por lo que se supone que no improvisó ni lo dicho ni lo hecho allí— que el gobierno respeta “a los periodistas”, a “la vida democrática”, “el estado de derecho” y “la libertad de prensa”. Ese funcionario dijo:

“La Procuraduría General del Estado no ha tenido, ni tiene, ni va a tener jamás ninguna mala intención contra algún periodista o medio de comunicación, porque nosotros respetamos y valoramos el principio fundamental de la vida democrática, de la institucionalidad republicana y del estado de derecho de un país que es la más absoluta libertad de prensa”.

El primer mandatario, cuando regresó de La Haya y tras de la publicación de la citada nota, señaló: “lo que hizo La Razón en su separata o en su periódico El Animal Político es un daño el pueblo boliviano, no es un daño al Gobierno (…) Estoy entendiendo que no solamente hay un periódico prochileno. Nuestra molestia con La Razón por el último documento que sacaron el día domingo.” 

Esa demanda, del Procurador General del Estado, ante un juez que atiende cuestiones penales muestra que al menos hasta el 5 de este mes los gobernantes y en especial el Procurador General del Estado, no respetaron ni al periodista Aguilar Agramont ni la vida democrática, ni el estado de derecho ni la libertad de prensa, como declaró hace horas.

Esa afirmación, además, corresponde a un gobernante que, apenas se publicó la nota redactada por el periodista Aguilar Agramont, del diario La Razón (“De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales”), le pidió al joven colega que colabore con el gobierno y que refiera el nombre o los nombres de su o sus fuentes informativas. Luego, el mismo Arce Zaconeta amenazó al mensajero y a pocos días de eso se conoció la denuncia y la querella contra Ricardo Aguilar Agramont y por supuesta complicidad con éste, contra la directora de ese diario, Claudia Benavente. Ese pedido de colaboración y la amenaza fue y es un ultraje al colega periodista de parte de Arce Zaconeta.

Apoyamos nuestras afirmación en lo que dijo y sobre todo en lo que hizo el Procurador: inició un juicio criminal, con respaldo en el Código Penal (una copia mal hecha del Código Penal italiano de tiempos del fascista y dictador Mussolini), al afirmar que supuestamente Aguilar Agramont cometió delito de espionaje y, presumiblemente, por haber revelado secretos del Estado. Arce solicitó, por intermedio de un juez sin competencia, que el periodista diga el nombre de su fuente informativa para lo que el “juzgador” le dio tres días, es decir, en este tiempo Aguilar A. debía convertirse en delator. Esos los elementos esenciales de la demanda criminal presentada por Arce Zaconeta que, cada vez que tiene posibilidad, recuerda que es docente de Derecho Constitucional en la UMSA.

Si el Procurador creyó que Aguilar Agramont cometió falta o delito de imprenta, debió presentar una demanda ante un Tribunal de Imprenta, por intermedio de un Juez de Partido y seguir el procedimiento que dispone la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925. Ese funcionario buscó respaldo, para su demanda, en la legislación penal y en la Ley de Imprenta a la vez. Actitud autoritaria que le impuso a jueces y fiscales.

El juez en materia penal que admitió la demanda de Arce y que empezó a tramitar el caso, se comportó como un simple operador al gusto de los gobernantes. Entre otras cosas, han dicho bien y muy bien los que opinaron que el demandado criminalmente, periodista Aguilar, no debía revelar el nombre de su fuente ante un juez incompetente y también por lo que señala el artículo 8 de la Ley de Imprenta: “El secreto en materia de imprenta es inviolable”.

Nosotros dijimos en éste y en otros espacios que los gobernantes querían conocer al “traidor”, como afirmó uno de sus escribidores. A la vez buscaron meter miedo y lo consiguieren entre los menos experimentados periodistas y comunicadores. Consiguieron darle satisfacciones al Presidente que “descubrió” que en Bolivia había dos periódicos pro chilenos: Página Siete y La Razón. De paso consiguieron que se hable menos del libro “Control remoto”, del periodista Raúl Peñaranda Undurraga en el que, básicamente creemos nosotros, el autor muestra el acuerdo de los principales gobernantes con empresarios de medios de difusión, como los del matutino La Razón de La Paz. En contrapartida, ¿algo perdieron y/o perderán los gobernantes? ¿Éstos ganarán más influencia de la que tienen en los medios de difusión? Veremos.

Dueños de medios y periodistas, en una reunión reciente en la que analizaron el proceso instaurado por el Procurador General del Estado (y por los gobernantes), varios de ellos afirmaron que ese juicio era y es político (y seguirá siendo político en un Tribunal de Imprenta). Nosotros nos permitimos una precisión: esa demanda de juicio criminal, básicamente, contra el periodista Ricardo Aguilar Agramont es el ejercicio equivocado de la política o de la politiquería, en el ámbito de la justicia ordinaria en la que, jueces y fiscales, son los operadores de esa acción política y/o politiquera.

La “transferencia” de ese indebido proceso contra Aguilar hacia el Tribunal de Imprenta de La Paz, que periodistas y dueños de medios celebramos —en coincidencia nada cómoda—, sigue y seguirá siendo una acción política antes que jurídica.

Sin embargo, los afectados no tienen otra salida que defenderse en ese proceso que atenderán juzgadores competentes, los miembros del Jurado Electoral que sean nominados por sorteo.

Frente al proceso indebido que se le seguía al colega Aguilar, los abogados suyos, contratados por la empresa La Razón, debieron presentar una acción de libertad (ex hábeas corpus), que se negaron a realizar, lo que a nosotros nos pareció y nos parece raro, para decir lo menos.

La pertinencia de la acción de libertad contra aquel proceso indebido está normada por el artículo 125 de la Constitución Política del Estado que citamos:

“Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.”

Ahora y después de la resolución de la Comisión respectiva del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tomamos nota de ella. Pero pensamos que no basta esa resolución como abandono de un proceso indebido.

El supuesto espionaje atribuido al periodista Aguilar fue una invención febril del Procurador General del Estado. Fue un ejercicio suyo como consecuencia de lo que se denomina un “celo funcionario”. Una actitud autoritaria, como la del Procurador, que inicia un juicio criminal, sin pruebas, contra el colega periodista, nada tiene que ver con el respeto a la democracia sobre la que parlotea Arce Zaconeta. Iniciar un proceso indebido, con tribunales y fiscales como facilitadores, contradice el estado de derecho con el que los gobernantes sólo se llenan la boca, pero que no lo practican como deben hacerlo. No es respeto a la libertad de prensa —lo que desmiente al abogado Arce Zaconeta—, conseguir que un juez sin jurisdicción y sin ley, dicte un plazo de tres días para que el periodista Ricardo Aguilar Agramont se convierta en delator de su fuente informativa.

El procurador, Héctor Arce Z., en la conferencia de prensa citada, dijo que los gobernantes averiguarán el o los nombres de los que informaron a Ricardo Aguilar y añadió que tienen indicios, es decir, pistas. Este detalle muestra que los gobernantes debían buscar nomás al “traidor” sin querellarse, según el Código Penal y en contra de la Ley de Imprenta, contra un periodista, al que dicen que respetan.

Además el juez que atendió el asunto sin tener ni jurisdicción ni competencia, como se dice en derecho, admitió y tramitó la demanda la que, ahora, quizá con los mismos recursos ejercidos sobre esa autoridad, deja de atender el caso, con más pena que gloria.

Y sobre el proceso de imprenta, en este espacio le concedemos la palabra a nuestro colega Ricardo Aguilar, para lo que reproducimos lo que él declaró para el diario La Razón, medio para el que trabaja:

“En el caso de que la Procuraduría hubiese creído o crea que había un delito en mi artículo, estoy convencido de que no lo hay, el tema siempre debió ser tratado en el Tribunal de Imprenta, pero celebro el fallo del Tribunal (de Justicia). Quiero añadir que tengo por seguro que mis fuentes reservadas también son inocentes de cualquier crimen”. (La Razón, del 6 de agosto de 2014, página 20).

Añadimos que para nosotros el juicio del Procurador General del Estado, contra el periodista Ricardo Aguilar Agramont, no fue ni es una tramoya, como equivocadamente afirman colegas periodistas. Asimismo, consideramos que ese juicio nunca fue contra La Razón, como casa periodística, sino contra Aguilar, como el querellado principal y, contra la directora de ese medio, Claudia Benavente, como presunta cómplice. Ninguna norma boliviana, para hablar de nosotros, dispone enjuiciar a una institución periodística, pero sí se demanda a personas. Además, ese juicio indebido, el caso que nos ocupa y preocupa, en ningún momento se extendió ni podía extenderse al medio (La Razón), así como su directora no fue enjuiciada porque ocupa ese cargo o en tanto directora, sino por presunta complicidad (personal) con Aguilar Agramont.

Celebraremos de veras cuando Ricardo Aguilar gane el juicio ante el Tribunal de Imprenta, el que ganaremos con él, y con los periodistas y ciudadanos. Entonces diremos que defendimos principios, como el secreto de la fuente informativa, y a periodistas que guardan los secretos de la profesión, como Ricardo Aguilar Agramont, con el que seguiremos solidarios como el que más y en esta su causa, nuestra causa, y a la gente que tiene derecho a informar y a ser informada, en ejercicio de los derechos a informar, comunicar, opinar e interpretar, con libertad de pensamiento y de expresión.

La Paz, 6 de agosto de 2014.

*Periodista