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Mantener secretos sobre desaparecidos asegura la impunidad de sus autores

De sábado a sábado 307

Remberto Cárdenas Morales*

Estos días los familiares y defensores de los derechos humanos, especialmente, condenan el golpe narcofascista de Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez y reclaman por los desaparecidos: otra vez, unas personas más que otras, reiteran su exigencia para que el Presidente de Bolivia, en su condición de Capital General de las Fuerzas Armadas, dicen, ordene a los uniformados que abran sus archivos secretos para encontrar a los desaparecidos.

Especialmente el Presidente, en varias ocasiones, ha dicho que no hay documentos secretos que den cuenta de los desaparecidos. Y éstos, no son sólo el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y el dirigente de una fracción trotskista, Carlos Flores Bedregal. Los que permanecen como desparecidos forzosos son muchos más y la mayoría de éstos fueron desaparecidos durante la dictadura militar y fascista de Hugo Banzer Suárez.

No debemos olvidar que la mamá de uno de los desaparecidos durante la dictadura de Banzer dijo que le dolía mucho que el dictador no hubiera informado sobre el lugar en el que estarían los restos de José Carlos Trujillo San Martín, para que la familia lo sepulte según sus respetables creencias religiosas. Lo que consiguió la mamá de Trujillo, doña Gladys Solón Romero, fue una indemnización que, se sabe, jamás compensa la vida de un joven universitario que fue detenido y desparecido en Santa Cruz de la Sierra. Como se informó, una parte del dinero que pagó el Estado boliviano fue donado por la mamá de Trujillo a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), con lo que ésta compró un inmueble en La Paz. Aquella indemnización fue dispuesta por un organismo de justicia internacional, luego de un prolongado proceso.

Otra familia, la de Esteban Ticona, también desparecido durante la dictadura banzerista, siguió un trámite similar al sostenido por la familia de Trujillo; ese trámite demora.

Los familiares de Reiner Ipsen Cárdenas, desaparecido los primeros años de la dictadura de Banzer, así como su padre, encontraron sus restos óseos después de una larga búsqueda, la que fue emprendida por ellos, con casi ningún apoyo.

Sobre el caso de los desaparecidos, el día del golpe del 17 de julio de 1980, Macelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal, hay una sentencia contra los que fueron juzgados como autores materiales del crimen. Sin embargo, las autoridades que tienen competencia mantienen sin ejecución aquella resolución porque alegan que los condenados siguen prófugos, pero tampoco se sabe que los busquen con la entereza que caso exige.

Acerca de los desaparecidos el actual vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo algo que consideramos una verdad a medias: La CIA (Agencia de Inteligencia de Estados Unidos) debe tener información sobre esos casos, afirmó. Y añadió que en los archivos militares no existe información sobre aquéllos, con lo que respaldó las declaraciones, para nosotros desafortunadas, del presidente Morales. Sin embargo, es creíble que la CIA tenga entre sus papeles esa información, porque los organismos de inteligencia criollos, como si fuera una rutina —se conoce—, entregaban copias a la CIA de interrogatorios y la información fundamental que acopiaban en tiempos de dictadura (¿ahora alguien hará algo similar?). El Presidente, en la Academia Nacional de Policías, pidió que los uniformados en ese instituto dejen de entregar información del país a organismos extranjeros.

Además, en algún archivo militar tendría que existir alguna copia sobre los desaparecidos en nuestro país. Tampoco debe descartarse que esos archivos, los principales, podrían haber sido desaparecidos o destruidos. El ex comandante del ejército boliviano, Freddy Bersati, ahora funcionario de la Embajada de Bolivia en EE.UU., luego del alzamiento de los pueblos alteño y paceño (2003), con el que tumbaron a Gonzalo Sánchez de Lozada y su gobierno, dijo a los medios de difusión que los documentos con partes sobre el movimiento de la tropa y de suboficiales, oficiales (y quizá algunos jefes) fueron quemados por lo que no era posible contar con esos datos. Ese comportamiento muestra que así se protege, aunque quizá no sea de por vida, a los autores de la matanza de más de 60 compatriotas, incluida la niña baleada y muerta, en su casa, cerca de la Escuela Ayllu de Warisata.

Respecto de los desaparecidos de todos los tiempos, de acuerdo a lo que dice y hace el presidente Morales, de él nada importante debemos esperar para esclarecer el tormento que soportan los familiares de los desaparecidos desconozcan el lugar donde yacen los restos de sus personas queridas, y admiradas por la inmensa mayoría del pueblo.

Los llamados poderes públicos tampoco ayudarán a encontrar a los desaparecidos. Y el anuncio hecho por un abogado, en representación del delincuente rematado Luis García Meza T., ni siquiera sirve esperar que se le autorice hablar sobre sus fechorías que, quizá trata de atribuir a otros que han integrado varios gobiernos, según el mismo abogado.

El ex dictador tuvo tiempo para informar sobre hechos que él debe conocer: que lo haga para lo que, creemos, no requiere autorización si se trataría de sus memorias. Y quizá más que el ex dictador, como señaló una fuente creíble, el que durante la dictadura de marras debe saber, tanto o más que los dictadores, es el que fue jefe de operaciones de las FF.AA., Rodrigo Lea Plaza, un general jubilado que vive a sus anchas en Tarija. También tendría mucho que contar Javier Hinojosa, paramilitar, “El Lince” quien, según un dirigente del PS-1 (Tejiendo Bolivia” de Erbol del 19-07-14), trabajó en la Vicepresidencia en la actual gestión de Álvaro García Linera. 

Políticos que en algún momento se ocuparon de buscar los restos óseos de los desaparecidos dicen tener pistas, nombres, incluso confesiones de presuntos autores de los desaparecimientos y, ofrecen investigar, pero tampoco avanza esa labor que tendría como una de sus metas el esclarecimiento de los crímenes denunciados.

Los antecedentes anotados nos llevan a reiterar una sugerencia: familiares de los desaparecidos y los defensores de los derechos humanos, en una labor cuando menos coordinada, deben confiar en sus propias fuerzas y seguir la investigación destinada a encontrar los restos óseos de los desparecidos y, por tanto, a los autores de esos crímenes.

Con todo respeto decimos que nos conmueve la ingenuidad de los y las que esperan que Juan Evo Morales Ayma ordene a los miliares para que descubran sus secretos que lo más probable es que oculten sobre los desaparecidos.

Nosotros lo decimos sin rodeos: el acuerdo del Presidente con los jefes militares debe alcanzar para encubrir, bajo siete llaves, las fechorías de aquéllos a cambio de lo cual apoyan  a su Capitán General.

Este Capitán General, además, dijo que los represores de toda laya y al servicio de las dictaduras, hicieron lo que se denunció, por orden superior. De ello se deduce que por esa circunstancia, los responsables o sindicados del desaparecimiento de personas, pueden pasear su impunidad por calles y caminos de la patria, porque la orden recibida es una licencia para la comisión de esos crímenes que ofenden a la humanidad. Sin embargo, la Constitución Política del Estado, artículo 110, dispone: “II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales” y “III. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior”.

Uniformados de alto rango tienen interés, asimismo, de guardar los secretos sobre desaparecidos con lo que, además, se les garantiza la impunidad, aunque hayan recibido órdenes para cometer los crímenes señalados. La nueva Constitución Política del Estado dispone que nadie se salva de un proceso, sanción y castigo por más que alegue que cumplió órdenes superiores al cometer esos delitos.

La Paz, 19 de julio de 2014.

*Periodista