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La mayoría de los medios de difusión son amigos de Evo Morales

De sábado a sábado (270)

Remberto Cárdenas Morales*

De acuerdo al presidente Morales, entre el 80 y el 85 por ciento de los medios de difusión, en nuestro país, son sus amigos. Asimismo, son 50 las radios comunitarias, compradas para los movimientos sociales, especialmente, con  dinero donado por el gobierno venezolano, según la misma fuente.

Hubo un momento en el que, sobre todo el Presidente, se convenció de que la mayoría de los medios de difusión eran los “verdaderos enemigos” suyos porque la derecha había sido derrotada, alegaban.

En ese tiempo arreciaron las agresiones a periodistas y a locales de medios, de lo que se responsabilizaba a miembros de los movimientos sociales y, en primer lugar, a militantes del MAS. Las organizaciones sindicales y/o profesionales de trabajadores de los medios nunca pudieron conversar con el Presidente ni con ministro alguno para discutir sobre las malas relaciones gobernantes-periodistas y buscar, conjuntamente, salidas, soluciones.

El Presidente dijo en una ocasión que pensaba “nacionalizar” el diario La Razón de La Paz, ahora propiedad de miembros del gobierno, de acuerdo a información que, lamentablemente, no se ha sido posible confirmar.

En otra ocasión, un medio informó de que Evo Morales se había desmayado en el Palacio Quemado, como consecuencia del trabajo intenso, agregaba la nota informativa. Fuentes palaciegas dijeron, en ese momento, que esa noticia era falsa y el gobernante pidió, al Director del medio, le avise qué periodista había escrito esa mentira, como la calificó él.

Un decreto supremo dispuso normas para el funcionamiento de las radios comunitarios. Allí se prohibió, por ejemplo, que se autorice el funcionamiento de radio alguna que solicité un párroco, que esas emisoras no debían difundir propaganda electoral y que ninguna publicidad comercial debía propagarse por esas ondas, entre otras restricciones.

Entonces, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), ante ese DS, dijo que en la comunicad debían “escucharse todas las voces”. Sin embargo, esa norma dejó de regir ante la vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.

En la Ley antirracista se introdujeron dos artículos para sancionar a medios y periodistas que incurran en faltas racistas. Esas normas fueron incorporadas sin consulta a trabajadores de los medios ni a otros sectores de la población. Sin embargo, a los gobernantes se les ocurrió que esos dos artículos eran y son imprescindibles en una ley antirracista.

En ese período, desde las posiciones de los periodistas, defendimos la necesidad de que en uno de esos dos artículos se suprima lo que, para nosotros, es una implícita censura previa. Sin embargo, los oficialistas no sólo no escucharon críticas ni sugerencias, en el Reglamento de esa Ley los encargados de su redacción (con la complicidad de algunos trabajadores de medios) instituyeron nuevas normas legales, lo que en un Reglamento no debió tener espacio. Por ejemplo, ahí se “dispone” que serán controladas las redes sociales y, en particular, las publicaciones virtuales que tienen origen boliviano. Cuando se le preguntó a un abogado, funcionario entonces del Viceministerio de Descolonización (Idón Chivi), respondió que es difícil ese control, pero que se lo hará con las principales publicaciones virtuales.

No debemos olvidar, asimismo, que en la convocatoria a elecciones de los jueces supremos, y en base a la ley electoral, se prohibió que los candidatos hagan propaganda política por los medios de difusión. Esa arbitrariedad, que contradice la Constitución Política del Estado y otras normas fue admitida, con una preocupante mansedumbre de los trabajadores de los medios, incluidas las organizaciones sindicales, profesionales, de investigadores, académicos…

De cuando en cuando el Presidente aprovechaba cualquier concentración en la que él participaba para despotricar contra los periodistas, pero a veces calla frente a lo que hacen los propietarios de los medios y los “escribidores” que, con frecuencia, “escriben” por encargo y quizá por paga; algunos de estos últimos incluso van más allá de lo que les piden sus mandantes.

Sin embargo, basta leer y/o escuchar los discursos del Presidente, de este año 2013, para entender que la relación suya con los dueños de los medios ha cambiado considerablemente. Sobre esta nueva relación ahora contamos con el dato demostrativo del porqué, en este momento, los voceros del gobierno y Evo Morales dejaron de señalar a esos medios como los únicos opositores.

Al revés, el Presidente nos informó, por medio de el diario El Deber de Santa Cruz, que entre el 80 y el 85 por ciento de los medios de difusión son amigos suyos y que son pocos los que todavía no pueden ser contados entre los políticamente afectos a los gobernantes.

Además, en un discurso, en una universidad argentina, el Presidente hizo saber que, con dinero del pueblo venezolano, en el primer mandato suyo, compraron 50 emisoras de radio, a las que en este momento se las considera comunitarias.

A pesar de que Morales ha vuelto a decir que el matutino Página Siete es “chileno”, por una fuente que merece credibilidad sabemos que algún funcionario gubernamental consiguió que un conocido periodista no asuma la dirección de ese diario. Si es verdad que hubo esa especie de bloqueo a tal nominación, no podemos dejar de pensar que las manos largas de los gobernantes se entrometen en asuntos internos de un periódico como el citado.

A más de la propiedad de los gobernantes y/o la influencia de éstos en el 80 u 85 por ciento de los medios, las “nuevas relaciones” suyas con los propietarios de los medios de difusión, podría ser una de las consecuencias del acuerdo entre Evo Morales, los empresarios grandes (criollos y transnacionales) y los medianos propietarios del campo y de las ciudades.

Los gobernantes, equivocadamente, creen que los medios de difusión son todopoderosos, en particular, cuando hacen campaña política. Sobre el papel de los medios en procesos electorales hay una coincidencia entre entendidos: esos medios influyen entre los electores, más o menos, en realidades concretas, pero están muy lejos de marcar el paso de los votantes. Más aún: un francés (punto de vista que compartimos) afirma que la publicidad comercial y la propaganda política tienen una buena dosis de mentiras. Este último criterio tendremos la posibilidad de verificar en las campañas (que ya empezaron) y con los resultados electorales de octubre de 2014.

En el camino de conseguir el control de la mayoría y/o de todos los medios —o influir en éstos— los diputados ya aprobaron un Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si ese proyecto se aprueba como fue redactado, en el Ministerio de Transparencia, con las más de 10 restricciones al ejercicio de ese derecho, tal ley será para conseguir lo contrario de las definiciones que contiene: es decir, para encubrir y no para transparentar, para dificultar e impedir el acceso a la información pública en vez de facilitar la llegada a ella. Sin embargo, como sugirió el ex Director de Página Siete, ante ese riesgo, los periodistas buscaremos información por otras vías legales y legítimas, recurriremos a otras fuentes oficiosas en vez de las oficiales.

Afirmamos, asimismo, que en este momento, en la mayoría de los medios de difusión y especialmente en los medios del Estado y del gobierno (Canal 7, Red Patria Nueva, ABI y Cambio) todos los días se impone la cesura, hay autocensura, se dicen medias verdades, se manipula y se mata a la verdad o se lo intenta.

Por ello, creemos que en todos los medios y todos los días, los trabajadores, debemos informar con veracidad, ayudar a que el pueblo se comunique, tenemos que opinar con responsabilidad y analizar con ética la noticia y el comentario.

Si ejercemos estos cuatro derechos, individuales y colectivos, que consagra la Constitución Política los periodistas ya no seremos como señala esa deplorable definición difundida en países como Ecuador: “Periodista es el que la mitad de su tiempo habla de lo que no sabe y la otra mitad de su tiempo calla lo que sabe”.

De lo que se trata es de luchar por un nuevo periodismo que sí es posible, aunque los gobernantes influyan o decidan en más del 80 por ciento de los medios de difusión bolivianos.

La Paz, 26 de octubre de 2013.

*Periodista