Artículos

Crece alianza entre gobernantes, medianos propietarios y empresarios grandes

De sábado a sábado (266)

Remberto Cárdenas Morales*

La alianza de los gobernantes, que ahora crece, es entre medianos propietarios, empresarios criollos y transnacionales. Asimismo, los inquilinos del Palacio Quemado tienen un entendimiento, también político, especialmente con iglesias evangélicas. Militares y policías, asimismo, son una fuerza de sustentación, especialmente del Presidente, más allá de lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE). Los empobrecidos, son el escalón socio-político postergado que respalda a Juan Evo Morales Ayma, los que reciben una modesta parte de las migajas de los crecidos ingresos por la venta de materias primas, sin valor agregado, entre esas el gas y los minerales.

La referida alianza de clases, sin que se lo haya advertido claramente, ocurrió para y desde la victoria electoral que encumbró al presidente Morales. Salvador Ric, ministro de Obras Públicas en el primer mandato del gobernante boliviano y ahora embajador de Bolivia en Uruguay, empresario que declaró 50 millones de dólares como patrimonio, antes de asumir ese ministerio. Entre los medianos propietarios, desde siempre, son parte de esa convergencia de intereses, los cocaleros, cuyos catos de coca son varios y no uno, de  la mayoría de ellos; los colonizadores, que acrecientan sus predios dotados gratis y en propiedad individual; los patrones, en las cooperativas mineras, que tienen como dependientes suyos a nuevos asalariados que trabajan sin seguridad industrial, sin seguro de salud, sin posibilidad de sumar antigüedad laboral; diversos sectores de comerciantes medios que con frecuencia no pagan impuestos, a pesar del tamaño creciente de sus negocios (incluidos los que venden ropa usada); los propietarios del transporte, que no trabajan personalmente sino a veces, además de que muchos de ellos se beneficiaron con la legalización de autos “chutos”; contrabandistas de diversas mercancías y, en particular, los que internan esos vehículos “chutos”, entre éstos los robados en países vecinos.

Lo más posmoderno en la industria minera es la Empresa San Cristóbal, cuyos impuestos que paga, debido a una legislación favorable para esa y otras corporaciones, son migajas con relación a sus ingresos declarados, sin que haya la seguridad de que esos sean los que factura realmente. Un dato expresa la magnitud de sus operaciones y sugiere la depredación que ocasiona: la cantidad de agua que esa compañía gasta en un día, los habitantes de El Alto gastan en un mes. Según informes de entendidos, por ello disminuyen ostensiblemente las aguas de Laguna Colorada, una de las atracciones bolivianas y rica en biodiversidad. El actual Ministro de Minería, tras de tomar posesión del cargo, declaró a los medios que una aspiración de potosinos y bolivianos es la nacionalización de la Empresa Minera San Cristóbal y que él tenía entre sus tareas buscar que el gobierno tome esa medida. Luego se calló en siete idiomas ese funcionario público, precisamente, en ese tiempo en el que los asalariados mineros, en su último congreso, ratificaron la nacionalización de esa empresa transnacional, como parte de su plataforma de lucha. El decreto supremo, prometido por el gobierno, que recuperaría para el Estado más del 70 por ciento de las pertenencias mineras, ahora concesionadas a empresarios privados, no afectará los intereses de San Cristóbal, este emporio industrial minero tiene aseguradas sus operaciones, al menos por el actual gobierno.

Un estudio de Miguel Urioste, de la Fundación Tierra, da cuenta de que sobre todo empresarios brasileños poseen un millón de hectáreas en Santa Cruz, tierras en la que preferentemente siembran soya, la que exportan especialmente a Europa, para alimentar al ganado. Esas tierras seguirán en manos de esos súbditos brasileños porque no hay política gubernamental a la vista que cuando menos frene ese acaparamiento de tierras, el que incluso preocupa a militantes de base del MAS los que, hace un tiempo, discutieron ocupar lo que llaman “latifundios de los brasileños”; pero nada de eso ocurrió ni ocurrirá, creemos.

Entre los que amplían la frontera agrícola, a costa de los bosques chaqueños, están los menonitas, cuyo aporte a la economía del país es conocido, pero a un alto costo en biodiversidad, por lo        que es difícil establecer los beneficios reales que reportan.

Los gobernantes tienen al menos un comportamiento permisivo, cuando no de alianzas de hecho, con esos grupos económicos: de brasileños y de menonitas.

Como contrapartida, colonizadores de Cuatro Cañadas y San Julián (al norte de Santa Cruz), los que siquiera en parte siguen alineados con los gobernantes, han reiterado su queja porque éstos favorecen con nuevas dotaciones de tierras agropecuarias a empresarios, en vez de hacerlo en favor de ellos, es decir, de los colonizadores.

Las nuevas alianzas de los gobernantes con los empresarios del oriente boliviano acaban de ser confesadas por el Vicepresidente. Este funcionario ha dicho que a pesar de las diferencias políticas con esos grupos sociales se entienden cuando promueven negocios. Tres ejemplos quizá basten para graficar lo dicho por el segundo mandatario:

—La importación, comercialización y utilización de productos transgénicos no están prohibidos por la Constitución Política, pese a que fueron prohibidos en el borrador de esa Ley Fundamental, y casi toda la soya que se produce actualmente en Santa Cruz es transgénica. Más aún, empresarios cruceños han dicho que para producir más alimentos se les debe autorizar los cultivos de semillas transgénicas, de maíz, entre ellas.  

—Los empresarios ganaderos han sido autorizados para exportar 60 mil o más toneladas de carne (ellos dicen que tienen mayor capacidad de exportación), porque añaden que está garantizada la venta de ese producto en el mercado interno, aunque no se tiene datos creíbles que muestren que aquí se mantiene la demanda o que si ésta aumenta. Como ocurre con otros productos, el precio de la carne vacuna (y las otras carnes) tiende a subir, como la de gallina. Además, en tres gestiones seguidas, los gobernantes han autorizado, mediante decreto supremo, la venta de caña de azúcar de Bermajo (sur de Tarija) a industriales del norte argentino, incluso en tiempos en los que hubo escasez de ese producto, con el argumento de que el Ingenio Azucarero Bermejo S.A. no tenía capacidad de molienda de toda la caña que allí se produce.

—Los viejos latifundios podrían ser consolidados con sólo “demostrar” que cumplen una función social y económica. Para ello, se sabe que los latifundistas muestran, en sus haciendas, ganado que les presta un familiar y/o un amigo. Más aún, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se estudia un proyecto de ley, que por tercera vez, intentará suspender por cinco años el saneamiento de tierras, pausa que fue sugerida en la llamada cumbre de Cochabamba de diciembre de 2011 y enero de 2012. Lo menos que ocurriría en favor de los latifundistas es que si se aprueba esa ley, disfrutarían de cinco años para explotar sin sobresaltos esas tierras, muchas de las cuales han sido dotadas a título gratuito y en propiedad personal. Además, en cinco años, los empresarios criarán ganado y/o cultivarán aunque sólo sea pastos. Asimismo, en ese lustro, con procedimientos fraudulentos conseguirán, probablemente, la división y partición de sus latifundios para que no sobrepasen las cinco mil hectáreas.

Los gobernantes, apoyados en la CPE, dicen que en Bolivia tienen igualdad de oportunidades las empresas públicas, privadas, cooperativas y mixtas. Sin embargo, salvo pocas excepciones, aquí se agigantan los intereses particulares, con frecuencia, en perjuicio de los verdaderos intereses regionales, populares y plurinacionales. Las utilidades de los banqueros, que crecieron todos los años de los dos mandatos de Evo Morales, demuestran la veracidad de lo que decimos aquí. Como remate, la ley de bancos, se aprobó con un acuerdo mediante entre esos grupos económicos y los gobernantes, aunque lo nieguen unos y otros.

Para los que dudan de las alianzas que referimos en esta nota, añadimos lo que hace horas y días han dicho dirigente de cooperativistas mineros:

—Que esos grupos económicos, es decir, los nuevos patrones y los nuevos ricos de ese sector, pedirán más parajes mineros de los que el Estado recuperará de manos de  empresarios privados (porque ante la falta de puestos de trabajo, lo que descuida el gobierno, se organizan cooperativas con el esfuerzo de los miembros de esas, en realidad, empresas capitalistas, ha dicho como refuerzo otro dirigente cooperativista minero).

—Ahora los cooperativistas, entre senadores y diputados, tienen siete representantes suyos en la ALP y que aspiran a que el Presidente les aumente esa cuota. Según ellos son más de 100 mil los afiliados a las cooperativas que votarían por Morales. Y si no se les incrementa ese número de parlamentarios se conformarían con los siete, añadieron.

Los nuevos empresarios de las llamadas cooperativas, en realidad empresas mineras (poquísimas son cooperativas), con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tuvieron un pacto similar al que mantienen ahora con el presidente Morales. Ese dato los presenta de cuerpo entero a los cooperativistas como socios políticos de ayer. Ahora quizá sus ventajas son mayores: no pagan impuestos y lo más probable es que sigan sin pagar, reciben créditos sin ninguna supervisión y casi seguro que no pagarán ni intereses ni capitales, tienen asegurado acceder a nuevos predios mineros para saquearlos y con frecuencia en lugares en los que no tienen necesidad de trabajos preparatorios para la extracción de minerales, no tienen cargas sociales. Dos ejemplos ponen en evidencia la acumulación lograda por los nuevos ricos que fungen como dirigentes de las cooperativas aunque son en verdad empresarios:

—Uno de éstos financiaba, y quizá lo sigue haciendo, al equipo de fútbol Nacional Potosí. Lo hago “por mis hermanos mineros” fue la respuesta de ese mecenas ante preguntas de periodistas.  

 —Otro patrón de las cooperativas mineras, también de Potosí, es dueño de un hotel de lujo en Santa Cruz.

Hay mucha tela por cortar. Y lo haremos, es decir, volveremos sobre las alianzas sociales y políticas de los gobernantes, de Evo Morales, las que sobre todo acrecientan los ingresos de sus integrantes y podrían asegurar una victoria electoral, por tercera vez, del actual Presidente de Bolivia, el que también es un mediano propietario.

La Paz, 21 de septiembre de 2013.

*Periodista