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Evo Morales instruyó el desbloqueo del camino La Paz-Caranavi en 2011

De sábado a sábado (261)

Remberto Cárdenas Morales*

Antes de viajar a EE.UU. instruí el desbloqueo del camino entre La Paz y Caranavi, declaró el presidente Juan Evo Morales Ayma, a su retorno al país y luego de que policías acabaron con la vida de dos estudiantes de Caranavi: Mario Fidel Hernani y David Calisaya, el 7 y 8 de mayo de 2010, y luego de que fue desarticulado el bloqueo de esa vía.

En esa ocasión, a manera de explicación y quizá tras de alguna justificación, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti Soliz, entre otras mentiras, dijo: Que en esa zona operaba un grupo político armado; que infiltrados habían disparado contra los estudiantes Hernani y Calisaya; y que las fuerzas policiales fueron enviadas al lugar del bloqueo para evitar un enfrentamiento entre los bloqueadores y cooperativistas auríferos que decidieron desbaratar la medida de fuerza de lugareños que pedían que, en Caravani, sea instalada una planta procesadora de cítricos, una promesa electoral incumplida del actual Presidente.

Nunca se investigó para confirmar o desmentir la existencia del grupo político armado del que parloteó el  ex ministro de Gobierno y ahora Embajador de Bolivia en la ONU; al revés de lo que afirmó Llorenti, se cuenta con testimonios suficientes que convencen de que los que dispararon contra los dos jóvenes caranaveños fueron policías; los datos de que se disponen muestran que los cooperativistas auríferos nunca tuvieron el propósito de enfrentarse a los bloqueadores; además, ellos se encargaron de asegurar que entre sus propósitos no hubo tal decisión.

Otra mentira de yapa del otrora Ministro de Gobierno: el estudiante Hernani herido de gravedad (tuvo muerte cerebral), era traído hacia la sede de gobierno para una cirugía para sacarle un proyectil que tenía alojado en su cabeza. En el trayecto de Caranavi hacia La Paz murió el herido y fue retornado, muerto, a su Caranavi natal. Sin embargo, por instrucciones de las autoridades y entre ellos por Llorenti, fue traído por segunda vez a La Paz, pero muerto. Sin embargo, el Ministro de Gobierno ordenó a los periodistas de su despacho que en un comunicado, que se distribuyó a los medios, se informó —en realidad se mintió— de que Hernani estaba gravemente herido y que sería sometido a una operación de urgencia.

Entre los heridos se cuenta a otro joven al que se le cortó una parte del intestino grueso, y recibió tratamiento en el Hospital de Clínicas de La Paz, con un éxito parcial. Sobrevive con las consecuencias de la herida de bala que padeció, entre otras cosas, sin haber recuperado el funcionamiento pleno de su aparato digestivo.

Entre otros, el informe de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz, encabezada por María Amparo Carvajal Baños, establece que luego de la desarticulación del bloqueo del camino La Paz-Caranavi, los policías recorrieron al menos tres kilómetros y cuando ingresaron a la ciudad de Caranavi, dispararon contra los estudiantes Hernani y Calisaya, los que integraban los grupos de pobladores de aquella capital de provincia que luchaban para que Evo Morales haga realidad su promesa electoral.

Luego de las acciones represivas, hubo una rara negociación entre el Presidente boliviano y dirigentes de los colonizadores de la región. De esas reuniones, entre otras cosas, los pobladores consiguieron el compromiso de los gobernantes para que se realice una investigación, “a fondo”, nacional e internacional, para establecer responsabilidades y, en especial, para que se descubra a los culpables de la muerte de los dos estudiantes de Caranavi y se determine el proceso y la sanción de acuerdo a las normas bolivianas.

Han pasado más de tres años y tres meses y, como informan los abogados de los familiares de los caídos en Caranavi, la investigación del Ministerio Público y de los jueces nada descubre; al revés, encubre. Encubre, por ejemplo, al ex ministro de Gobierno S. Llorenti al que, sin ser excluido expresamente de la investigación, nunca se lo citó ni siquiera para informar y menos como denunciado y querellado. Es decir, a uno de los principales responsables de la muerte Hernani y Calisaya, de los heridos que pasaban de 20, de los detenidos (también más de 20), goza de protección como Embajador boliviano nada menos que en la ONU, organismo que cuando menos, con resoluciones, defiende a veces los derechos humanos en diferentes países del mundo.

En rigor la investigación sobre el caso Caranavi, un desacierto monstruoso de los gobernantes y de Morales, no se realiza y lo que se hace es para encubrir no para descubrir.

Al comportamiento del actual Embajador boliviano en la ONU se suma lo que hizo desde el ministerio de Gobierno: persiguió con saña a los abogados Jorge Quiroz y Claudia Lecoña (esposos) que, por encargo de la APDHLP, defienden a los familiares de la víctimas de Caranavi. Por el abogado Quiroz, desde aquel Ministerio, se dijo que fue procesado por narcotráfico en Perú, país en el que nació; que seguía en una banda de traficantes de cocaína, cerca de la frontera peruana; que como policía que fue en su patria estuvo entre los represores de revolucionarios de Sendero Luminoso y del MRTA; que prostituía a su esposa… Además, policías allanaron el estudio jurídico de los dos abogados y mediante una agente, descubierta a tiempo, trataron de “sembrar” pruebas, probablemente cocaína, en ese local de abogados (edificio Asbún viejo), del que los uniformados se llevaron una computadora.

Esos cargos mentirosos contra los esposos Quiroz-Lecoña fueron creídos incluso por unos falsos defensores de los derechos humanos. Ahora se va restableciendo la verdad, también por lo que informó el detenido Boris Villegas, uno de los encargados de las maniobras sucias, ordenadas por los gobernantes, ejecutadas contra los dos abogados bolivianos: Lecoña por nacimiento y Quizoz naturalizado porque, según la vieja Constitución Política, tramitó su nacionalización sobre la base de que su esposa es compatriota nuestra.

A estos dos abogados, desde el gobierno, les siguieron juicios. Una de las consecuencias de esos procesos (parte de la represión política de este tiempo) fue un arraigo de los dos profesionales, el que ha sido suspendido después de un enojoso trámite.

En este tiempo indecoroso, presuntos delincuentes como Sacha Llorenti son premiados con cargos diplomáticos y abogados defensores de las víctimas de ese funcionario público son represaliados. Así ejercen el poder los que quieren que les creamos que ahora tenemos el Estado integral de Gramsci o el Estado plurinacional el que, para nosotros, es puro papo, como se dice, con propiedad, en lenguaje coloquial.

Un resultado luctuoso de la instrucción del presidente Morales para el desbloqueo por la fuerza del camino La Paz-Caranavi (2010), fue la muerte de Mario Fidel y David. Entonces un operador confeso fue su ministro de Gobierno, Sacha Llorenti Soliz. Sin embargo, ni éste ni el Presidente son investigados, ni lo serán, mientras sigan como inquilinos del Palacio Quemado. Pero la responsabilidad política de ambos, en el caso Caranavi, es imborrable. La historia no los absolverá.

La Paz, 17 de agosto de 2013

*Periodista