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Jefes militares bolivianos: viejos custodios del viejo Estado

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editorial

Sesenta y cuatro suboficiales y sargentos que estudiaban con beca, en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), fueron dados de baja (expulsados en lenguaje de los civiles) porque asistieron a una reunión con sus colegas en la que, ni duda cabe, discutieron y ratificaron las demandas [1](reivindicaciones) de ese estamento de baja graduación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) bolivianas, las que buscan, enmendar como ellos denominan, la discriminación y el colonialismo en la institución castrense.

La baja de suboficiales y sargentos ocurrió a pesar de que el Comandante en Jefe de las FF.AA. del país declaró, para los medios de difusión, que se respetaría a esos grupos de uniformados, que él conversaría con éstos para tomar conocimiento de sus demandas y porque ese agrupamiento tiene derechos que, agregó el jefe militar, serían respetados.

Los demandantes aseguraron que no estaban en huelga, que no se amotinarían y que esperaban que sus demandas sean atendidas aunque esos uniformados no son de un sindicato ni de una organización socio-política.

Las llamadas medidas disciplinarias de los mandos superiores en perjuicio de suboficiales y sargentos —mayoritariamente procedentes de sectores del pueblo explotado y oprimido— para nosotros nada tienen de extrañas. Ese comportamiento de los jefes que mandan y de los subalternos que obedecen (con lo que simplificamos las relaciones de los cuarteles) es propio de las viejas FF.AA. que custodiaron al viejo Estado.

Miembros de esas viejas FF.AA. son los que durante décadas, con dictaduras militares y fascistas o no, violaron los derechos humanos de los bolivianos; realidad que sin atenuantes sigue ahora, a pesar de que el Presidente, nosotros creemos equivocadamente, afirma que los cuerpos armados son anticolonialistas y antiimperialistas, desde la Batalla de Aroma (1810) contra el colonialismo español.

En este número de Aquí (No. 161) publicamos una ponencia que fue leída en un curso de Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sobre la violación de derechos humanos por efectivos de uniforme, en tanto representación del poder estatal, pero allí (en los contenidos de ese curso) nada se dice sobre la violación de los derechos humanos de suboficiales y sargentos y, por extensión, de sus familiares.

Sólo porque los derechos de los familiares, esposas en particular, de los suboficiales y sargentos han sido violentados, se encuentran movilizados y movilizadas con una huelga de hambre, como medida defensiva.

Se trata, pues, de una violación flagrante de los derechos humanos de los 64 suboficiales y sargentos.

Estudiar para profesionalizarse, en la EMI, es un derecho que ahora se amplía más, pero en las palabras, antes que en los hechos. Derecho al estudio de cada uno de los suboficiales y sargentos que, es cierto, presentaron un “pliego de peticiones”, por conducto regular…

El derecho a petición es otro derecho, consagrado por la Constitución Política del Estado boliviano que pueden ejercer todos los bolivianos y quienes vivan en nuestro país sin ser de esta tierra, menos esos 64 suboficiales y otros de ese rango, y que también integran el estamento de uniformados que es, como contrapartida, el que más relación tiene con los conscriptos, con los otros miembros de la institución castrense, como cabos, y personal de servicio.

Los derechos a la asociación y a la reunión, con fines lícitos, como es el caso de 64 suboficiales y sargentos, se les desconoce flagrantemente a todos ellos. Y la violación de los derechos a la asociación y a la reunión ocurre en las condiciones del actual proceso, para nosotros de reformas, las que pierden el contenido avanzado que sí tuvieron.

Los dados de baja de la institución castrense pierden su derecho al trabajo, legal y legítimamente ganado.

A esos uniformados, asimismo, se les niega el derecho al debido proceso, establecido en normas bolivianas y en convenios internacionales, de los que muchos (o todos) fueron refrendados en nuestro país por lo que, a la vez, son normas nuestras. Además, hasta donde estamos informados, a los 64 suboficiales y sargentos se les dio de baja sin investigación suficiente y sin proceso debido. Y si hubo alguna parodia de proceso, en él, esos uniformados no fueron escuchados.

Según la denuncia de los suboficiales y sargentos, citados aquí, a ellos tampoco se les reconoce el derecho a la salud, como sí se les reconoce a oficiales y jefes de las llamadas tres armas, y a los familiares de éstos.

Al revés, suboficiales y sargentos (incluidos sus familiares), son discriminados, con lo que violan las normas de la Ley Antirracista, vigente en este tiempo de reformas, desdibujadas ahora. Esa realidad ayuda a constatar que entre los uniformados existe la desigualdad ante la ley.

Ese grupo de quienes fueron miembros de las FF.AA. aspiran a una mejor remuneración por el trabajo que realizan y hasta sueñan con que sus ingresos no tienen que ser tan diferentes a los de oficiales y jefes de la misma institución. Los trabajadores, especialmente europeos, luchan porque se les pague igual salario por trabajo igual. ¿Esa misma consigna la pueden asumir los uniformados? Se sabe, además, que suboficiales y sargentos trabajan más que oficiales y jefes castrenses.

El colonialismo que los miembros de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos  (Ascinalss) encuentran en las FF.AA. tiene que ser extirpado, mediante la ley que, creen, deben aprobar los legisladores… Este derecho al uso de la iniciativa legislativa, mediante el procedimiento vigente, es legal y legítimo y, en consecuencia, puede ser reconocido para los uniformados. Los miembros del actual Estado plurinacional —para nosotros éste no existe en los hechos—, son y serán sometidos a prueba ante el debate y la muy difícil aprobación de ese proyecto de ley para “descolonizar” a la institución castrense.

Los derechos políticos también están consagrados para los uniformados y su ejercicio tendría que estar garantizado, especialmente en este tiempo de reformas.

Sin embargo, los derechos humanos, de los uniformados subalternos de las FF.AA., en este tiempo de reformas en Bolivia, son violados por sus jefes, es decir, por miembros de mayor jerarquía de esa institución.

Aunque no lo digan, expresamente, hay bolivianos de primera y de segunda las FF.AA. que siguen creyendo que las diferencias en aquélla deben ser superadas al viejo estilo, esto es: que se debe ejecutar ese llamado principio de la obediencia, de los mandos inferiores, de las órdenes de los superiores en grado.

Nosotros, en cambio, creemos que deben ser atendidas favorablemente las peticiones de los suboficiales y sargentos, a los que se les deben restituir sus derechos cercenados; que esas reformas deben ser impulsadas en la institución castrense, pero sin que esas reformas sean atendidas sólo a cambio de votos para el Presidente-candidato o para que éste quede bien parado ante la vista de los bolivianos.

En este tiempo de conflicto de los militares de baja graduación, sin embargo, se pone de manifiesto que el comportamiento actual, de los uniformados de nuestro país y respecto de los derechos humanos, en esencia, es el que tuvieron en el pasado reciente, cuando custodiaban el viejo Estado.

Es que las mañas de las viejas FF.AA. ahora afloran con vigor, como cuando fueron la guardia del viejo Estado. Allí, por confesión de sus efectivos, constatamos que el colonialismo, la discriminación, el abuso de poder siguen con vida. Ni más ni menos.


Las demandas de suboficiales y sargentos son:

[1]—"Desde que un militar es un subteniente tiene derecho a una habitación (cuando es destinado). Cuando ya tiene familia se le entrega una vivienda. Sin embargo, nosotros no accedemos a eso. Los suboficiales primeros o segundos que tienen amistad con algún jefe o por antigüedad reciben una vivienda”.

—"Cuando se celebra una fiesta nos piden una cuota de 200 bolivianos, por ejemplo, y de eso no vemos nada en la celebración. Ese dinero es para que los oficiales tomen whisky y coman las mejores comidas. Tienen un lugar exclusivo para ellos y nosotros estamos en otro”.

—"Cuando nos cambian de destino nos dan 250 bolivianos por cada hijo que tenemos, mientras que los jefes  tienen 600 bolivianos por cada hijo”

—“… la denuncia más fuerte que tienen es el trato que reciben en COSSMIL. Aseguraron que cuando llegan para pedir atención médica, las enfermeras o administrativos les preguntan el grado que tienen. ‘Eso no es justo. Todos somos seres humanos y merecemos un trato igual’.

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