Artículos

Sin otra policía es imposible un nuevo Estado en Bolivia

editorial

Antes de que el actual Presidente sea posesionado en el cargo, una de las propuestas que hizo un grupo de personas fue sustituir a la Policía Boliviana (PB), por una nueva y que ésta debía sumar a los efectivos de la vieja institución con una hoja de servicios que los habilite para pertenecer a una nueva policía, para un nuevo orden, y que de veras sirva a la sociedad.

Ante la inocultable crisis de la PB, incluso los neoliberales plantearon reformarla, pero nunca fueron más allá de la oferta.

Hasta donde es posible ver, nada serio se ha hecho desde el actual gobierno para reconstituir la nueva policía sugerida tantas veces y desde diferentes bloques.

Es pertinente recordar que los jefes policiales u otros operadores de menor jerarquía sustrajeron la información de la PB: miembros de ésta se llevaron consigo y/o destruyeron documentos computarizados o hurtaron los PCU, es decir, sustrajeron los discos duros de las computadoras en los que se registraban datos que la institución policial boliviana reunió. Uno de los miembros de la comisión aludida reveló esos datos a los medios.

El Presidente de Bolivia, en varias ocasiones, censuró el comportamiento de jefes policiales que informaban, antes que a los organismos de inteligencia del país, a servicios con similares tareas de Estados Unidos.

En Aquí, más de una vez hemos abordado la crisis de la Policía Boliviana y de manera invariable hemos planteado cambios esenciales; más que reformas, otra policía, como anotamos en el título de esta nota.

La actual PB, encargada de la seguridad ciudadana y con tareas de represión al narcotráfico y de toda protesta social y/o acción política del pueblo, para nosotros no debía continuar al menos sin una reforma en las condiciones vigentes.

Nos hemos apoyado especialmente en el desempeño de los efectivos policiales para sugerir una sustitución de la PB, que podría abarcar un tiempo prolongado, pero equivocadamente esperamos que la PB sería reformada cuando menos.

En una ocasión el Presidente concedió tres meses a un nuevo Comandante de la PB para que erradique la corrupción de sus filas, uno de los elementos esenciales de la crisis letal que padece esa institución.

En ese momento nos pareció, como a tantos otros bolivianos, que ese plazo concedido por Juan Evo Morales Ayma, para que el nuevo Comandante de la PB acabe con la corrupción en ésta, se trató de una ligereza, aunque entrañaba un reconocimiento de lo que debía hacerse en esa institución.

También recordamos que en la Asamblea Constituyente los gobernantes, bajo presión de los policías, les hicieron concesiones a éstos: las normas de la vieja Constitución Política del Estado boliviano se mantuvieron en lo principal y sólo se introdujeron arreglos formales y alguna que otra norma exigida por los que visten uniforme verde olivo.

Aunque los gobernantes dicen una cosa y hacen otra, cuando se trata de generar nuevas instituciones como otra policía para reemplazar a la vieja PB, a pesar de que nos cuesta, citamos algunas de las afirmaciones que otro momento hizo el actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sobre la PB, cuando se presentaba en talleres y otros, como sociólogo e investigador en ciencias sociales y otrora también asesor de un Ministro de Defensa del gobierno “constitucional” de Banzer:

“El problema más preocupante de la inseguridad ciudadana es que la policía misma forma parte de la nueva realidad criminal en el país”.

“En los últimos tiempos las demandas sindicales de la Policía se han convertido en rebeliones armadas: 35 huelgas, motines y estados de emergencia policial desde la recuperación de la democracia en 1982”.

“En democracia, el número de muertos y heridos en enfrentamientos entre fuerzas del orden y movimientos sociales ha sido hasta hoy superior al producido por la dictadura”[1].

El entonces investigador Quintana, que prefería callar su grado de capital retirado del Ejército boliviano, propone una “reforma institucional de la Policía”, similar a la que necesitan, según él, las Fuerzas Armadas del país[2].

Los gobernantes y en particular el Ministro de la Presidencia, en conocimiento de la hoja de servicios del mayor Fabricio Ormachea, cuando menos toleró que éste ejerza un cargo desde el que debió combatir la corrupción. Sin embargo, ahora ese jefe policial se encuentra preso en Miami, acusado de extorsión, acción punible que se califica como flagrante porque fue detenido, por policías estadounidenses, mientras contaba el dinero de la extorsión.

Se informó que Ormachea sería pasible de una pena de 15 años en el país del norte y se sabe aquí en La Paz también se le inició un proceso por incumplimiento de deberes y otros cargos porque, según los datos de los que se dispone (sin la confirmación que también se espera) viajó a Miami con la misión de investigar al que fue principal accionista de la empresa Aerosur, Roca, el que fue convertido como víctima por el mayor de la PB.

Antes el Gral. Sanabria, ex comandante de la PB y en el momento del posible delito presuntamente cometido por él, jefe de la unidad antinarcóticos: Centro de Investigación y Generación de Inteligencia (CIGEIN) del Ministerio de Gobierno. A ese General se le sigue un proceso por narcotráfico y, según los medios de difusión estadounidenses y bolivianos, posee información que da cuenta de vínculos de miembros del actual gobierno boliviano con acciones ilegales (narcotráfico).

A varios jefes policiales del país se les sigue procesos criminales, lo que parece confirmar el hallazgo del Ministro de la Presidencia en funciones del gobierno de Evo Morales: “… la policía misma forma parte de la nueva realidad criminal en el país”.

Los antecedentes de jefes, oficiales, clases y tropa de la PB sólo llevan al convencimiento de que esa institución del Estado requiere transformaciones radicales que podrían empezar con reformas que tendrían que impulsar los gobernantes y en primer lugar el Presidente.

Sin una PB reformada, sin otra policía, para nosotros es imposible un nuevo Estado integral, del que parlotea el vicepresidente García Linera. Es que el llamado Estado plurinacional existe sólo en el discurso y, en la práctica, también es imposible ese Estado con una PB cuyos miembros son actores de innumerables delitos en vez de que asuman la “defensa de la sociedad”[3].

En Aquí tenemos fundadas dudas de que se inicie una reforma de la PB, pero consideramos que sólo un proceso como ése, en la vía de formar una nueva policía, es lo que reclamamos, con el pueblo en la cabeza, pues, no vemos otro camino para acabar con una institución cuya crisis, que sólo la administra mal, plantea la articulación de una nueva policía sin más dilaciones, porque sin otra policía es imposible un nuevo Estado.