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“Digan lo que digan, hagan lo que hagan” seguirá en pie la ley de pensiones

editorial

“Digan lo que digan, hagan lo que hagan” los afiliados a la COB, la Ley de Pensiones seguirá sin modificaciones, ha dicho el Presidente de Bolivia (salvo las que él quiera introducir), con aires de un patrón paceño de los años 40 del siglo XX o de un capataz al servicio de tales empresarios, es decir, expresiones inapropiadas del máximo gobernante que todavía hace creer, a los que viven “desatentos”, que él representa, ahora, a los movimientos sociales y que su gobierno continúa como democrático y popular, a pesar de que cada vez se conoce más que Evo Morales tiene alianza con los medianos propietarios (cocaleros, colonizadores, cooperativitas mineros, propietarios del transporte, comerciantes más o menos pudientes e industriales medianos), grandes empresarios criollos y transnacionales, los que integran ese pacto social, económico y político, el que tiene apoyo mitad entusiasta y la otra mitad desconfiados, de militares y de policías, los únicos  en el país que se jubilan con una renta calculada en base del total de sus sueldos, lo que le cuesta a Bolivia Bs2.000.000 cada mes.

El “Digan lo que digan…” presidencial fue lanzado en medio de una huelga general indefinida sustentada parcialmente por asalariados que forman la COB y a espaldas de los bloqueos de caminos sostenidos con intermitencia lo que mide la fuerza de los afiliados al máximo sindicato boliviano.

La otra vez desafortunada frase del Presidente, asimismo, llega como parte de la represión de los gobernantes contra los huelguistas y bloqueadores. Esas medidas de fuerza por objetivos económico-sociales, las que también cobran ribetes de acción política, la que es un derecho de la gente del pueblo y cuyo ejercicio de la política debemos saludar.

La huelga en el centro minero Huanuni, tiene como propósito provocar daño económico, lo que pocos no deben entender. La pérdida allí es de $us.- 500.000 por día no trabajado, lo que lamentamos. Se dice, además, que el más importante centro de producción de estaño del país está al borde la quiebra y, por eso el Ministro de Minería anunció una nueva estructura salarial para esos trabajadores, para “salvar” a esa empresa. Y a éstos, en huelga y en bloqueos de caminos, se los responsabiliza de un probable fracaso de la nacionalización de los recursos mineros. Incluso el Presidente ha dicho que debe evaluarse la nacionalización, pero, como en otras ocasiones, se adelantó al afirmar que no conviene (a Bolivia) la recuperación de los minerales para los bolivianos, en este caso de estaño. Sólo esto último, dicho por el Presidente, creemos que persigue un doble papel: acobardar a los trabajadores huelguistas y bloqueadores, y eludir las responsabilidades en la producción de los gobernantes, aunque sólo fuera por intermedio de la Corporación Minera de Bolivia. Ésta, recordemos, sigue bajo el control de funcionarios gonistas, de acuerdo a una confidencia de un ex gerente suyo.

Contra los bloqueadores, se recuerda el derecho al libre tránsito de los otros bolivianos y, por ello, se los culpa de las pérdidas económicas. Un empresario habló de que en una semana de conflicto los exportadores habían perdido o dejado de ganar $us.- 6 millones. Los bloqueos, generalizados por los trabajadores bolivianos (incluidos los asalariados), también tienen como propósito, determinar daños económicos, como toda lucha de clases, la que se manifiesta como acciones económicas, políticas, ideológicas e incluso culturales. Como sucede en Bolivia los últimos días, para no ir más atrás.

El cierre de las escuelas y colegios públicos afecta a los niños, adolescentes y jóvenes. La pérdida de días de estudio son de difícil recuperación, mejor dicho, es imposible “recuperar el tiempo perdido”. Aunque la huelga de los docentes, urbanos y rurales, se ha definido con demora y “progresivamente”. Las direcciones sindicales del magisterio de las ciudades luego de una semana, en reunión nacional, decidieron la huelga. Esa sospechosa demora, a pesar de que en otros lugares, los educadores dejaron de trabajar, con certeza fue determinada por militantes del MAS y del PCB que influyen de la máxima organización sindical del magisterio urbano. La demanda de mejores rentas para los profesores jubilados es tan requerida por ese sector que muchos profesores esperan que mejoren esas rentas para jubilarse, lo que facilitaría el ingreso a ese servicio de profesores recientemente formados que hacen cola para acceder al trabajo porque en este momento permaneces desocupados.

Los trabajadores en salud (del ministerio del ramo y de la Caja Nacional…), están en huelga y mantienen los servicios de emergencia. Los gobernantes tratarán de conseguir el desprestigio de ese movimiento.

Campesinos de Potosí y las llamadas “bartolinas” alegan que la huelga y los bloqueos de los cobistas les perjudica y amenazan con organizar otra COB, entendemos que pretenden una central sindical, como la CSUTCB que hace lo que instruyen los gobernantes, mejor dicho aún, los gobernantes desean una organización sindical, de todos los asalariados y trabajadores por cuenta propia, que le sea obediente, sin chistar. Pero esos proponentes no deben olvidar que en Bolivia hubo varios intentos de dividir la COB pero fracasaron.

En realidad, los gobernantes apuestan a la derrota de la huelga general de la COB. Y el diálogo que se suspende a veces por cuestiones secundarias, como la demora en la llegada de los delegados al lugar de reunión, de acuerdo a los gobernantes debe ser para convencer a los gobernantes de que no deben pedir aumento alguno de las rentas porque el dinero (ahorrado por los trabajadores) se acabaría en cinco años y no en 35 años que es lo menos que deben durar esos ahorros que son devueltos, como rentas, cada mes vencido.

Militares y policías son los únicos grupos de jubilados bolivianos que reciben rentas calculadas en base al total de sus sueldos. Lo que es un privilegio que, se ha dicho, arrancó con Banzer presidente. Un senador del MAS dijo que por razones de seguridad del Estado se debe mantener lo que algunos llaman “conquista” de los uniformados.

Se mantendrán esas rentas para militares y policías porque esa es la voluntad del Presidente, en cuyos sectores se apoya con más confianza que en los movimientos sociales a pesar de que éstos están a su servicio incondicional.

Los asalariados tienen derecho a demandar incremento de sus rentas para lo que se apoyan en el ejemplo que beneficia a militares y policías. Para ese incremento, sin embargo, deben aumentar y/o establecerse aportes de los empleadores o patrones y de los gobernantes mientras son empleadores, como en empresas estatales (Comibol, YPFB, empresa de fundiciones de Vinto, Karachipampa, BoA, etc.).

Los gobernantes, no obstante, asumen actitudes muy próximas o semejantes a los patrones comunes y corrientes: el fondo solidario que pagan los asalariados, e incluso contribuyentes independientes, es repartido por ellos. Así pos gobernantes son solidarios con dinero que aportan los sectores nombrados, dijo un experto en pensiones, lo que es cierto.

Otro apunte: voceros sugieren que se dialogue para resolver el conflicto actual y que por tanto se evite la violencia porque ésta, agregan esos cándidos compatriotas entre los que se encuentran curas y obispos, no conduce a soluciones. Ese es un lamentable desconocimiento de la historia boliviana e internacional o un silencio que es como mentir. La pregunta es ¿en qué lugar del mundo o de nuestra América hubo cambios de verdad gracias a ruegos o en base a la razón? Nosotros decimos que sin lucha de clases sociales no hay cambios ciertos.

En este tiempo, de acuerdo a lo que sucede estos días, habrá diálogo sindicalistas-gobernantes porque hay movilizaciones y éstas influirán en los resultados (que evaluares en este espacio la próxima semana) aunque Evo Morales instruya que todo se haga según su frase chambona: “Digan lo que digan…” Menos mal que las cosas y la vida no se ajustan a las aspiraciones del gobernante Morales sino, reiteramos, según la lucha de clases, quiera o no quiera él.